El Banco Central suspendió ayer por 120 días a la financiera Transcambio para actuar en el mercado de cambios, a raíz de una serie de irregularidades encontradas durante un allanamiento realizado a fines del año pasado en una de las sedes de la agencia. Durante el operativo se había hallado documentación de operaciones cuyo destino era facilitar a clientes la fuga de fondos al exterior a través de canales ilegales, explicaron fuentes oficiales. Las firmas involucradas son Transcambio, Transacciones Agente de Valores y Anker, las cuales figuraban como independientes pero respondían a un mismo grupo financiero. La suspensión, según señalaron, se resolvió como medida precautoria a los efectos de evitar la continuidad de las irregularidades observadas y en virtud de las facultades de control y supervisión del Banco Central. “Dada la gravedad de las irregularidades, el BCRA podría adoptar otras medidas”, señalaron desde el organismo.

En el país hay más de cien sociedades de Bolsa registradas, pero sólo el 5 por ciento concentra más del 80 por ciento de los negocios de contado con liquidación, mecanismo utilizado para convertir pesos a dólares a través de la compraventa de activos bursátiles en el país y el exterior. De acuerdo con estimaciones de operadores cambiarios, Transcambio llegaba a movilizar un tercio del volumen negociado en el mercado paralelo. La entidad comenzó a operar en cambios en 1981 y ocho años después amplió sus servicios a negocios bursátiles. En 2002 fue clausurada por la Justicia por sospechas de haber fugado divisas durante el corralito bancario.

En una serie de operativos impulsados por el Banco Central en octubre último, luego de que la Presidenta recriminara al organismo falta de control sobre la operatoria cambiaria ilegal, se descubrieron distintas maniobras ofrecidas por bancos y casas de cambio como servicios a sus clientes para fugar divisas al exterior. Previo a su asunción al frente del Central, Alejandro Vanoli, quien se desempeñaba entonces como titular de la Comisión de Valores, había comandado una investigación sobre cinco entidades financieras que operaban como un mercado cambiario paralelo con destino al comercio exterior e inversión, entre los que se encontraba la casa de cambio y la sociedad de Bolsa Transcambio. En febrero último, la entidad fue allanada y los reportes de ese operativo fueron remitidos a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar el origen y la licitud de los fondos.

El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, dispuso en esa oportunidad un embargo por mil millones de pesos y la suspensión de los CUIT para la entidad y sus accionistas, bajo la figura de alteración al orden económico y financiero, artículo 303 del Código Penal, que contempla prisión de tres a diez años para sus socios y multas de dos a diez veces el monto de la operación del ilícito penal. El abogado de la financiera, el ex ministro de Justicia León Arslanian, apeló la medida ante la Cámara Federal de La Plata. La entidad mantenía hasta el momento el CUIT inhabilitado, pero seguía cursando operaciones “propias”, es decir movimientos internos que no implicaban actividad comercial de la firma.

El Central decidió ayer la suspensión de la matrícula de la entidad por 120 días corridos, y de sus sociedades vinculadas Ander y Transacciones Agente de Valores. De esta manera queda inhabilitada para cualquier tipo de operación, propia o para clientes, en el mercado de cambios. También suspendió para operar bajo las mismas condiciones a sus accionistas, Jorge Armando Vattuone, Santiago Esteban Vattuone, Osvaldo Juan Ventura, Andrés Sebastián Vattuone, Lucas Pueyrredón, Gonzalo Martín Acquila Rowlands y Alfredo Fernández Aguirre.

Entre las irregularidades detectadas durante y después del allanamiento se constató la destrucción de documentación vinculada con operaciones financieras, pruebas que acreditan la vinculación de diversas sociedades de un mismo grupo que desarrollan actividades con total falta de independencia funcional y evidencias de que los accionistas y directores del grupo actuaban como facilitadores de salida de fondos desde y hacia al exterior para la cancelación de operaciones de comercio exterior, actividad que está prohibida para una casa de cambio. En la causa también sopesa la negativa de los directivos para que los inspectores de la Superintendencia accedan a un piso declarado como domicilio en el edificio donde funciona la entidad y la demora de los responsables de la sociedad para facilitar el inicio del operativo en la sede.