La Fiscalía en lo Penal Económico Nº9 que lleva adelante la investigación sobre las maniobras de fuga de divisas y evasión realizadas a través del HSBC Private Bank de Ginebra accedió al pedido de la AFIP para investigar la existencia de vínculos con el escándalo de sobornos y corrupción en la conducción de la FIFA. El fiscal Claudio Navas Rial solicitó que se libre exhorto a Estados Unidos para que los tribunales de ese país informen sobre los contratos o acuerdos en los que intervinieron los empresarios argentinos acusados en la megacausa Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis. Los requerimientos también alcanzan a las firmas Torneos y Competencias, Full Play y Datisa. Buscan determinar si, como señalaron distintos medios británicos, los implicados utilizaron cuentas en el HSBC para canalizar los fondos provenientes del pago de sobornos.

A fines de mayo, el organismo que encabeza Ricardo Echegaray denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los tres argentinos imputados en la investigación sobre las irregularidades en la comercialización de los derechos de televisación de los campeonatos organizados por la Conmebol. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a directivos de la FIFA y empresarios vinculados con el negocio por estar involucrados en un entramado de coimas y pagos ilegales de comisiones por 150 millones de dólares.

Con las denuncias en marcha los empresarios acusados se mantuvieron prófugos durante varias semanas. Burzaco de TyC finalmente se entregó a la Justicia en la ciudad italiana de Bolzano donde aguarda su extradición a Estados Unidos. Por su parte, ambos Jinkis se entregaron, solicitaron su juzgamiento en tribunales nacionales y, tras pagar fianzas millonarias, gozan de prisión domiciliaria.

La denuncia de AFIP contra los individuos y empresas señaladas en la investigación del FBI está radicada en el Juzgado Penal Económico Nº10 a cargo del magistrado Diego García Berro. Antes del comienzo de la feria judicial la fiscalía acompañó los requerimientos realizados por la autoridad tributaria y solicitó formalmente al juez la expedición de los dos exhortos internacionales y otros informes locales. Fuentes judiciales señalaron que el fiscal fundamentó su postura en la información proporcionada por AFIP y en la negativa del Juzgado Federal Nº11 a cargo de Claudio Bonadio de brindarle información sobre la causa vinculada con la extradición de los imputados.

A esos requerimientos se suman las solicitudes de información realizadas por la autoridad fiscal al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza vinculadas con las maniobras realizadas por Burzaco, los Jinkis, Torneos y Competencias, Full Play y Datisa. El objetivo es determinar si las compañías y sus propietarios utilizaron la misma plataforma que los 4040 contribuyentes argentinos con cuentas sin declarar en el HSBC Private Bank de Ginebra por 3500 millones de dólares.

En la causa principal las indagatorias a los argentinos con cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra avanzan lentamente. Si bien algunas de las personas investigadas por abrir cuentas sin declarar ya ofrecieron sus testimonios, un grupo importante de individuos citados despliegan maniobras dilatorias para demorar su declaración. Viajes al exterior y demoras en la designación de representantes legales son algunas de las herramientas defensivas para postergar la concurrencia a los tribunales. En total el fiscal Navas Rial citó a 204 titulares y responsables de las cuentas ocultadas al fisco.

En paralelo a la investigación judicial, la Corte Suprema convalidó la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Tributario que le permite a Cablevisión desestimar las convocatorias de la Comisión Bicameral, creada el año pasado para investigar maniobras de evasión y fuga de divisas. El cableoperador del Grupo Clarín es la empresa argentina con la cuenta individual más abultada en el HSBC Private Bank de Ginebra a finales de 2006. La firma se había negado a concurrir a las audiencias de la comisión y hasta cuestionó la legalidad de ese espacio. Por eso, el grupo parlamentario inició un trámite judicial para forzar su presencia y escuchar el testimonio como lo hizo con Central Térmica Güemes, Telecom, Exolgan e Instituto Massone.