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El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, dejó entrever ayer que el gobierno nacional está a punto de ceder frente al juego de pinzas de las provincias y empresas petroleras. El gobierno nacional aceptaría reemplazar las retenciones del 20 por ciento a las exportaciones de hidrocarburos por un impuesto del 8 por ciento a la producción de petróleo y gas en boca de pozo, admitió Gabrielli tras una reunión del presidente de la Nación con los gobernadores de las provincias petroleras. El martes, dos representantes petroleros, Oscar Vicente y Alejandro Bulgheroni, habían abogado en el Congreso por el impuesto a la producción en detrimento del gravamen a las exportaciones. Ayer, los gobernadores hicieron su parte. Según los especialistas, con retenciones los que cargan con el costo son las petroleras, mientras que un impuesto a la producción terminará trasladándose a los consumidores de combustibles. El ministro del Interior se cubrió preventivamente de la eventual crítica, al señalar que el Gobierno estaría dispuesto a aceptar la sustitución siempre que el resultado “sea equivalente para el Estado y no signifique, de ninguna manera, un incremento en el precio de los combustibles”.
El tema del aporte de los petroleros para compensarles a los bancos la pesificación de sus créditos viene discutiéndose desde las vísperas del Día de Reyes. Aquel día, el presidente Eduardo Duhalde definió ante sus más estrechos colaboradores los tres sectores que debían hacer un “sacrificio” para atender las urgencias de la crisis social: los bancos, los concesionarios de privatizaciones y las compañías petroleras. La ley de Emergencia que un día después envió el Ejecutivo al Congreso contempló la aplicación de retenciones a la exportación de hidrocarburos, iniciando una discusión que hasta hoy sigue en pie.
A pesar del común rechazo a las retenciones, las petroleras no plantean una sola alternativa. Repsol YPF insiste, desde el primer momento, en ofrecer un anticipo de impuesto con carácter cancelatorio del total del gravamen, para que el gobierno pueda aplicarlo de inmediato a sus necesidades de financiamiento. Otras firmas del sector, sin las facilidades de la española para acceder a créditos externos, impulsan el impuesto a la producción en reemplazo de las retenciones: es el caso de Pérez Companc, por ejemplo. De cualquier modo, Repsol también adhiere a esta alternativa si con ello bloquea las retenciones a la exportación.
A la misma postura se sumaron, entusiastas, las provincias petroleras. Neuquén, Chubut y Santa Cruz hacen punta en argumentar contra las retenciones, advirtiendo que su implementación supondría la reducción de inversiones y el riesgo de despido de personal de las petroleras en sus provincias. Así lo hicieron ayer ante Duhalde, y volverán a repetirlo hoy frente a la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Gabrielli señaló ayer que las inquietudes y propuestas de los gobernadores “fueron bien recibidas” por el presidente y serán ahora planteadas en el Congreso, dado que requieren la aprobación de una ley para poder llevarlas a la práctica.
Las retenciones reducen el precio neto que reciben las petroleras por sus exportaciones y, en consecuencia, deberían tener como efecto una baja en el precio al que venden el crudo esas mismas empresas al mercado interno (por la baja en la “paridad de exportación”). En cambio, un recargo en los costos de producción a través de un impuesto en boca de pozo se trasladaría al precio de venta del crudo a refinerías, incrementando el precio en toda la cadena hasta el precio final de los combustibles, dadas las condiciones oligopólicas del mercado. Así, mientras en el primer caso el impuesto lo pagan las petroleras, en el segundo recae sobre el consumidor final. A pesar de la advertencia de Gabrielli, es conocida la limitación del Gobierno para controlar la política de precios de las petroleras. Es evidente, en consecuencia, el porqué de la preferencia de las petroleras por un impuesto sobre la producción frente a las retenciones a la exportación.