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Producción: Javier Lewkowicz

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Potenciar al sector

Por Diego Rossi *

De la mano del incremento general del PBI durante la última década, el sector cultural ha llegado a aportar a la economía más del 3 por ciento del Valor Agregado Bruto total, y más de 340.000 empleos, según el Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca). En este contexto, la industria audiovisual ha generado una producción sin precedentes de películas, series de ficción y documentales financiados mayoritariamente con fondos públicos, provenientes tanto de mecanismos preexistentes (concursos y subsidios Incaa) más fondos de ministerios estatales con señales propias y partidas del Ministerio de Planificación de la Nación. Además, la TV del entretenimiento mantuvo su dinamismo, fuertemente influida por la inversión publicitaria en los principales medios capitalinos, con anunciantes también oligopólicamente concentrados.

A este fondeo por publicidad del “sistema tradicional” de la TV abierta privada (y sus vinculaciones con canales del interior y señales de TV paga) cabe sumarle una parte del excedente producido por los abonos de la TV por cable. Pero como sucede a nivel mundial, acá también se percibe una creciente deriva hacia plataformas digitales y agregadores de contenidos. Las estadísticas sobre inversión publicitaria en Internet no demuestran rigurosidad, ni las empresas globales transparentan ingresos por país; sin embargo se estima que las pautas contratadas ya superan el 10 por ciento del total de inversión publicitaria local. Mientras por el lado del liberalismo político abogamos por la preservación del mayor derecho a libertad de expresión y neutralidad en la red, por otro, proponemos revisar la normativa nacional, en tensión con las naturalizadas imposiciones del librecomercio “en red”.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, con su redacción participativa y garante de nuevos derechos de las audiencias, junto a diversas políticas públicas sectoriales, buscaron enriquecer las fuentes de financiamiento. Por ello, no es una casualidad la diversificación de contenidos y el aumento de la cantidad de productoras. Pero hubo cambios desde el año 2009, cuando se sancionó la ley. El “sistema tradicional de TV abierta y de pago” perdió su exclusividad a la hora de negociar derechos de exhibición o de condicionar pantallas. Las popularizadas plataformas digitales de streaming sustituyen o eliminan intermediarios en la distribución de contenidos. Así, el sueco Vondereau advierte sobre la mutación de agregadores como YouTube hacia incubadoras de canales de TV por Internet con contenidos profesionales.

Proteger la industria audiovisual se presume como una política de Estado, más aún ante la tendencia a la desterritorialización de las emisiones. Las principales asociaciones empresarias de la TV recién ahora plantean medidas-proteccionistas-a-medida, cuando hace pocos años sólo exigían mantener fuera a las telefónicas del negocio de la televisión.

Para hacer operativa la ley 26.838, que asimila al sector audiovisual con la actividad industrial, la diputada Liliana Mazure propone un proyecto de régimen de incentivos fiscales, en sintonía con los que operan en Europa y Brasil, que han demostrado un aumento en los niveles de producción y empleo en los países que lo implementaron (Observatorio Europeo del Audiovisual, febrero 2015).

Otro proyecto de Mazure, ya con dictamen favorable de comisión, incorpora a las señales internacionales de TV paga como sujetos obligados en materia de emisión de contenidos nacionales. En Francia (también en Brasil y Argentina) se estudia el encuadre de las distribuidoras “over the top” tipo Netflix, como exhibidores a nivel nacional, y su territorialidad para ser alcanzadas por los tributos nacionales, lo que permitiría redistribuir recursos afectados para sostener los mecanismos de producción audiovisual independiente.

Los amantes del libremercado seguirán disponiendo de las capacidades instaladas en nuestro país para producir, debido al experimentado staff técnico y profesional existente, y la cantidad de estudiantes cursando en establecimientos estatales, que también son parte de una estrategia de inversión pública para la industria audiovisual argentina.

* Docente investigador U.B.A., Facultad de Ciencias Sociales @diegodrossi.

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Protección y fomento

Por Heber Martínez *

Hablar hoy de televisión abierta gratuita resulta curioso cuando más del 80 por ciento de los habitantes de Argentina pagan para ver, y cuando las generaciones de los nuevos televidentes no conocen la diferencia entre la televisión abierta y la señal que se emite a través de la TV paga. Para el negocio la cuestión es muy importante, principalmente por las diferencias regulatorias que son mucho más flexibles para las señales por las que hay que pagar, que para las abiertas gratuitas. Si bien esta regulación más exigente se basa en que estas últimas utilizan espectro radioeléctrico, hay algo esencial que es la composición de los ingresos de cada sector.

En las señales que se distribuyen en la TV paga (por ej. cable, satélite) los ingresos provienen de un fee que les abona el distribuidor y por la venta de publicidad, este último como un ingreso marginal. En la TV abierta, los ingresos provienen principalmente de la magra pauta publicitaria que existe en Argentina, producto de un mercado concentrado de anunciantes.

Mientras el país trabajó con la Ley Mariotto o de Servicios de Comunicación Audiovisual la desconcentración de medios, por otro lado se permitió la concentración de empresas anunciantes. Hoy, en el país, el 30 anunciantes privados representan el 70 por ciento de la inversión publicitaria.

Las estructuras de ingresos son bien diferentes, y a esto se suma que la audiencia se suscribe a la televisión paga para mirar canales que son gratuitos. Es decir, lo que más se mira en la televisión por cable, es lo que el distribuidor obtiene de manera gratuita... Y esta es una de las fallas o fisuras que tiene el negocio en Argentina. En Estados Unidos la penetración de la televisión paga es similar a la de nuestro país, sin embargo, las empresas de televisión por cable están obligadas a pagar a las de televisión abierta para emitir su contenido. En tanto, México, Colombia y Brasil lo están discutiendo.

El año pasado, durante la discusión de la ley Argentina Digital, tanto ATA como Capit (productoras) solicitaron que el impuesto del uno por ciento que establece la ley para el servicio universal sea destinado para la producción de obras audiovisuales. El argumento de ese pedido, es que a través de la citada norma se abren grandes “autopistas de contenidos”, y si no se protege y fomenta la producción nacional, la audiencia será captada por los contenidos extranjeros que cuentan con mercados publicitarios y políticas fiscales que los protegen. En Cataluña se aprobó recientemente un impuesto por cada conexión a Internet, y su resultante es destinado a producciones audiovisuales locales.

En nuestro país, es de destacar la labor de fomento que realizan el Ministerio de Planificación y el Incaa, que, a través de la Gerencia de Fomento, comenzaron a apoyar los start up de producciones, y se convirtieron en medidas clave para que la Ley 26.522 comience a “girar”. Pero, qué tal si las producciones propias y locales se financiaran con los ingresos provenientes de un impuesto que se cobre a la audiencia en las facturas de las empresas de TV por cable? Se generaría un círculo virtuoso en el que las audiencias locales paguen sus propias obras, den trabajo a los artistas locales, técnicos, etc.

Otro capítulo merecerían los costos laborales que las señales de TV paga extranjeras no tienen a nivel local, como tampoco tienen CUIT, como tampoco tributan impuestos, como tampoco producen en el país y, sin embargo, compiten por la misma audiencia sin límites regulatorios y venden publicidad en sus tandas que en la mayoría de los casos facturan en el exterior para evitar ingresar las divisas en Argentina... Para no hacerlo, en sus argumentaciones explican la vigencia de los convenios de protección de inversiones que firmaron sus países de origen con el nuestro en los años ‘90. Su argumentación se basa en que son nacionales para el ejercicio de los derechos. Sin embargo, cuando se les habla de obligaciones, ahí sí son extranjeros... ¿entonces?

Para tener una industria audiovisual nacional sustentable, el foco de las políticas públicas debería estar orientado a la protección y fomento de las obras audiovisuales nacionales más allá de cuál sea su plataforma de distribución y con esquemas de financiación a través de círculos virtuosos teniendo en cuenta todos los players del mercado. Como decía Marechal y en la parte que nos toca “hay una Argentina como en Navidad y crecimiento, que lucha por su destino, y que padecemos orgullosamente los que la amamos como a una hija. El porvenir de esa criatura depende de nosotros, y muy particularmente de las nuevas generaciones”.

* Vicepresidente de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas.