El Frente para la Victoria (FpV) firmó el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2015, que prevé un crecimiento del 2,8 por ciento del PBI, un tipo de cambio promedio de 9,45 pesos por dólar y una variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional urbano del 15 por ciento. La iniciativa, que fue rechazada por todo el arco opositor, será tratada en el recinto el próximo 8 de octubre. El proyecto del Presupuesto 2015 destinará el 58,7 por ciento del total de sus recursos a los servicios sociales, es decir, seguridad social, educación y cultura, y salud, con un incremento del 25,3 por ciento en comparación con lo previsto para este año. El gasto para mejorar el nivel de ingresos de la población, donde intervienen los ministerios de Educación, Transporte, el Tesoro, Desarrollo Social, Trabajo y Planificación será de 275.601 millones de pesos, un 48 por ciento superior al crédito vigente al 31 de agosto de este año.

La Comisión de Presupuesto, a cargo de Roberto Feletti, debatió ayer el dictamen del Presupuesto. Durante la reunión, se informó una modificación a la lista de avales, al incluirse la autorización para que Aerolíneas Argentinas pueda comprar aviones por un total de 360 millones de dólares.

“El Presupuesto puede ser modificado sin ningún tipo de límite”, manifestó el macrista Federico Sturzenegger, quien explicó que el dictamen de rechazo de su bloque se funda en la necesidad de “devolverle al Congreso la potestad de decidir en qué se van a gastar los excedentes de recaudación”. La administración nacional puede redistribuir hasta el 6 por ciento del Presupuesto. Esta autorización es similar a lo que ocurre en otras jurisdicciones, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la UCR insistió en exigir la presencia de funcionarios del Ejecutivo, como el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, mientras que Miguel Bazze (UCR) advirtió sobre los “reclamos de las provincias que no están considerados en el Presupuesto”, entre los que pidió saber “cuánto hay destinado a las obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires para atender las inundaciones”.

“La política fiscal se mantendrá en una línea inclusiva, con la prioridad puesta en las asignaciones sociales. El Estado tendrá un rol sustancial y relevante”, había dicho el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, durante la presentación del Presupuesto.

La oposición suele cuestionarle al oficialismo “arbitrariedad y discrecionalidad” a la hora de distribuir recursos. Sin embargo, los datos del Presupuesto dan cuenta de otra realidad. La Ciudad de Buenos Aires recibirá el próximo año 54,01 millones de pesos para el programa Techo Digno, cuyo objetivo es reducir el déficit habitacional. Estos recursos representan un incremento de casi 800 por ciento frente a lo presupuestado para 2014 (6,03 millones). Para el desarrollo de infraestructura de saneamiento, la jurisdicción gobernada por Macri tiene previsto recursos por 1527 millones de pesos, una suba del 250 por ciento frente a lo presupuestado en 2014.

Otro ejemplo podría ser Santa Fe. Esta jurisdicción recibirá por concepto de Techo Digno, 172,8 millones de pesos, un 166 por ciento superior a lo proyectado para 2014. Por el plan Progresar, la provincia tiene asignado 176,3 millones de pesos. El Estado nacional también destinará 1760,1 millones de pesos como parte de las Asignaciones Universales para Protección Social.

Otro rubro relevante para los legisladores son las obras públicas y proyectos plurianuales, que incluyen desde la refacción de edificios que pertenecen a la jurisdicción federal, como pueden ser los ministerios, hasta obras netamente provinciales, como rutas, parques nacionales y obras hídricas. A título de ejemplo, Córdoba recibirá recursos por 1169,3 millones seguida por Santa Fe (1115,4), CABA (1728,0), Provincia de Buenos Aires (4147,3), Tucumán (392,1), Salta (458,6) y Corrientes (335,3).

El legislador Claudio Lozano (Unidad Popular) presentó un dictamen de minoría y le propuso a Feletti modificar varios artículos del Presupuesto para incorporar 61.000 trabajadores del Estado a planta permanente.

“El año que viene va a ser mejor tanto para nosotros como para nuestros socios comerciales. Por eso tendremos que tener la capacidad y los reflejos para actuar ante una realidad externa muy cambiante. El Estado tiene entre sus funciones primarias el sostenimiento de programas sociales para incentivar la demanda, el consumo interno y la industrialización, que requiere que salgamos a auxiliarlos”, sostuvo Axel Kicillof, ministro de Economía, durante su visita al Parlamento.