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Varios gerentes financieros de empresas en cesación de pagos esperaron ansiosos la propuesta a los acreedores para avanzar en su propia reestructuración bajo ese paraguas oficial. Otros tantos, sin embargo, ya se lanzaron por su cuenta a reordenar los pasivos con fórmulas que van desde la agresiva propuesta de Sideco Americana, que plantea una quita del 70 por ciento, a la recompra de sus obligaciones, algo que estaría intentando Disco con miras a depurar su cartera antes de una eventual fusión. El Gobierno prometió ante el Fondo Monetario Internacional desempeñar un “rol limitado”, amparando sólo a los “deudores pobres”.
La época de oro en que las empresas emitían obligaciones negociables a siete años de plazo y a tasas relativamente razonables (ocurrió entre 1997 y 1998) quedó definitivamente superada cuando la devaluación propició un default privado casi masivo. Desde entonces, algunas reaccionaron rápidamente y hoy están listas para firmar sus acuerdos privados extrajudiciales. Pero otras permanecen todavía inmóviles, esperando tomar como parámetro la solución que se encuentre para la deuda soberana.
Tampoco hay una estrategia única, ni siquiera similar, entre las empresas que se lanzaron a cerrar un acuerdo con sus acreedores. El grupo Macri está entre las más agresivas, que postularon una quita similar a la oficial. En este mismo grupo se encolumna Multicanal que propuso, sin éxito hasta ahora, un esquema de recortes en el capital del 40 por ciento, capitalizar parte de las acreencias entregando acciones de la empresa (que no cotiza en Bolsa), reducir los intereses al 2 por ciento anual y no reconocer los devengados después de su default, en febrero del 2002.
Casi en el otro extremo se ubicaron compañías como Telefónica o Pérez Companc, que reestructuraron sus obligaciones básicamente sobre la base de extender plazos. O Siderar, que en virtud de un acuerdo privado con los bancos se comprometió a realizar pagos escalonados en 18 meses y consiguió achicar los intereses del 6 al 4 por ciento anual.
También en la categoría de pactos “amigables” están los celebrados por Autopistas del Sol o el Banco Hipotecario, que planteó un plan de pagos a ocho años respetando capital e intereses. Loma Negra pesificó sólo parte de sus obligaciones y consiguió un descuento del 32 por ciento promedio en una porción de su deuda financiera, que canceló desembolsando 120 millones de dólares de una vez.
Estas arquitecturas diferentes tienen su lógica. “No es lo mismo una empresa exportadora, con ingresos en moneda dura, que una orientada exclusivamente al mercado interno o una privatizada, con posibilidad de mejorar su caja en el corto plazo por una suba de tarifas”, explica Daniel Ruvas, de la calificadora Moody’s. Esta diferente perspectiva del negocio también se expresa en las distintas cotizaciones que tienen hoy las obligaciones negociables: algunas están valuadas muy por encima y otras a la par y hasta por debajo de los títulos públicos defaulteados, a los que el mercado hoy le reconoce entre el 25 y 30 por ciento de su valor nominal.
No está ni en el ánimo político ni en las posibilidades fiscales del gobierno auxiliar a las empresas que tienen voluminosas deudas en dólares contraídas antes de la devaluación con un seguro de cambio o un mecanismo similar, tal como en su momento soñó –y reclamó con la discreción que pudo– la Asociación Empresaria Argentina. Pero tampoco se desentendería totalmente del problema del default privado.
En el acuerdo firmado con el FMI, la administración de Néstor Kirchner se compromete a monitorear la situación financiera de las empresas y a propiciar algunos cambios regulatorios. Entre ellos, “reformas selectivas” para asegurar que la legislación sobre quiebras apuntale los acuerdos extrajudiciales. Pero no demasiado más. Allí mismo,promete protección para “los deudores pobres”, categoría que obviamente excluye a las empresas.Con ello, aclara el texto, ya no habrá impedimento para que los acreedores avancen con ejecuciones.