[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Producción: Javier Lewkowicz

---

Anverso y reverso

Por Jorge Duarte *

La semana pasada se presentó el Proyecto de Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La normativa se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Senadores y establece un conjunto de medidas para formalizar la situación de más de un tercio de los asalariados que trabajan de forma no registrada (eufemismo utilizado para referirnos al trabajo ilegal) y para alentar la promoción del empleo. El diagnóstico parece acertado, el trabajo no registrado y la pérdida de dinamismo del mercado laboral en el último tiempo son dos de los problemas más acuciantes de esta etapa.

El tercio de trabajadores no registrados no sólo no cuenta con protección social y legal sino que, además, percibe salarios promedio que lo dejan muy cercano a la pobreza, sufre una condición de inestabilidad que le quita posibilidades de proyectarse en el tiempo y padece dificultades para acceder a la salud, la educación y la vivienda (incluso al alquiler, por no poder cubrir las condiciones que impone el desregulado y voraz mercado inmobiliario).

El año pasado el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el documento “Trabajo no registrado: avances y desafíos para una Argentina inclusiva”, dio algunas pistas para entender una parte importante de las motivaciones de la medida. El informe señalaba que, en establecimientos de hasta cinco trabajadores, el 70 por ciento de los empleados se encuentra en condición de no registrado. Este texto, debatido en el marco del Diálogo Social 2013, brinda sustento a la idea madre sostenida por el proyecto de establecer sistemas de incentivos para la formalización de lazos laborales en las microempresas.

Es en este núcleo de trabajo no registrado urbano donde el proyecto converge con las necesidades del momento y encuentra su mayor acierto. La situación de estas unidades pequeñas, de baja producción y escasa rentabilidad (lo que se medirá en base a la facturación), merece atención especial y diferenciada. No hablamos de emprendimientos con altas ganancias, sino más bien de aquellos que están vinculados con la subsistencia. Simplificación de los trámites, menores costos y mayor control consolidan una respuesta precisa.

Menos auspiciosa parece ser la mirada que exhibe el plan sobre las empresas más grandes y su actuación en el mercado. Con una perspectiva un tanto naïf del comportamiento de los privados, el éxito del proyecto en los establecimientos de mayor envergadura no dependerá tanto de los incentivos, sino que su suerte estará atada a la presencia efectiva del Estado y del impulso que se les otorgue a los controles y a la fiscalización de las irregularidades. Quienes utilizan el trabajo en negro para maximizar ganancias no cambiarán su postura de no mediar instancias punitivas concretas y palpables.

El reverso de la moneda lo encontramos en el apartado sobre la promoción de empleo. De cara a un mercado laboral que comienza a dar señales de alerta por despidos en sectores como el metalúrgico, el metalmecánico, el automotor y el del calzado, el proyecto prevé beneficios impositivos para quienes incorporen nuevo personal. Este intento de dinamizar la creación de empleos cae en una receta probada, aunque no siempre con buenos resultados.

Las reducciones de cargas patronales para apuntalar el mercado son una política de empleo ortodoxa que no suele dar frutos por sí sola e históricamente fue más beneficiosa para empleadores que para empleados. Estos beneficios impositivos que abarcan situaciones disímiles (especialmente hablando de tamaño y rentabilidad) seguramente profundizarán las diferencias preexistentes y tendrán poco impacto en el mundo de las pymes. Difícilmente se logre revertir la tendencia a la destrucción de puestos de trabajo si las fuerzas no se centran en volver a impulsar la producción y potenciar el consumo.

Por supuesto que el análisis de la letra de una legislación se basa en lo que se explicita, pero también en lo que se omite. En ese sentido, es de destacar el reconocimiento del trabajo no registrado como un grave problema del mercado laboral, pero se pone el acento sólo en el rol que juega en el sector privado, como si no existiera trabajo en negro en el Estado. Tanto en el empleo público nacional como (y fundamentalmente) en los órdenes provinciales y municipales, se observan grandes bolsones de informalidad que quedan invisibilizados en este proyecto.

El trabajo no registrado es un problema transversal del mundo laboral en su conjunto que se consolidó en los últimos 20 años. Un buen primer paso para su combate sería avanzar en registrar las fuentes de trabajo en negro y las situaciones de fraude laboral que produce el Estado, lo que seguramente redundaría en un beneficio para los trabajadores y para el propio Estado.

* Comunicador social, Universidad Nacional de Quilmes.

---

La opción por los de abajo

Por Jimena Valdez *

El lunes 14 de abril la Presidenta anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado. Diez años después del inicio del gobierno de Néstor Kirchner, el trabajo no registrado aparece como una cuenta pendiente. Seis millones de nuevos puestos de trabajo, tasa de desempleo en un dígito, crecimiento salarial, recuperación de derechos laborales y creación de nuevas instituciones (la Paritaria Nacional Docente, por ejemplo) conviven con una tasa de empleo no registrado estancada en el 33,5 por ciento desde 2010 –un número de todos modos mucho menor del 49 por ciento de 2003–.

El plan integral presentado el pasado lunes comprende una serie de medidas que combinan los incentivos a la registración con los castigos por incumplimiento. En el primer grupo están las medidas de reducción de las contribuciones patronales –tanto en forma permanente para los microempleadores (de hasta cinco trabajadores) como por dos años para los empleadores más grandes (con diferentes alícuotas según el tamaño)– y la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial para otras actividades del sector rural. En el segundo, la colocación del Ministerio de Trabajo como autoridad de fiscalización en todo el país, la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y la constitución de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular.

Las principales repercusiones de este plan fueron positivas, aunque hubo también críticas que podemos sistematizar bajo tres frases: 1.- “se acordaron tarde”; 2.- “la rebaja en las contribuciones patronales es noventista” y 3.- “era un reclamo del movimiento obrero”. Esbozamos aquí algunas consideraciones:

Respecto del punto uno, no es ésta la primera política existente contra el empleo no registrado, aunque sí la primera pensada (y ojalá también implementada) de modo integral. Desde el año 2003 hasta aquí, se fortaleció enormemente la inspección, se sancionó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (ley 25.877), se crearon los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (ley 26.377), el Régimen de Promoción y Protección del Empleo Registrado (ley 26.476) y la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares (recientemente reglamentada). Sí es cierto que es el primer plan sistémico, cosa que diferencia esta política no sólo del pasado argentino sino también de otros países latinoamericanos que han tenido diversas medidas (el Simples y una mejora en la inspección en Brasil, o la Ley que regula el Servicio Doméstico en Uruguay), pero aisladas.

Respecto de lo segundo, esta disminución de las contribuciones patronales tiene características diferentes de la aplicada en los noventa: no es permanente (excepto para el caso de los microempleadores), diferencia por tamaño de empresa (medido por cantidad de trabajadores) y no modifica los costos del despido. Con una institucionalidad laboral plenamente en funciones (con paritarias, conflictos, etc.), es muy difícil creer que un plan de estas características busque abaratar el trabajo. Por otra parte, el contraste con la década neoliberal se ve en la recuperación del ministerio como autoridad de aplicación del sistema de la inspección del trabajo y de la seguridad social, a contramano de la descentralización de aquel otro tiempo.

Respecto de lo tercero, el movimiento obrero ha sido ambivalente respecto de su preocupación por este tema. Si bien Facundo Moyano aclaró en una entrevista reciente (revista Turba, diciembre 2013) que la CGT tenía un discurso respecto del trabajo no registrado, pero no las herramientas para combatirlo; Gerónimo “el Momo” Venegas dijo (entrevista en Radio Nacional Rock, 15 de abril) que “el trabajo en negro no tiene nada que ver” con los reclamos del movimiento obrero –algo más extraño aún a la luz del casi 80 por ciento de informalidad que hay en su sector–. Es posible que los dirigentes sindicales tengan una preferencia fuerte por la formalización de los trabajadores, pero ciertamente no ha sido la primera consigna en sus banderas.

Los trabajadores no registrados son un conjunto disperso, heterogéneo y no organizado. Son los más perjudicados por la inflación, al no tener un gremio que negocie en su nombre. Son también los más proclives a entrar y salir del mercado de trabajo, sin poder insertarse de modo más o menos definitivo en un sendero de formalidad (con todos los correlatos positivos en términos de estabilidad y, por tanto, acceso a otros servicios que eso entraña). No se conocen entre sí, no se agrupan por sector de actividad. No los “necesitan” los sindicatos y tampoco los políticos –en este sentido, los efectos electorales de esta medida son menos claros que los de políticas de ingresos como la AUH–. Sin embargo, es el Gobierno –con las enormes deficiencias y disparidades de gestión y eficacia que conocemos– y no otro actor social el que más apostó y apuesta a seguir subiendo a los que más abajo están.

* Economista y politóloga (UTDT).