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El Gobierno les propuso a los acreedores una quita del 75 por ciento de la deuda a valor nominal para salir del default. La oferta, más dura que la esperada por los inversores, incluyó el desconocimiento de los intereses devengados desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá anunció ante la Asamblea Legislativa que dejaba de pagar los compromisos financieros. Desde entonces se habían acumulado intereses por unos 14.000 millones de dólares. En un discurso de neto corte político en el marco de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial que se realiza en Dubai, Roberto Lavagna responsabilizó de la crisis a “los errores de juicio” que se realizaron durante los años ‘90, tanto en la Argentina como desde el exterior (ver aparte). La propuesta fue rechazada por distintos representantes de acreedores, lo que aventura una dura pulseada para los próximos meses. En respuesta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, destacó que se trata de una posición “realista”. “Es lo que podemos cumplir”, aseveró.
Lavagna inició su discurso de 11 carillas a las cuatro de la tarde de Dubai (9 de la Argentina). En diez minutos resaltó la actual recuperación económica y se refirió al estallido de la crisis. Dijo que los financistas no debían sorprenderse por el colapso, y enumeró distintos hechos que hacían previsible ese final traumático que no debió ser ajeno a los inversores. “Hay que enfrentar esta realidad y hacer un reparto equitativo de las pérdidas”, dijo. Más tarde, en conferencia, de prensa, aseveró que la rebaja del 75 por ciento “no admitirá modificaciones”.
Tras el lanzamiento, el gran desafío para el Gobierno radica en que más del 90 por ciento de los acreedores adhieran al plan. En Economía ya advirtieron que aquellos que no acepten “no cobrarán nada”.
Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas, fue el responsable de detallar la propuesta, valiéndose de gráficos. Incluyó los siguientes puntos.
- Una quita del 75 por ciento del stock nominal de la deuda elegible. Sobre una deuda en default de 94.302 millones de dólares, equivalente al 52,7 por ciento del total, la reestructuración alcanzará a 87.050 millones (elegible). El resto de los compromisos en cesación de pagos, con organismos oficiales y bancos comerciales, modificarán sus vencimientos sin aplicar quitas.
- La deuda en situación normal suma 84.493 millones de dólares, el 47,3 por ciento del total. Comprenden los pasivos con los organismos multinacionales, los préstamos garantizados pesificados y los Boden.
- Con la aplicación del descuento, Economía se propone bajar la deuda global de 178.795 a 113.507 millones de dólares.
- Además se desconocerán unos 14.000 millones de dólares en intereses acumulados tras la cesación de pagos.
La oferta oficial desconcertó a los financistas que, si bien esperaban una quita importante, no de la magnitud presentada. Por eso, los títulos públicos en default –como por ejemplo Globales y Brady– registraron fuertes caídas, de entre 4 y 5,5 por ciento.
La propuesta de Lavagna-Nielsen reagrupa los 152 bonos en cesación de pagos en tres nuevas familias de títulos:
- Bonos con Descuento: se les aplica una reducción del capital.
- Bonos Par: no se les impone una quita de capital pero sí, en cambio, una baja de los rendimientos y se alargan los plazos.
- Bonos Capitalizables (Bonos C): Los intereses se van capitalizando, y el inversor recibe un “premio” por no cobrarlos durante la vida del títulos. Es el más conveniente para el Gobierno ya que le alivia las presiones presupuestarias ya que se paga íntegramente al vencimiento.
- Las alternativas mencionadas arriba presentarán una posibilidad de atar el rendimiento del bono a la evolución de la economía. Economía se arroga el derecho de poner límites a la emisión de cada título, un hecho que también fue criticado por los acreedores.
Hasta ahora, el Gobierno se limitó a decir que las condiciones de los nuevos títulos (tasas, duración) se conocerán durante la ronda de negociaciones. Una versión daba cuenta anoche de que los rendimientos de los nuevos títulos rondará entre 2 y 3 por ciento. Nielsen anunció que el primer round con los inversores se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, con reuniones en Buenos Aires, Nueva York, Zurich, Milán y Tokio.
Tampoco se mencionó la posibilidad de efectuar un pago inicial “amigable” en efectivo.
Si bien el escenario elegido para la presentación del plan fue a 22 mil kilómetros de la Argentina, lo cierto es que la mayoría de los papeles a reestructurar se encuentran en poder de inversores locales. Nielsen reveló que en esa condición se encuentra el 38,4 por ciento de los títulos elegibles (33.427 millones de dólares). Incluso supuso que ese porcentaje podría ser mayor si se tomasen en cuenta a los bonos registrados en el extranjero pero que pertenecen a residentes argentinos. Además, el 20 por ciento, 17.410 millones forman parte de los activos de las AFJP. “Esto agrega complejidad al tema y lo disemina en amplias capas de la sociedad”, explicó Nielsen al auditorio.
Detrás de la Argentina, la mayor cantidad de inversores reside en Italia (15,6%); Suiza (10,3%); Estados Unidos (9,1%) y Alemania (5,1%). El secretario de Finanzas añadió que la operación también se complejiza por la enorme participación de los minoristas, que poseen el 43,5 por ciento del total de bonos.
Para llevar a cabo la operación, el Gobierno se asesorará por un pool de 12 bancos internacionales. Serán los mismos que se encargaron de colocar la deuda durante los años ‘90 ya que la nómina saldrá de un ranking de colocaciones en el pasado. A su vez, el propio Gobierno será el coordinador global del proceso. La Carta de Intención firmada con el Fondo dice que la negociación finalizaría a mediados de 2004.
La presentación dejó algunas datos llamativos.
- Si la Argentina tuviera que atender los pagos de la deuda necesitaría un superávit fiscal primario de 8,8 puntos del PBI (36.600 millones de pesos).
- El tipo de cambio real, que en la actualidad se encuentra en 2,06 pesos, caerá en 1,87 el año que viene. A 1,78 peso en el 2005; y a 1,69 en el 2006.