El Frente para la Victoria (FpV) en el Senado firmará hoy el dictamen de mayoría de Argentina Digital, la iniciativa que declara servicio público en competencia las comunicaciones TIC entre operadores y establece un nuevo marco regulatorio para las comunicaciones convergentes, telefonía fija y móvil, Internet y TV por cable. Luego de escuchar a las cooperativas y pymes de telecomunicaciones y a los pequeños cableoperadores, el Poder Ejecutivo aceptó incluir una serie de modificaciones con el objetivo de beneficiar a los pequeños jugadores del sector. Ayer por la noche, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, mantuvieron un encuentro con el bloque del oficialismo para explicar los cambios sugeridos. Las incorporaciones al proyecto –detalladas más abajo– incluyeron también muchas sugeridas por la oposición.

El debate en la Cámara alta comenzó con un prejuicio: que Argentina Digital era una carta en blanco para Telefónica y Telecom, ya que podrían ingresar en el mercado audiovisual. Sin embargo, el espíritu de la norma apunta a que los grandes jugadores –las telefónicas y Cablevisión– puedan abrir sus redes para que otras empresas ingresen en el mercado. Aquí radica el núcleo central de la norma.

En función del intercambio parlamentario, el Poder Ejecutivo presentará en la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que preside Liliana Fellner, los siguientes cambios:

- En relación con las cooperativas, pymes y cableoperadores, quedará explicitado que la finalidad de la ley es la defensa de estos actores. Estos actores serán mencionados como empresas claves para el desarrollo de las economías regionales.

- Para potenciar su desarrollo, el Poder Ejecutivo diseñará créditos subsidiados en base al concepto de Servicio Universal. Es decir, que se contribuirá al financiamiento de la red para estos actores.

- Uno de los aspectos más referenciados durante las audiencias públicas fue la necesidad de segmentar el mercado de los operadores para evitar las asimetrías. Por eso, quedará escrito en el proyecto que, si existiese alguna asimetría, la reglamentación deberá actuar en consecuencia.

A modo de ejemplo, el esquema podría ser que si Telefónica le paga 100 pesos a Cablevisión para ingresar a su red, ésta debería pagar 150 pesos para ingresar en la red de una cooperativa, mientras que los pequeños jugadores deberían abonar 50 pesos para poder acceder a la red. O, incluso, el costo para los operadores más pequeños podría ser cero.

- Otro de los aspectos cuestionados por los cableoperadores fue la posibilidad de que empresas como Telefónica ofrezcan televisión directa al hogar (TDH) desde sus satélites de comunicaciones, similar al servicio que ofrece DirecTV. Según la modificación del Ejecutivo, las empresas que tengan una licencia TIC no podrán ofrecer TDH.

- La neutralidad de la red es mencionada en el artículo 1 del proyecto. Para especificar su alcance, el oficialismo incluirá como un capítulo específico el contenido de un dictamen ya aprobado por la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, que definió la neutralidad como la posibilidad de “asegurarles a los usuarios de Internet el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet, sin ningún tipo de restricción ni discriminación”. Este es uno de los aspectos más combatidos por Telefónica. Su presidente global, César Alierta, sostuvo que la neutralidad era un “concepto inventado por quienes no tenían redes”.

- En cuanto a los derechos de los usuarios, serán incluidos en la norma los alcances del “reglamento del usuario” aprobado recientemente para la telefonía móvil, que ahora será extensivo, en sus principios, a todos los licenciatarios TIC.

- La norma establece que todas las comunicaciones TIC serán consideradas de “interés público”. Esto incluye la telefonía fija, móvil, Internet y las transmisiones por cable. La oposición cuestionó que la telefonía fija dejase de ser un servicio público. Por eso el Ejecutivo aclarará en el proyecto que este servicio seguirá siendo un servicio público, es decir que el Estado continuará regulando su tarifa. Por otro lado, la norma establece que las comunicaciones TIC entre empresas serán definidas como “servicios públicos en competencia”. En este sentido, el Estado podrá intervenir en la regulación de las tarifas entre operadores para que exista una real segmentación de mercado.

- Todos los operadores que en la actualidad tengan una licencia de telecomunicaciones pasarán a tener una licencia TIC, para lo cual no deberán realizar ningún trámite. Aquellos cableoperadores que también ofrecen en la actualidad servicios de telefonía, pero que están en una situación de irregularidad en cuanto a su licencia de telecomunicaciones, tendrán un plazo específico para que puedan regularizar su situación y adquirir la nueva licencia TIC.

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