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Por Claudio Lozano*

Hoy ingresa a Buenos Aires, procedente de Villa Constitución, la “Marcha del Acero por el Trabajo y la Producción” que, impulsada por los trabajadores metalúrgicos, ha sido rodeada por la CTA y parte significativa del Movimiento Social. Los marchantes son, en su movimiento, símbolo genuino de la desindustrialización y de la merma de más de medio millón de trabajadores (muchos de ellos hoy piqueteros), pero también expresión del hueco significado que tienen los postulados productivistas que esgrimiera el gobierno de Duhalde al comienzo de su gestión.
Habiendo decidido construir su base de apoyo en torno al denominado Grupo Productivo, integrado y conducido dominantemente por los principales grupos empresarios locales y extranjeros que lucraron y crecieron en el marco de la desindustrialización del último siglo, esta asociación ha llevado al gobierno a transformar la salida de la Convertibilidad en un nuevo proceso de transferencia de ingresos hacia la cúpula más concentrada, generador de nuevas rentas extraordinarias y sin contrapartidas expresas en términos de nivel de actividad y perfil productivo. Concretamente 139 empresas y apenas 25 Grupos empresarios han apropiado ganancias en divisas equivalentes a los 13.132 millones de dólares. Mientras tanto, las estrategias regulatorias, fiscales, comerciales y monetarias vigentes exhiben un cuadro tal que garantiza la profundización de la contracción económica y la centralización de los beneficios en actores muy puntuales de las distintas cadenas productivas. En este marco, las rentas extraordinarias aludidas convivirán con caídas mayores en los niveles de actividad (en el mejor de los casos se duplicará la caída del año 2001), con un descenso en términos reales de los salarios nunca inferior a un 25 por ciento, con una expansión de la tasa de desempleo no menor a cinco puntos lo cual ubicaría la desocupación arriba del 25 por ciento, y con no menos de 4 millones de argentinos más bajo la línea de pobreza.
Si hubiese seriedad y autonomía en la conducción de los asuntos públicos, la Marcha debiera motivar por lo menos tres reflexiones fundamentales:
1. Asumir que no puede haber desarrollo industrial y crecimiento acelerado de la economía argentina sin revalorizar el papel del mercado interno. En una Argentina con 37 millones de habitantes y casi quince millones de pobres es obvio que no habrá mercado interno sin redistribuir con justicia y por vía fiscal el ingreso existente de manera tal de impulsar el consumo popular. En este sentido, la apuesta a crecer en base a las exportaciones (criterio oficial) encuentra demasiados límites. Apenas 80 empresas concentran casi el 70 por ciento del total exportado, además representan una bajísima proporción del PBI local, y están dominantemente asociadas a la explotación de ventajas naturales lo cual redunda en el hecho de que el componente de empleo vinculado a las mismas es ciertamente bajo. Por tanto, el efecto “derrame” no existe y en tanto el consumo popular siga cayendo, el PBI no se recuperará.
2. Asumir que luego de décadas de devastación productiva no basta con devaluar para recomponer el tejido industrial. Es indispensable revisar inmediatamente la estructura arancelaria vigente afirmando otra compatible con una nueva estrategia productiva. Esto obligará a reconsiderar el papel del sector productor de bienes de capital y exigirá en lo inmediato la suspensión de la importación de bienes de consumo.
3. Asumir el papel central que debe cumplir en una estrategia productiva el instrumento del Compre Argentino. Instrumento que no debe remitirnos a la última y limitada legislación que sancionara el Parlamento Nacional (Ley 25.551), sino que significa la recuperación de viejas normas vigentes al respecto. Este hecho tiene importancia crucial en un momento donde el gobierno se apresta a comenzar la renegociación con las empresas privatizadas. Debe recordarse que las otrora empresas públicas estaban sujetas a las reglas del Compre Argentino en tanto su actividad inducía y,de hecho, regulaba casi el 40 por ciento del PBI Industrial. El instrumento en cuestión definía sobre la tecnología empleada, los bienes nacionales aptos para ser provistos, la transparencia licitatoria, la forma de hacer los proyectos para el mayor empleo de los recursos nacionales, el carácter nacional de las empresas de ingeniería, el contenido nacional de aquello que no podía hacerse por completo aquí; en suma, la ley preveía que todo lo posible se debía comprar en el mercado interno, ya que lo que se usaba para comprar era dinero de los usuarios y por tanto debía volver al mismo pueblo del cual salía. Criterios absolutamente compatibles con las normas de la OMC y que están vigentes en muchos países (USA, Unión Europea, Brasil, etc).
La historia argentina reciente es el resultado de las ganancias extraordinarias obtenidas en base a tarifas irracionales pagadas por usuarios argentinos a las empresas y servicios privatizados, y la violación expresa de estas leyes por los propietarios y concesionarios de las citadas firmas. El impacto de este comportamiento “ilegal” supone la desaparición de las condiciones para potenciar la creación tecnológica, la ingeniería y el valor agregado nacional. Definición esta que tuvo central impacto sobre la industria metalúrgica y es responsable de la destrucción de puestos de empleo y de las razones que hoy justifican la Marcha que esta ingresando a Buenos Aires.
En suma, Redistribuir el Ingreso Combatiendo la Pobreza, revisar la apertura comercial de la economía argentina y recuperar el Compre Nacional aplicándolo centralmente sobre la estructura de proveedores de las áreas privatizadas, constituyen claves para transformar en política pública y producción nacional la Marcha del Acero que hoy ingresa a esta ciudad.
* Economista de la CTA.