Los pequeños productores nucleados en la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y la Federación Agraria (FAA) están de acuerdo con la creación de un Fondo Biotecnológico para orientar las inversiones en la materia y con el registro de semillas para que el Estado pueda determinar cuánto hay de ilegal en la comercialización de este bien. Sin embargo, a partir de la última reunión entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, con los actores de la cadena, surgieron dudas entre los productores pequeños sobre la categoría de “semilla de uso propio oneroso”, que modificaría la actual legislación. Esta definición es utilizada por Monsanto en distintas partes del mundo para instalar las regalías extendidas. De ahí las dudas de los pequeños productores.

El Estado nacional intervendrá en la puja con la multinacional Monsanto y fijará, vía decreto, que las empresas no pueden establecer contratos privados para cobrar regalías por fuera de lo estipulado en la Ley de Semillas. A partir de la nueva normativa, cuya letra específica no fue definida aún, los productores abonarán con la semilla todos los conceptos biotecnológicos. De esta manera, el Gobierno buscará evitar que se imponga en el mercado la decisión comercial de la multinacional.

“Esta medida la vemos bien, es correcto querer crear un registro para controlar el uso propio y que la tecnología se pague con la compra de la Bolsa. Pero ahora dicen que van a crear la categoría de uso oneroso, que solamente será para los más grandes. Están hablando de un universo de 11.000 productores. Entendemos que Monsanto está detrás de esto, y que después, bajo otro gobierno más permisivo, vendrán por todos”, explicó a Página/12 Andrea Sarnari, representante de Fecofe en la Comisión Nacional de Semilla.

Argentina adhirió a un tratado internacional sobre semillas firmado en 1968 que define el uso propio irrestricto de este bien. En 1991, se firmó otro tratado internacional que introdujo el concepto de uso propio oneroso, que fue el mecanismo supranacional utilizado por Monsanto para cobrar regalías extendidas. Argentina nunca rubricó este tratado.

“El primer fitomejorador de la historia fue el productor. Siempre defendimos el derecho al uso propio, avanzar en límites que comiencen con nuestros representados es algo a lo que siempre nos hemos opuesto. Si hay que definir una segmentación, hay que definir primero quiénes son los grandes y no empezar por los de abajo. Vemos que a pesar del anuncio del Gobierno para regular los contratos privados de Monsanto, la multinacional está muy tranquila, y eso nos preocupa”, sostuvo David Castellano, representante de la Federación Agraria en Acsoja.

Del total de semillas de soja que circula en el país, un 15 por ciento está fiscalizado y el 85 por ciento restante es para uso propio. Sin embargo, dentro de ese porcentaje existe un incalculable número de transacciones de semillas comercializado de manera ilegal, a través de lo que se conoce como Bolsa Blanca.

Los pequeños productores ven la mano de Monsanto detrás del concepto “uso propio oneroso”. “En vez de pensar en un fuerte control para determinar quiénes son los jugadores que introducen la semilla ilegal, quieren imponer esta nueva definición”, agregó Sarnari. Las entidades que hicieron un fuerte lobby para introducir esta categoría son la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde está la empresa Don Mario, una de las primeras en convalidar los contratos de Monsanto para la soja Intacta, y la Unión de Productores de Obtentores Vegetales.

Monsanto posee a nivel mundial más de 1600 patentes en biotecnología y suministra semillas en más de 150 millones de hectáreas en todo el planeta. En Estados Unidos, el 93 por ciento de la soja transgénica pertenece a esta multinacional, que tiene su sede central en el estado de Delaware, el paraíso fiscal estadounidense. La mayoría de los “competidores” dentro del mercado mundial son licenciatarios de la tecnología de Monsanto. En el mercado local tiene presencia en casi el ciento por ciento del suministro de semillas destinadas al cultivo de soja modificada genéticamente, que actualmente alcanza al 50 por ciento de la producción total de granos del país.

A medida que Monsanto extendió su hegemonía en la agricultura mundial, también buscó imponer sus propias reglas de juego. No sólo creó una soja que rinde mejor asociada a un glifosato de su marca, cuestionado en el mundo y la Argentina por sus efectos en la salud humana, sino que ha intentado imponer reglas comerciales abusivas, bajo el concepto de regalías extendidas. Fecofe, junto a la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, la denunciaron ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por “abuso de posición dominante”. Tal presentación contó con el aval del gobierno nacional.