El sindicato bonaerense de la carne presentará este lunes una propuesta ante la Justicia para intentar destrabar la situación de Cresta Roja y volver a poner en marcha la planta. La idea del sindicato es reconvertir la planta en una entidad tripartita con participación de los trabajadores, del Estado y de una compañía privada, la cual se ocuparía de hacer inversiones indispensables para el establecimiento y conseguir nuevos clientes. El grupo empresario Proteínas del Atlántico Sur sería el interesado en participar de la sociedad. La apuesta de los trabajadores del sindicato de la carne, según lo aseguró el secretario general Adolfo Silvio Etchehum, es reabrir el establecimiento lo antes posible. La jueza Valeria Pérez Casado tendrá a su cargo evaluar el proyecto de reconversión presentado por uno de los gremios que participan en la interna de Cresta Roja.

Desde el sindicato de la carne aseguraron que estarán trabajando hasta el domingo en la propuesta para transformar la firma en una sociedad participada, en tanto que el lunes se elevará el proyecto ante las autoridades del Juzgado Comercial 18. El establecimiento productivo de Cresta Roja emplea a casi 5000 trabajadores, que luego de que la firma se declaró en bancarrota están reclamando por mantener en operaciones las plantas para no perder las fuentes de trabajo.

El conflicto en Cresta Roja se remonta a 2014, cuando la empresa avícola comenzó a aducir supuestos problemas económicos para obtener ayuda financiera del anterior gobierno, y lo hacía con amenazas de cierre ante las “dificultades financieras ocasionadas por los reclamos de los trabajadores”. Los empleados respondieron con paros y bloqueos en la planta impulsados por las bases, al margen de la dirección sindical. El grupo Rasic, dueño de la firma, realizó 650 despidos como represalia ante la exigencia de los empleados de que les pagara un retroactivo de 2 mil pesos.

En los últimos dos meses se reavivó la disputa de los trabajadores por la situación de la compañía, que esta semana recibió de la Justicia el dictado de quiebra. La jueza Pérez Casado se pronunció por la quiebra de la empresa de los Rasic y dispuso la designación de un síndico que tendría la tarea de garantizar el normal funcionamiento de la fábrica, al mismo tiempo que buscan compradores. El delegado gremial Cristian Villalba había mencionado que había cuatro posibles interesados, tres extranjeros y la empresa Tres Arroyos, aunque otra versión indica que aún no hay nada en el horizonte. En la jornada previa a la Navidad, los trabajadores recobraron cierta esperanza por la reactivación de la fuente de trabajo, aunque un sector, más minoritario, sentía un sabor agridulce porque entienden que no obtuvieron nada concreto. En los hechos, el Ministerio de Trabajo se comprometió a darles a partir de enero dos sumas fijas de 6 mil pesos y a mantener los subsidios Repro que ya venían cobrando, actualizados a 4 mil pesos.

La jueza Pérez Casado, luego de dictar la quiebra, también le reclamó al Gobierno que en los próximos días cumpla con el acuerdo sellado el 22 de septiembre para hacer efectivo el pago de 100 millones de pesos, que todavía no fueron aportados, con el objetivo de reiniciar la producción de la empresa. Este acuerdo había sido realizado en el marco de la intervención del gobierno saliente en el conflicto, que comenzó en febrero cuando el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, firmó un acta de “paz social”, pero luego de tres semanas los trabajadores seguían sin cobrar su quincena.

Desde 2014 los Rasic venían amenazando con el cierre y aduciendo problemas económicos para obtener ayuda financiera, y fue así que comenzaron los paros y bloqueos, a lo cual la empresa contestó con despidos. Por iniciativa del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández desembarcó en la empresa una intervención, con el aval de la Justicia, porque los dueños ya habían iniciado el vaciamiento. “Antes de las PASO, Granados nos aseguró que habían encontrado la solución pero resultó que estábamos todos echados”, recordó Cristian, uno de los trabajadores.

Los reclamos de los trabajadores en contra del cierre de Cresta Roja en los últimos días generaron fuertes tensiones, en donde el gobierno de Mauricio Macri reaccionó con una fuerte represión contra las movilizaciones. Organizaciones de derechos humanos rechazaron unánimemente el accionar de las fuerzas de seguridad en una de las protestas de trabajadores de Cresta Roja, que concluyó con heridos de bala de goma y detenidos. En un documento conjunto, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos e HIJOS Capital calificaron de “brutal” la represión y destacaron que “entre los manifestantes agredidos se encontraban familias, mujeres y niños” y que se desató luego de que los trabajadores hubieran llegado a un acuerdo con las autoridades para dejar libres dos carriles de la Autopista Riccheri. El hecho, agregaron, “marca un claro retroceso en derechos que los argentinos adquirimos en esta última década respecto de la no represión de la protesta social”.