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Por Carlos Heller *

Desde hace largos años, sostenemos la imposibilidad de pagar la deuda pública externa en las condiciones originalmente pactadas. Más aún cuando estas condiciones se hicieron más gravosas gracias a refinanciaciones como las del denominado “megacanje”. En un determinado momento, el gobierno nacional y representantes del poder económico internacional y local habían declarado el final del “problema de la deuda”. Por nuestra parte, seguíamos insistiendo en que, pese al alivio que generaban los transitorios ingresos de capitales al país, la deuda externa seguía constituyendo un obstáculo muy significativo para lograr el desarrollo económico y social del país. La eclosión del régimen de convertibilidad puso al desnudo la verdadera carga de la deuda en relación con la capacidad de pago del país.
Considero que los lineamientos presentados por el Gobierno Nacional en Dubai para la reestructuración de la deuda externa van efectivamente en dirección a reducir significativamente el peso de los servicios de la deuda pública externa en el futuro, de modo de que los recursos que genera el país puedan dedicarse a la atención de las urgencias sociales y a atender los requerimientos de inversión imprescindibles para recuperar un proceso sostenido de crecimiento.
El concepto de que los pagos futuros por los servicios de la deuda externa deben ser compatibles con “parámetros de crecimiento sostenible, creación de empleo y reducción de la pobreza” fue incorporado por primera vez en la Carta de Intención firmada con el FMI. Esta misma posición fue sostenida en la presentación ante los acreedores privados. No puede desconocerse que el compromiso de superávit fiscal comprometido con el FMI para 2003 ya supone un enorme esfuerzo de transferencia de recursos a los acreedores.
En términos concretos, los Lineamientos de la Propuesta realizada en Dubai contienen una firme posición del gobierno argentino tanto en lo que se refiere al objetivo de reducción del stock nominal de la deuda elegible, como en el no reconocimiento de los intereses devengados desde el momento del default. El objetivo del Gobierno, a mi juicio correcto, es establecer un nuevo punto de partida que haga posible el cumplimiento de las obligaciones, sin volver a caer en nuevos procesos de reestructuración en el futuro.
No caben dudas de que se ha dado inicio a un complejo y difícil proceso de renegociación con los acreedores privados. Las presiones de los acreedores serán considerables. Por la importancia de esta problemática para el futuro del país, este proceso de reestructuración no puede quedar exclusivamente en manos del Gobierno Nacional, representantes de los acreedores y bancos de inversión coordinadores. Es imprescindible la participación de toda la sociedad y sus organizaciones representativas de modo de fortalecer la capacidad de negociación en defensa del interés nacional.

* Para Telam. Presidente de Abappra.