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El lunes próximo, el caso García Belsunce debería avanzar un escalón, demorado durante ocho meses: once acusados, sospechados o vinculados de algún modo con la muerte de María Marta, deberán presentarse en la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, en La Plata, para realizarse extracciones de sangre, cuyos patrones genéticos serán contrastados con los de las muestras halladas en la escena del crimen. A la cabeza de los once selectos se encuentra el viudo Carlos Carrascosa, por el momento único procesado por el homicidio de María Marta y con prisión pendiente de resolución en la Corte bonaerense. Ahora, a contramano de lo que venía sucediendo desde hace un año, la estrategia de la defensa del viudo pretende acelerar el trámite. Tiene sus motivos: aguardan que el resultado del ADN sea negativo para presentar una revocatoria del pedido de prisión, antes de que las rejas se transformen en una decisión inapelable. También Guillermo Bártoli, cuñado de María Marta y uno de los once hemoextraíbles, tiene motivos de preocupación: ayer, el juez porteño Julio Lucini elevó a juicio la causa en la que se lo acusa por el certificado de defunción trucho, junto al especialista en firmas Juan March y el ex funebrero Oscar Sierco.
Desde que el grifo de la bañadera de María Marta fue sobreseído, el caso García Belsunce se transformó en una sumatoria de contrastes y aparentes contradicciones. Contrastes y contradicciones que se hicieron visibles cada vez que el caso imprimía algún frenesí. El 7 de marzo pasado, había llegado a oídos de los abogados de Carrascosa que el fiscal del caso, Diego Molina Pico, pediría los exámenes de ADN de al menos el viudo Carrascosa; de Horacio García Belsunce, hermano de María Marta; y de Guillermo Bártoli, marido de Irene Hurtig, media hermana de la víctima. Para esa fecha, los tres ya habían sido procesados por encubrimiento, además de John y Dino Hurtig, hermano y padre de Irene; Sergio Binello, amigo y vecino de Carrascosa; Pichi de Taylor; la masajista Beatriz Michelini y el médico Juan Gauvry Gordon. La urgencia quedó marcada por los abogados José Scelzi y Marcelo Nardi, quienes para esa fecha buscaban una clínica para realizar “estudios serios”, según los catalogaron ellos mismos. El propio Nardi se encargó de aclarar que “por supuesto que mis clientes estarían dispuestos a cooperar con la investigación, como lo han hecho desde el principio de la causa, y se someterán a los estudios de ADN”.
Los clientes estaban dispuestos, pero los estudios no se hicieron porque a las manchas hemáticas levantadas de la escena del crimen por la Policía Judicial, en noviembre y diciembre de 2002, los defensores de la familia agregaron otras 73 pruebas de pelos, saliva, y otros rastros, levantados en marzo, después de que por el lugar pasaron no menos de 400 personas. Pedían que el ADN se hiciera sobre todo el conjunto de muestras.
Sin embargo, el 12 de abril, los abogados volvieron a la carga con un pedido urgente de extracciones de sangre a la familia. La prisa tenía sus motivos: el día anterior Carrascosa había quedado detenido. Barroetaveña ordenó que el lunes 21 de abril se realizaran extracciones a Carrascosa, Horacio García Belsunce, Irene Hurtig, Guillermo Bártoli, Sergio y Viviana Binello, Pichi de Taylor, la masajista Beatriz Michelini y el vecino díscolo Nicolás Pachelo, ofrecido voluntariamente.
Pero el examen jamás se realizó: la familia pidió postergación del estudio por falta de garantías. Incorporaron al caso un perito experto de la Fundación Favaloro, Edgardo Raimondi, conocido por su intervención en el caso de María Soledad Morales, donde lo único que logró determinar es que la chica asesinada en Catamarca era hija de Ada y Elías Morales. Poco después, Raimondi renunció al caso García Belsunce.
El examen de ADN estaba tan demorado que Molina Pico hizo lo impensable: el 16 de octubre pasado, en conferencia de prensa, acusó al “sistema judicial” de frenar la investigación. Apenas un día después, la Sala VII de la Cámara del Crimen porteña anuló la falta de mérito dispuesta por el juez Lucini en favor de Bártoli, en el caso del certificado trucho, y ordenó su procesamiento. Para colmo, la Casación bonaerense rechazaba el recurso de Carrascosa que había apelado su prisión. Carrascosa apeló ante la Suprema Corte en el último día de plazo con que contaba para hacer la presentación.
Ayer, el juez Lucini elevó a juicio a Bártoli, March y Sierco. Y el fiscal Molina Pico ordenó las demoradas extracciones a Carrascosa y compañía, a Pachelo y al vigilador privado del Carmel Country Club, José Ortiz. El resultado de los cotejos demorará como mínimo veinte días. Hay tres posibles resultados: que se comprueben las sospechas de Molina Pico sobre Carrascosa, Bártoli e Irene. Que la sangre corresponda a Pachelo y/o al guardia Ortiz, con lo que cobraría fuerza la acusación de la familia contra el vecino díscolo. O que la sangre no pertenezca a ninguno de la lista.
Allegados a la familia aseguraron a Página/12 que “el resultado ya lo tenemos”. Tienen copia del ADN de las muestras de sangre de la escena del crimen y ya habrían realizado el cotejo con los ADN familiares en una institución privada. Están urgidos. Con el supuesto resultado negativo, pretenden revocar la prisión de Carrascosa, antes de que la Corte se expida. Pero la lógica de la familia sigue siendo sorprendente: si alguien sabe que no estuvo en la escena del crimen, ¿para qué querría cotejar su ADN en una institución privada? ¿Para demostrarse a sí mismo que no estuvo? ¿O para anticiparse a lo que resultará en la Justicia?