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A pedido de Roberto Lavagna, el Congreso analiza un proyecto de ley para bancarizar las deudas entre privados. La iniciativa apunta a blanquear la economía y cerrar canales a la evasión. Fue redactada hace más de un año por el diputado justicialista Omar Becerra, pero el respaldo del ministro lograría sacarla del cajón en que quedó guardada. La idea del proyecto es simple: las cuotas de capital e intereses de los préstamos otorgados por fuera del sistema bancario deberán pagarse en un banco oficial, para lo cual la persona física o jurídica que concedió el crédito tendrá que abrir una caja de ahorro en esa institución.
El sistema se aplicará a todo tipo de créditos pactados entre privados: hipotecarios, prendarios, mutuos y personales. Los gastos de apertura y mantenimiento de la cuenta de ahorros recaerán en el acreedor, mientras que el deudor deberá depositar allí los pagos que correspondan. Cuando lo haga, la boleta de depósito emitida por el banco le servirá como recibo. Y una vez que cancele el crédito, podrá solicitar al banco la extensión de un certificado que dé cuenta de todos los pagos, con la fecha en que fueron realizados. Ese certificado lo habilitará “a solicitar ante quien corresponda el otorgamiento de los respectivos instrumentos liberatorios”, indica el proyecto.
Otra función del banco será informar a la AFIP la apertura de cada cuenta –se necesitará una por cada crédito, por más que el financista sea el mismo– y actuará como agente de retención de impuestos. En el Palacio de Hacienda estiman que el sistema terminará con miles de operaciones en negro, trayendo para el Tesoro una recaudación de, por lo menos, 1500 millones de pesos anuales. Los cálculos más optimistas estiran esa cifra al doble.
“La presente ley será de aplicación obligatoria a todos aquellos contratos vigentes y/o pendientes de cancelación al 1º de enero de 2002”, sostiene la propuesta. Es decir, todos los préstamos quedan alcanzados, incluso aquellos concedidos antes de la devaluación y la pesificación. Ese artículo fue el que trabó la sanción de la ley hasta el momento, debido a que escribanías e inmobiliarias rechazan la pesificación. La oferta que representantes de ese sector elevaron al Congreso fue aceptar la bancarización, pero a cambio de que se respeten los “acuerdos” que hayan alcanzado con los deudores, que en la mayoría de los casos excluye la pesificación.
El diputado Becerra explicó a Página/12 que muchas escribanías e inmobiliarias siguen cobrando préstamos en dólares y con la tasa original, o de lo contrario toman los pagos “a cuenta”. La desventajosa situación en que se encuentra el deudor, siempre temeroso de que le rematen el bien adquirido, lleva a muchos a aceptar esas condiciones. El proyecto de bancarización pretende cortar con esa relación de fuerzas, señaló el legislador. La bancada oficialista escuchó el reclamo de Lavagna para que la iniciativa sea aprobada, mientras que la conducción del bloque radical manifestó estar de acuerdo.
En los fundamentos del proyecto se menciona que el objetivo principal es “promover el ordenamiento y la igualdad de condiciones en un sector, como el de los deudores hipotecarios y prendarios, que se encuentra diferenciado claramente entre aquellas operaciones de carácter bancario y otras de carácter privado”. Para conseguir que las segundas cumplan con las obligaciones tributarias “se propone la bancarización del cobro a través de bancos oficiales, nacionales y provinciales”. Becerra puntualizó que, además de las deudas hipotecarias y prendarias, se incluyeron los préstamos de mutuos y personales.