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A las 7 de la mañana de ayer Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto del año en curso, norma que prevé una caída del PBI del 4,9 por ciento, un déficit cercano de casi 3000 millones de pesos y una inflación del 14 por ciento. Que estas hipótesis sean bastante optimistas no significa demasiado, ya que el contenido de la iniciativa que el Senado convertirá en ley la semana próxima será modificada en el año no sólo por la suerte de la recaudación, sino por el impacto de otras leyes que recién comenzarán a redactarse en los próximos días.
En virtud de un acuerdo político con la oposición, el Justicialismo convino enviar al Parlamento varios proyectos clave por separado. Uno de ellos es el que contemplará el costo que para el Estado tiene la pesificación de deudas al abandonado tipo de cambio de la Convertibilidad, otro que habilite una reforma del Estado y, eventualmente, otro que permita ampliar el alcance de Bienes Personales con el objeto de conseguir recursos para financiar el Fondo de Incentivo Docente.
Pero para el Poder Ejecutivo es suficiente contar con un presupuesto medianamente creíble, que le permita abrir las negociaciones formales con el FMI. Los cambios que sean resultado de la suerte de la recaudación o de la sanción de otras leyes con impacto presupuestario serán, en todo caso, motivo de una discusión futura.
El texto aprobado ayer describe un escenario económico poco alentador, en el que el único motor son las exportaciones, cuyo crecimiento fue previsto en un 5 por ciento. El resto, cae dramáticamente: -6,3 por ciento el consumo, -18,5 las inversiones y -22 por ciento las importaciones, entre otros retrocesos. Los gastos corrientes disminuyen, en gran medida debido al no pago de parte de la deuda externa: se prevén más de 5000 millones de dólares para la cancelación de obligaciones contraídas con organismos multilaterales.
El Presupuesto consiguió media sanción con el aval de oficialistas, radicales y frepasistas, en cierta medida, porque recogió varias correcciones planteadas por los propios justicialistas y la oposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así, se creó un fondo para subsidiar el gas patagónico o se dispuso que los aportes previsionales sean proporcionales al salario, eliminando el tope de 4800 para tributar.
La inminente ley contiene otros puntos que bien podrían ser considerados polémicos en una época de austeridad. Uno es la continuidad del Fondo del Tabaco, subsidio de 180 millones con el que se beneficia un núcleo de provincias productoras: no sólo se mantiene sino que se le asignó una partida de 26 millones que el Tesoro debía del año anterior. Otro es la prórroga por diez años de las pensiones graciables, subsidios que suman 800 millones al año anuales, asignados discrecionalmente por los legisladores. También sobrevivieron los diferimientos impositivos en las provincias, que el Ejecutivo tenía intenciones de suspender. El costo fiscal teórico de esta iniciativa, en épocas de magra actividad industrial, está próxima a los 300 millones por año.