La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inhabilitó el acceso al mercado cambiario y a realizar giros al exterior a 30 empresas. Las compañías suspendidas pretendían pagar servicios por fletes a empresas del exterior por montos incompatibles con su situación fiscal. Se trata de maniobras por 145 millones de dólares que les permitirían sobrefacturar los pagos para así fugar divisas. La mayoría de las firmas a las que el organismo recaudador suspendió el CUIT es agente de carga, los intermediarios en las operaciones de transporte y logística. La AFIP se reservó sus nombres porque las investigaciones aún se desarrollan en sede administrativa y no fueron derivadas a la Justicia.

Desde el organismo que encabeza Ricardo Echegaray indicaron que la medida no afecta la importación de bienes, sino que recae exclusivamente sobre los prestadores tercerizados del servicio de fletes. “Sólo restringe la operatoria de las firmas a cargo de los servicios, los importadores deberán contratar a otra empresa mientras sus operadores estén inhabilitados.” Además de bloquear los pagos solicitados vía Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS) por las firmas suspendidas, desde la autoridad tributaria notificaron al Banco Central para que inicie las investigaciones correspondientes en el marco de la ley penal cambiaria. En ese caso se trata de una serie de giros de divisas ya efectuados que presentan las mismas irregularidades.

La sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones son mecanismos tradicionales para fugar divisas y eludir impuestos a escala global. Las tensiones cambiarias que emergieron en la plaza local a lo largo de los últimos dos años estuvieron acompañadas por la proliferación de esas conocidas prácticas abusivas. La semana pasada el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, apuntó contra empresas que “ejercen activamente el terrorismo económico a través de acciones de especulación sistemática”. Durante su informe bimensual desde la Cámara de Diputados, el funcionario denunció que firmas como General Electric, Maltería Pampa (productora de las cervezas Quilmes y Brahma, entre otras marcas) y Procter & Gamble estaban siendo investigadas por fugar divisas y evadir el pago de impuestos a través de la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y la manipulación de los precios de transferencia.

“No es consistente pretender girar 100 mil dólares por costos de transporte en un conjunto de tran-sacciones si la facturación anual de la empresa asciende a 500 mil dólares. Son maniobras irregulares que indican la sobrefacturación del pago de los fletes para fugar divisas”, graficó un funcionario de la AFIP a este diario al explicar el motivo de las inhabilitaciones. El bloqueo del CUIT de esas compañías impide que accedan al mercado único y libre de cambios (MULC) para realizar cualquier operación con moneda extranjera. La decisión no afecta a los importadores. La AFIP informó que el 46,5 por ciento de los fletes bajo investigación se contrató con empresas radicadas en China, en tanto que el 24 por ciento se hizo con empresas de Hong Kong y el 23,5 por ciento restante con compañías radicadas en Estados Unidos.

“Las acciones sistémicas de control sobre pagos de servicios al exterior que se desarrollan mediante el análisis de las DJAS nos permiten contar con información anticipada respecto de los servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero y aplicar las matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias”, indicó el titular de la AFIP a través de un comunicado. “El análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Unica del Comercio Exterior de la AFIP determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2662 millones de dólares”, agregó el administrador federal.

El organismo informó que mediante la utilización de la red de acuerdos internacionales con la que cuenta solicitó información a las administraciones tributarias y aduanas de los países adonde se pretendía abonar los servicios. Además, a través de la DGI, inició una inspección integral a las empresas argentinas y a sus socios y directores.