“La baja de precios que planteó la industria farmacéutica no era para aquellos productos de mayor demanda relativa. O sea, para proteger el ingreso y poder adquisitivo de los trabajadores no nos sirve que no aumenten los precios de los productos que no se consumen.” Con estas palabras, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que todavía no se alcanzó un acuerdo con la industria farmacéutica, ya que la propuesta empresaria resultó “insuficiente” para los objetivos del Gobierno. Una de las metas de las autoridades nacionales es que las compañías del sector retrotraigan los incrementos aplicados desde diciembre, que van del 15 al 40 por ciento según cálculos de la Secretaría de Comercio. En este sentido, el Ejecutivo sólo autorizó una suba de precios del 7,5 por ciento. El segundo objetivo es que esa disminución sea lo más abarcativa posible. Según Capitanich, se incluirá a la red de farmacias compuesta por 12.000 establecimientos para perfeccionar el sistema de control de precios sobre la industria.

“No hay acuerdo en el proceso de negociación. Los precios que ellos estipulan para casi 10 mil productos no nos sirve para proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias. Entonces hemos planteado una serie de observaciones. El Estado no les aumenta el precio a las familias ni a los consumidores, los que les aumentan unilateralmente los precios a los consumidores son los comerciantes, los industriales y los proveedores”, enfatizó el jefe de Gabinete.

Desde que ocurrió la devaluación del peso, los aumentos en los medicamentos fueron del 15 hasta el 40 por ciento, cuando la canasta de “servicios médicos”, elaborada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) ya arrojaba para el año pasado un incremento de 31,5 por ciento.

Según la reciente información arrojada por el Indice de Precios al Consumidor Nacional, el rubro medicamentos fue uno de los que más aumentó durante enero. Este exhibió un incremento del 8,3 por ciento, mientras que servicios para la salud registró una suba del 4,3 por ciento. Hay que destacar que el nuevo índice no llegó a reflejar en su totalidad el corrimiento de precios luego de la devaluación del 24 de enero, por lo que los incrementos en estos rubros podrían ser mayores, como señalaron fuentes de Comercio Interior.

El pasado 12 de febrero, el Gobierno había iniciado conversaciones con la industria farmacéutica para lograr retrotraer los precios a diciembre. Desde el sector ofrecían solamente modificar el precio de 600 productos, una cantidad exigua frente a los 18.000 que se consumen en el país. La cifra de 10.000 precios también resultó “insuficiente” para el Gobierno. Los laboratorios consideraban que venían de precios atrasados y que su recomposición fue justa.

Desde comienzos de año la Secretaría de Comercio realizó 29 inspecciones en laboratorios, a partir de los cuales labró 10 actas de infracción y 25 actas de requerimiento de información. Por otro lado, a principio de mes varias asociaciones de consumidores y la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados presentaron ante la secretaría una denuncia contra 34 laboratorios medicinales “que produjeron aumentos que oscilan entre un 15 y un 50 por ciento en cinco mil medicamentos”.

“Hay sectores que pretenden maximizar sus ganancias a expensas del consumidor. Por eso nosotros desde el Estado vamos a defender a los consumidores y queremos que los consumidores nos ayuden a defenderlos”, ratificó Capitanich.

Para dotar al Estado y a los consumidores de mayores herramientas para evitar los abusos en los aumentos de precios, el senador Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para que las sanciones a fabricantes y comercios por infracciones a la Ley de Lealtad Comercial se ejecuten aun cuando estén recurridas ante la Justicia. La iniciativa estaría basada en el principio tributario de solve et repete (pague y reclame), que dispone que las multas deben ser pagadas aun cuando el comerciante haya apelado la medida (ver página 7).