Demoró algunos días más de lo esperado, pero el magistrado neoyorquino Thomas Griesa se mantuvo coherente y concedió ayer el pedido del grupo de litigantes buitres denominados “me too” (“yo también”, en inglés). Los acreedores que participaron de la audiencia del miércoles en los tribunales del Distrito Sur de Manhattan accedieron así a una medida cautelar idéntica a la que obtuvieron los fondos buitre originales el año pasado. La decisión del juez estadounidense eleva el monto que debería desembolsar el país para desbloquear el mecanismo de pago de la deuda externa argentina de 1700 hasta aproximadamente 8000 millones de dólares. La medida que abulta el reclamo buitre no tiene implicancias materiales concretas ya que el mecanismo de pago de la deuda externa permanece bloqueado. “La decisión del juez después de la audiencia del miércoles demuestra que tuvimos razón al afirmar que la orden original era una trampa. Argentina hizo lo correcto al no ceder y pagarles lo que reclamaban los buitres originales”, explicaron a Página/12 desde Economía. Los “me too” son tan solo una porción del 7,6 por ciento de acreedores que no ingresaron al canje. Desde ayer esos inversores litigantes poseen una orden del juez de Nueva York afirmando que el mecanismo de pago de los vencimientos de la deuda externa argentina estará bloqueado hasta que ellos cobren el ciento por ciento más intereses de sus acreencias. Siguiendo la aritmética planteada por el juez en el caso inicial los nuevos demandantes presentaron títulos con un valor nominal aproximado de 1500 millones de dólares y reclaman cobrar el cuádruple: 6150 millones de dólares en efectivo. A esa cifra se le suma la demanda original donde los buitres presentaron bonos por 420 millones de dólares que al aplicar la “fórmula Griesa” rondan hoy los 1700 millones.

“Como ya dijimos, cumplir con la orden pari passu del juez Griesa, como reclamaba Mauricio Macri, no solucionaba el problema ya que vinieron ‘otros’ a exigir la misma extravagancia. Hay que alcanzar una solución justa, equitativa y sustentable con la totalidad de los tenedores de bonos que no participaron de la reestructuración”, señalaron en Economía. El candidato a presidente de Cambiemos había declarado en junio de 2014 que el tema se solucionaba pagando los 1700 millones que entonces exigía Griesa. “Ahora hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo hay que hacerlo. Sino, entramos en default. Tenemos que ir y pagar y si hay que pagar al contado se pagará al contado”, declaró entonces Macri.

Quienes ayer obtuvieron la bendición del juez son 49 fondos e individuos (inicialmente eran 51 pero hay dos que todavía no solicitaron la medida cautelar) entre los cuales figuran los mismos buitres de la demanda original. En la causa que avanzó ayer, NML Capital, Aurelius y Blue Angel presentaron ante el juzgado títulos de la deuda argentina todavía en default con los cuales no habían iniciado acciones legales. Los guardaban agazapados a la espera de novedades. De hecho, nada indica que los títulos judicializados hasta el momento representen la totalidad de sus acreencias.

Los asesores legales del Palacio de Hacienda consideran que las medidas pari passu no sólo no ofrecen una solución al prolongado conflicto sino que lo agravan, ya que le otorgaron mayor poder extorsivo a los fondos buitre. “La corte permitió que los demandantes amplíen un resultado injusto, perjudicando aún más a los acreedores legítimos de Argentina, y exacerbando esta prolongada disputa”, indicaron desde Economía.

A diferencia de otras oportunidades donde la segunda instancia rechazó escuchar el planteo de los abogados de Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton porque no había novedades, la flamante orden de Griesa sí podrá ser disputada ante la Corte de Apelaciones. Esa instancia judicial revirtió las últimas tres decisiones del magistrado cuestionadas por el país en causas satélites.

En el equipo económico reconocen que las posibilidades de éxito son limitadas. Si ese hipotético escenario se concreta, la sentencia pari passu inicial que es idéntica a la confirmada ayer también podría cuestionarse. Una presentación de los escritos advirtiendo sobre las consecuencias sistémicas del fallo, el primer paso formal, llegará en las próximas semanas. En cambio, la resolución del planteo no tendrá lugar sino hasta comienzos de 2016, cuando las riendas de la disputa con los buitres esté a cargo de un nuevo gobierno.

La mayoría de esos planteos fueron refutados por Griesa a lo largo del fallo de catorce páginas. En el escrito, al que accedió este diario, desestima que cumplir con su decisión ponga en riesgo las reservas del Banco Central, lamenta que no se haya avanzado en las conversaciones conducidas por el negociador Daniel Pollack, descarta que los acreedores genuinos que aceptaron el canje se vean afectados, y considera que el país está en “default”. Incluso, sostiene que sus decisiones no ponen en riesgo las futuras reestructuraciones de deuda alrededor del mundo ya que este tipo de casos son improbables y, citando a un juez de segunda instancia, recuerda que Argentina es un “deudor recalcitrante”.