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La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica formalizaron ayer su denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra Monsanto por abuso de posición dominante. La presentación hizo eje en los contratos privados que la multinacional obliga a firmar a los productores, en donde se establecen quiénes deben ser los proveedores exclusivos de semillas y con qué acopios y exportadores operar. También legitima el pago de “regalías extendidas”, que impide el ejercicio del “derecho de uso propio” de la semilla. Los denunciantes reclaman una medida precautoria para que la compañía suspenda la firma de estos contratos, que ya habrían sido rubricados por 73.000 productores. Mañana podría sumarse a la denuncia la Federación Agraria.

“Todo lo que se vincula con la semilla y el germoplasma es de interés público nacional. Un país que consigue la mayoría de sus divisas de la agricultura no lo puede dejar librado al interés privado”, había manifestado el abogado Salvador Bergel durante un congreso realizado en marzo de este año en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Bergel es especialista en agrobiotecnología y propiedad intelectual y actuará como abogado patrocinante ante la denuncia en la CNDC.

La multinacional, que posee su sede central en el estado de Delaware, el paraíso fiscal de Estados Unidos, armó un sistema de comercialización a medida para introducir en el mercado local una nueva variedad de soja transgénica, llamada Intacta. “Unicamente aquellas personas físicas o jurídicas que hayan optado por participar del sistema y lo cumplan podrán sembrar soja con la tecnología Intacta y venderla a los exportadores que participen del sistema. Los exportadores evaluarán la presencia de la tecnología en el grano que reciban. Monsanto podrá evaluar la presencia de Intacta en los campos del productor, mediante inspección y toma de muestras”, sostiene el contrato presentado por Monsanto.

Los únicos semilleros autorizados para comercializar la nueva soja de Monsanto son Nidera, Asociados Don Mario SA y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la entidad vinculada con Coninagro. Esto explicaría el silencio de esta entidad gremial, que avala este nuevo sistema de comercialización a través de su cooperativa. La Sociedad Rural y CRA tampoco se pronunciaron.