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Pese al lobby empresario, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó que el Gobierno tiene intenciones de prorrogar la doble indemnización por despidos a partir del 31 de este mes, cuando expiraría formalmente. Una posibilidad que se baraja en Gobierno es extenderla, en principio, por tres meses más, hasta fines de marzo, aunque la prórroga podría llegar hasta mediados del 2004.
En las últimas semanas, distintos sectores empresarios expresaron su rechazo a una eventual extensión de la doble indemnización, una medida ideada por el gobierno de Duhalde en enero del año pasado, cuando el Congreso declaró la emergencia económica. La semana pasada, por ejemplo, en la cumbre de la UIA en Pilar, dirigentes de la entidad fabril salieron a advertir en duros términos sobre el peligro de que el Gobierno siguiera elevando los costos empresarios. Durante uno de los almuerzos en el Sheraton, el presidente de la Unión Industrial, Alberto Alvarez Gaiani, dejó claramente sentada la posición de la institución: “Si había una medida con una duración determinada no se la puede seguir prorrogando indefinidamente. Hay que respetar las reglas, porque sino se genera inseguridad jurídica”, afirmó.
Antes, el titular de la poderosa Asociación Empresaria Argentina, Luis Pagani, también había militado contra la medida: “Habría que rever la posible prórroga porque está atada a la emergencia laboral y, en realidad, ya hace 3 años que estamos en crisis. Tal vez la situación hoy no sea la misma, haya mejorado”, aseguró el número uno de Arcor.
Ayer, el asesor de la UIA Daniel Funes de Rioja ratificó la postura de la entidad. “No se justifica legal ni económicamente mantener una política general de duplicación indemnizatoria. Hoy no estamos en una situación de crisis. Las cifras oficiales y la percepción de la sociedad en su conjunto muestran que estamos en una etapa de recuperación económica, que el empleo también viene mejorando y a la par de ello han disminuido sensiblemente las reestructuraciones y despidos colectivos”, sostuvo quien fue siempre un entusiasta promotor de las políticas de flexibilización aplicadas por Menem durante la década pasada.
Por el contrario, Héctor Recalde, asesor de la CGT liderada por Hugo Moyano, consideró que “la decisión del Gobierno es correcta, porque si se ha prorrogado la emergencia económica y social es necesario que se prorrogue la suspensión de los despidos”. Además, refutó el argumento empresarial de que la medida entorpece la contratación de nuevos trabajadores. “Por la ley vigente, todos los trabajadores contratados desde enero del 2003 en adelante no están comprendidos en la doble indemnización”, explicó. Recalde también apuntó la brutal caída de los costos laborales desde la devaluación: “A quienes se quejan por la doble indemnización hay que decirles que si uno baja muchísimo el precio nos vamos a encontrar con que el doble no es el doble, sino la mitad”, ironizó.
Las quejas empresarias habían encontrado cierto eco en el Ministerio de Economía. En más de una oportunidad, Roberto Lavagna dejó entrever que el reclamo de los hombres de negocios era sensato y que no eran los únicos que pedían la derogación de la norma. El Fondo Monetario es también uno de los más interesados en que el Gobierno abandone esa política, que los burócratas de Washington consideran una traba más en la rueda de la flexibilización del mercado laboral.
Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada fue desde un comienzo, dentro del gabinete nacional, un ferviente defensor de la medida. En los últimos días, la viceministra Noemí Rial fue la encargada de desacreditar los lamentos empresarios por lo elevado de los costos laborales. “Los costos laborales son hoy de los más bajos de la serie histórica. Los empresarios deberían preocuparse por otras cosas”, disparó.
Alberto Fernández zanjó ayer la discusión y trasmitió la posición de la Rosada, que coincide con la venían sosteniendo en Trabajo. El sostén legal de la decisión será la prórroga por el Congreso, hasta diciembre de 2004de la Ley de Emergencia Económica. Si la extensión de la doble indemnización llegara hasta marzo cubriría el tiempo necesario para que los 200 pesos de aumento dispuestos por el Gobierno fueran incorporados plenamente a los salarios con carácter remunerativo. En la versión oficial, con la incorporación de ese monto, las nuevas indemnizaciones quedarían, para la mayor parte de los salarios de la economía, muy cerca de las dobles hoy vigentes, pero calculadas sobre sueldos menores. No obstante, esto es cierto sólo para los casos de empleados con antigüedad.
Si la prórroga fuera hasta fines de marzo, se completarían 27 meses de doble indemnización desde su puesta en ejecución en enero de 2002.