La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó ayer formalmente la denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habilitar establecimientos como casas de cambio sin autorización previa del Banco Central. Como resultado de una serie de allanamientos judiciales realizados a principios de año, los inspectores de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, del Banco Central, detectaron diecisiete locales que realizaban operaciones cambiarias ilícitas y que contaban con Certificados de Habilitación de la administración porteña para operar como casa de cambio. El Central envió a mediados del mes pasado a la Procelac las pruebas y el pedido de investigación sobre los funcionarios del área que intervienen en estos permisos, entre los que se encuentra el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. La Procuraduría elevó la denuncia contra el GCBA a la Justicia en lo Penal Económico por incumplimiento reiterado en los deberes de control y sanción y solicitó que se investigue la posible complicidad de funcionarios porteños.

El 14 de agosto pasado el Central presentó a la Procelac una denuncia por la “posible participación de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en delitos de acción pública”, según reseña la Procuraduría en el texto elevado ayer, al que accedió Página/12. La autoridad monetaria detectó que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño había otorgado habilitaciones a diversos comercios para funcionar bajo la nomenclatura 604008, que corresponde a “Casa de Cambio-Agencia de Seguros”. Sólo el BCRA tiene atribución para autorizar la apertura de entidades financieras o cambiarias. La situación quedó al descubierto durante el allanamiento de un establecimiento en Cabello al 3100, en el barrio de Palermo, que se realizó el 23 de febrero pasado, donde se detectó que el local contaba con un certificado de habilitación del gobierno porteño para operar como casa de cambio. El caso se sumó a otros dieciséis que se detectaron en meses posteriores.

La Procelac consideró que “las circunstancias relatadas resultan suficientemente reveladoras de la posible comisión y/o participación de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en episodios diversos que podrían hallar significación jurídico-penal e imponen el inicio de una investigación judicial”. Desde el gobierno porteño buscaron defenderse asegurando que las habilitaciones otorgadas fueron por condiciones de Seguridad e Higiene. La presentación ante la Fiscalía en lo Penal Económico considera un delito en sí el “otorgamiento de la habilitación y su potencial aptitud legitimante” y la “indiferencia deliberada en relación con el fenómeno criminal de índole económica (la actual fuga de capitales)”. Según explicó a este diario el titular de la Procelac, Carlos Gonella, “son situaciones que no podrían pasar por alto los inspectores porteños, en el marco de la actual lucha contra la operatoria ilegal que se está llevando a cabo”.

La problemática de las denominadas cuevas financieras cobró una importante visibilidad en el último tiempo, producto de la tarea conjunta de los organismos públicos y con el objetivo de detectar e implementar herramientas legales tendientes a combatir estos fenómenos criminales, según señala la presentación. Bajo esta lógica, es que se considera que “corresponde investigar y analizar con profundidad la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes respecto de la actuación de los funcionarios” por conceder la habilitación como casas de cambio a dichos locales. “Resulta innegable a esta altura el conocimiento sobre la situación descripta por parte de los funcionarios”, agrega la presentación.

La denuncia lleva la firma de Gonella, junto a las de Néstor García Paradiso, fiscal ad hoc a cargo del Area de Fraudes Económicos y Bancarios, y Milton Khaski, fiscal ad hoc de Area de Delitos Contra la Administración Pública. La Fiscalía deberá ahora definir si cuenta con los elementos necesarios para dictar la denuncia penal y pedir la indagatoria de los funcionarios del gobierno porteño o si inicia una investigación para ampliar la información y eventualmente denunciarlos penalmente.