Ningún actor quiere quedarse afuera del tramo final de la disputa entre Argentina y los fondos buitre. El juez Thomas Griesa responderá el martes los pedidos de aclaración presentados por las terceras partes afectadas por su fallo y los cuestionamientos realizados por los fondos de inversión con bonos argentinos regidos por ley inglesa. Por eso, mientras se espera el resultado de esa audiencia, las páginas de los diarios ofrecen un terreno fértil para aquellos que buscan posicionar sus intereses en el centro de la agenda. Esta vez fue el turno del lobbista Nicola Stock a través de su grupo de presión Task Force Argentina, el sello creado con financiamiento de la Asociación Bancaria Italiana para hacer propaganda contra el país cuando se lanzó la primera propuesta de canje. Con una carta publicada por el diario británico Financial Times, Stock busca sumar al debate un reclamo por 2000 millones de euros que cursa ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

La causa del lobbista italiano comenzó como una demanda que nucleaba a 168 mil bonistas italianos perjudicados por el default argentino de 2001, quienes rechazaron participar de ambas ofertas del canje en 2005 y 2010. Cuando se presentaron ante el tribunal, el listado de afectados sólo incluía nominalmente a 51 mil afectados. Al momento de presentar la documentación respaldatoria, otros 5000 quedaron en el camino por no poder demostrar su condición de acreedor. Plagada de irregularidades, sin precisión sobre la magnitud real de la deuda demandada ni sobre el momento de adquisición de los títulos, la causa que impulsa Nicola Stock desde 2006, reclamando por una deuda en default supuestamente por 2000 millones de euros de holdouts italianos, logró avanzar en el Ciadi hasta las últimas instancias.

El caso podría tener sentencia firme a mediados del año próximo. “Las demandas ya lograron importantes resultados y la decisión final estará disponible en breve. Los tenedores de bonos italianos mostraron en el Banco Mundial cómo Argentina violó el derecho internacional a través de una gestión de la deuda soberana que no debió ser permitida”, denuncia Stock en la tribuna de lectores del Financial Times, donde la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, respondió a una solicitada buitre.

No está claro que ese fallo del Ciadi tenga algún efecto real, ya que los supuestos beneficiarios tendrían que recurrir a la Justicia para que un tribunal de esa órbita pueda hacer valer esos eventuales derechos. Sin embargo, más allá de la definición que logre esa causa en el Banco Mundial, cualquier mecanismo de pago que se encuentre en la pulseada con los fondos buitre encabezados por NML Capital servirá como hoja de ruta para alcanzar un arreglo con el resto de los inversores especulativos que rechazaron participar del proceso de reestructuración de la deuda.

De todas formas, el representante de la Task Force Argentina –la hermana italiana de ATFA, el lobby financiado por los buitres que la semana pasada envió a Buenos Aires a dos representantes a conversar con políticos y periodistas– reiteró que “los bonistas italianos se mantienen abiertos a negociar como siempre, pero mientras tanto llevarán su reclamo hasta la última instancia”.

Una hipótesis barajada por fuentes del sector privado es que el juez Griesa acceda durante la audiencia del próximo martes a reponer por un breve período la medida cautelar que suspende la aplicación de sus órdenes y habilite así el pago de los bonos que vencieron el 30 de junio. Esa hipotética decisión despejaría un escenario de default y habilitaría una escueta ventana de negociación hasta el próximo vencimiento, el 30 de septiembre. Esa posibilidad no coincide con el reclamo argentino, ya que el Gobierno pretende que el stay sea extendido hasta fin de año cuando vence la cláusula RUFO.

Por su parte, el Foro de Jóvenes del G-20 sumó su respaldo a la posición argentina al emitir una declaración de repudio a las “transacciones depredatorias” de los fondos buitre y reclamaron “garantizar la sostenibilidad de los procesos de reestructuración de la deuda soberana”. El grupo emitió una declaración luego de una reunión celebrada en Sydney (Australia tiene la presidencia del G-20 este año) donde reclamó “discutir el crecimiento y la creación de empleo, la ciudadanía y movilidad global y el desarrollo sostenible”.