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La economía de los próximos años debe asegurar un mercado interno potente, que actúe como base de sustentación para las actividades productivas. La protección del empleo, el salario y la redistribución del ingreso deben seguir siendo prioridades de gestión, lo mismo que la administración del tipo de cambio por parte del Banco Central. Hay que evitar saltos devaluatorios como los de Brasil, que en la experiencia nacional producen siempre fuertes perturbaciones. Depreciar la moneda para bajar costos empresarios no es un camino sustentable para recuperar competitividad, sino que ésta debe lograrse de manera genuina, con el Estado como principal articulador a través de la obra pública, la regulación de mercados, los estímulos fiscales y la promoción de financiamiento a largo plazo para la inversión. Estas definiciones se escuchan dentro del equipo de economistas de Daniel Scioli, algunos de los cuales se preparan para asumir funciones en caso de que el candidato se imponga en los comicios. Entre los asesores del gobernador también hay espacio para otras voces más o menos cercanas a la visión ortodoxa que expresan los representantes del poder financiero. La elección de Silvina Batakis para el Ministerio de Economía; Julián Domínguez en Producción, probablemente con tareas más amplias que las que hoy tiene la titular de Industria, Débora Giorgi; Diego Bossio en Infraestructura y Miguel Peirano como presidente del BICE, a cargo del armado de una banca de desarrollo, parece evidenciar una preeminencia de la primera de esas agendas sobre la segunda, lo que el propio Scioli refuerza con su discurso a favor de la producción y el desarrollo.

Uno de los proyectos que preparan los colaboradores del candidato es la creación de una agencia para reactivar el crédito hipotecario. En los borradores de la iniciativa, la nueva dependencia asumiría el control de los préstamos para la construcción y refacción de viviendas del plan Pro.Cre.Ar., hasta ahora en manos de la Anses. Pero la mayor novedad es que esa oficina tendría a su cargo el diseño de una estructura financiera que facilite el acceso al crédito hipotecario tradicional, aplicando importantes subsidios de tasas para la compra de primera vivienda. La banca comercial, a su vez, debería destinar obligatoriamente un porcentaje de su cartera de depósitos para estos préstamos, tal como ocurre en la actualidad con la línea de financiamiento a la inversión de pequeñas y medianas empresas. El Banco Central tiene atribuciones para direccionar el crédito desde 2012, con la reforma de su carta orgánica. El objetivo en este caso es producir un despegue del rubro inmobiliario, orientando los créditos desde el Estado.

La misma concepción se repite en otra iniciativa que se anticipa como central para la próxima etapa: el armado de una banca de desarrollo. “La decisión de impulsar el financiamiento a la inversión es parte de una estrategia que prioriza el crecimiento económico y la consolidación de un proceso de reindustrialización”, dice un documento de trabajo interno del sciolismo. “El financiamiento es un instrumento fundamental a la hora de decidir inversiones, generar empleo, fomentar el consumo y mejorar la competitividad de las empresas”, agrega. Como en el caso de los préstamos hipotecarios, se constituiría una agencia u organismo coordinador de los diferentes actores que participarían del apalancamiento para la inversión.

Una de las patas que se proyectan es potenciar al BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). La entidad orientaría su trabajo especialmente hacia las pymes y las economías regionales. La aspiración para el primer año es multiplicar por ocho o por diez la colocación de préstamos a largo plazo para ese sector, partiendo de un piso relativamente bajo que se ubica en torno a los 1500 millones de pesos anuales de créditos concedidos. Los bancos públicos, los provinciales, la banca privada y las sociedades de garantía recíproca también tendrán roles a cumplir. “El diseño de una banca de desarrollo debe tener características propias y buscar la complementariedad con el sistema privado y el mercado de capitales”, se describe. En ese sentido, el esquema es distinto al que rige en Brasil, donde la función de banco de desarrollo está concentrada en una entidad, el Bndes. Aquí habría una coordinación entre sectores públicos y privados, bajo dirección estatal.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses aportaría para el fondeo de los créditos. Se trata de una masa de recursos que recuperó el Gobierno con la estatización de las AFJP e hizo crecer de manera exponencial desde entonces. Más de un 10 por ciento ya se invierte en proyectos productivos o de infraestructura. La condición para utilizar una porción de ese dinero para financiar la inversión del sector privado es que el FGS lo coloque a tasas de mercado. El Estado asumiría el costo de aplicar bonificaciones o subsidios de tasas al reorientar los fondos para préstamos. Lo mismo ocurriría con capitales que atesoran las compañías de seguros, que en el plan en estudio también serían captados por el BICE para aumentar la capacidad prestable.

A su vez, la agencia que coordine las tareas de banca de desarrollo debería gestionar financiamiento internacional, en especial con bancos de desarrollo de otros países, como los de China o Rusia, o la nueva entidad que están por lanzar los Brics. La Corporación Andina de Fomento (CAF) es otra fuente potencial para el fondeo. La Argentina está en condiciones de obtener allí apoyo crediticio a tasas razonables, aseguran colaboradores del gobernador bonaerense.

Las condiciones de los préstamos se ajustarían según el perfil de los solicitantes y las características de los proyectos. Las tasas más bajas y los plazos más largos, que podrían llegar a diez años, serían para las pymes, para las inversiones de sectores estratégicos, para los que generen mayor valor agregado y para los que se ubiquen en regiones de menor desarrollo relativo. “El concepto de banca de desarrollo debe incentivar nuevas inversiones con financiamiento a tasas y plazos favorables, asegurando el recupero de los créditos sin reglas diferenciales al sistema general. Esto permitirá priorizar la radicación de fábricas en el interior del país, ampliar inversiones industriales y agropecuarias, facilitar proyectos de hotelería o turismo, estimular rubros o compañías con alto nivel de innovación, la expansión de sectores que generan trabajo masivo y exportaciones”, dice el paper del sciolismo. “Los subsidios van a estar direccionados –explica– a sectores estratégicos, proyectos mano de obra intensivos, industrias con ato contenido tecnológico, agregado de valor a la producción agropecuaria y sectores con déficit comercial. Existirá un fuerte apoyo a la radicación de empresas en economías regionales, particularmente en zonas rezagadas en sus indicadores socio económicos”.

Los planes para fomentar los créditos hipotecarios y a la inversión forman parte de la hoja de ruta para 2016 en el oficialismo. Una coyuntura internacional complicada refuerza la necesidad de apostar al mercado interno y a la producción.