Tras un extenso debate que se extendió más allá de las cuatro horas, el Senado convirtió ayer en ley la norma que establece un marco regulatorio para las demandas de particulares y empresas contra el Estado nacional, conocida como de responsabilidad civil del Estado. Con el voto del Frente para la Victoria y sus aliados, la iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 23 en contra.

Como miembro informante del oficialismo, el senador por Santa Cruz Pablo González explicó el proyecto artículo por artículo y consideró que las críticas de la oposición a la iniciativa “no se condicen con la realidad”. “Han dicho que el oficialismo busca garantizar impunidad de funcionarios kirchneristas. Yo entiendo que les gusta aparecer en la TV y la radio, pero la ley es objetiva y directa”, afirmó. Otro de los legisladores que sostuvo la posición del oficialismo fue el chubutense Marcelo Guinle. “Los funcionarios seguirán siendo tan responsables como lo son hoy”, sostuvo. “El Estado responde de manera directa cuando lo hace por hechos propios u omisión o acción en caso de una concesión”, aclaró Guinle.

En cambio, el radical Ernesto Sanz opinó que “esta respuesta del Estado terminará lesionando al principal beneficiario, que es el ciudadano”. “Le están dando menos herramientas al ciudadano para que litigue contra el Estado”, aseguró, y agregó que “no habrá sanciones pecuniarias disuasivas contra el Estado, sino que serán meramente discursivas”.

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Jorge Garramuño, habló por el Interbloque Federal y destacó que el proyecto “no es lógico” y que “incumple con la Constitución Nacional”. “Es inadmisible que estemos tratando de darle más impunidad a los funcionarios presentes y futuros.”

El proyecto había sido aprobado a fin del pasado año por Diputados y rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas. La iniciativa indica que “la responsabilidad del Estado es objetiva y directa”, que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El proyecto señala que “se exime de responsabilidad al Estado” por “los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado por ley especial”.

También se dio media sanción en la sesión de ayer al proyecto del senador Aníbal Fernández que modifica para aplicar sanciones a los policías cuando abandonen su servicio, como sucedió en las huelgas de meses atrás.