El Senado tratará hoy el paquete de leyes destinadas a proteger a los usuarios y consumidores frente a los abusos de los sectores concentrados de la economía. El Frente para la Victoria (FpV) posee quórum propio, por lo que desde el bloque oficialista descartan la aprobación del paquete legislativo, aunque el debate será arduo. Los partidos de la oposición, como la UCR, el PRO, Unen y el PJ disidente, hicieron suyos los argumentos de los sectores empresarios y votarán en contra, a pesar de los cambios introducidos durante la última reunión de comisiones. El radicalismo sólo acompañará la creación del fuero de justicia para los consumidores. Ayer, el Grupo de los 6, integrado por la UIA, la Cámara de la Construcción, Comercio, Adeba, la Bolsa y la Sociedad Rural, anunció que de aprobarse la nueva ley de abastecimiento buscarán su inconstitucionalidad en la Justicia. A diferencia de la postura adoptada por los representantes del establish-ment, las pequeñas y medianas empresas convalidaron el rol del Estado para regular los abusos de posición dominante de las grandes compañías. También destacaron el nuevo esquema de mediación para la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

“Hay mucha arbitrariedad y discrecionalidad. El Gobierno se está radicalizando ante la crisis económica, yendo a un chavismo extremo”, aseguró ayer el jefe del bloque de la UCR, Gerardo Morales, a través de un comunicado y adelantó que la “nueva Ley de Abastecimiento podría ser impugnada ante la Justicia por inconstitucional”. El discurso opositor está en línea con la postura del establishment económico. Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Justicia, Presupuesto y Comercio e Industria, participaron como expositores distintos “referentes” del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), convocados por el arco opositor. El primero que realizó un planteo de inconstitucionalidad fue Máximo Fonrouge, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como El Colegito.

“Brasil, Uruguay, Chile no tienen tanta animosidad contra las empresas y tan mal no les va. Esta ley concentra decisiones en un solo funcionario, que puede determinar la vida y muerte de una empresa”, afirmó Fonrouge. Este abogado es defensor de los militares que participaron de la última dictadura cívico-militar. “Los militares, presos políticos, deberían estar en su casa. Estela de Carlotto y sus seguidores están sintiendo miedo y eso es un hecho de optimismo”, había manifestado Fonrouge durante un acto realizado el año pasado.

La oposición y los empresarios utilizaron un mismo latiguillo para cuestionar el paquete de normas: que el intervencionismo del Estado provocaría una especie de cambio en la orientación económica del país. Esta presunción esconde el sesgo ideológico de ambos sectores, reticentes al rol regulador del Estado. Muchas de las empresas que forman parte del FCE cuentan entre sus accionistas a la Anses. Lo que evitan mencionar son las altísimas tasas de rentabilidad obtenidas durante el primer semestre del año, explicada en varios casos por un fuerte componente especulativo. Como muestra, dos ejemplos: las nueve empresas del sector alimentación que cotizan en Bolsa –San Miguel S.A, Molinos Río de La Plata, Quickfood, Ledesma, Garovaglio y Zorraquin, Carlos Casado, Compañía Industrial Cervecera, Sociedad Comercial del Plata y Grupo Arcor– obtuvieron durante el primer semestre del año una rentabilidad superior al 22 por ciento en comparación con toda la ganancia obtenida durante 2013. Este incremento no puede ser justificado por ningún índice inflacionario. Y las empresas fabricantes de bienes industriales alcanzaron durante los primeros seis meses del año una rentabilidad equivalente al 90 por ciento de todas las ganancias de 2013, traccionadas por Techint y Siderar. En este caso, el efecto devaluatorio de enero no alcanza a explicar las ganancias declaradas en sus balances para los primeros seis meses del año. Durante la última reunión del Consejo del Salario, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso el ojo en la rentabilidad del sector empresario. “Cuando uno mira los números de crecimiento del salario, también sería bueno comenzar a mirar rentabilidades. Veríamos que son muy importantes”, indicó la mandataria. El nuevo marco regulatorio sobre “las relaciones de consumo y producción” establece una serie de pautas para evitar los abusos de posición dominante de muchas de las empresas que cuentan con altas tasas de rentabilidad, pero a las que les molesta la presencia del Estado.

El artículo 2 establece las distintas atribuciones que tendrá la autoridad de aplicación, que van desde la posibilidad de fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad hasta disponer la continuidad del proceso de producción y comercialización. El Poder Ejecutivo modificó la redacción para tipificar las conductas de las empresas que darían paso al ejercicio de dichas atribuciones. Por lo tanto, la autoridad de aplicación podrá actuar cuando las empresas eleven artificialmente los precios, sin correlación en el aumento de los costos; cuando acopien materias primas o productos, destruyan mercaderías, restrinjan la venta o prestación de un servicio o no entreguen comprobante ni factura de venta, entre otras tipificaciones.

La nueva norma morigera muchos de los atributos que tenía la añeja Ley de Abastecimiento. Los empresarios ya no podrán ser encarcelados. A partir de la nueva redacción, en caso de que se determine una inhabilitación específica o clausura temporaria, la autoridad de aplicación deberá obtener previamente una autorización judicial. La oposición había dicho que este proyecto “eliminaba” la Justicia y que todas las decisiones recaerían en la Secretaría de Comercio. Se eliminó, a su vez, la posibilidad de las clausuras definitivas.