“A los fondos buitre se les hizo una oferta que es mala para el país. Se aceptaron todas las condiciones que nos hicieron. Es una pena porque el país se encontraba en una situación que no era tan mala con respecto a sus finanzas”, aseguró ayer el economista Aldo Ferrer. Este profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires aseguró consideró además que el acuerdo que el gobierno del presidente Mauricio Macri negocia con los holdouts afecta la división de poderes del país, al cuestionar que el entendimiento se encuentre supeditado al fallo de un juez de Nueva York que reclama la derogación de una Ley que fue votada por el Congreso. “No es posible que un juez de Nueva York (Thomas Griesa) le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes”, denunció.

Ferrer ya había advertido a mediados de enero sobre los riesgos que implicaba la negociación con los buitres desde una posición de debilidad. “La negociación con los fondos buitre debe encararse sin miedo y desde una posición soberana, en la defensa de nuestros intereses. No se debe aceptar cualquier arreglo para retornar al mercado internacional de capitales”, sostuvo pocas horas después de que el secretario de Finanzas, Luis Caputo, iniciara las negociaciones con los buitres en Nueva York. Ahora que el acuerdo está cerca, Ferrer volvió a manifestar su preocupación por una estrategia que consideró errada. “Se aceptaron todas las demandas sin negociar nada”, remarcó. No sólo cuestionó lo que se les está ofreciendo a los buitres sino también la cesión de soberanía que se acepta como parte de la negociación. El juez Griesa condicionó días atrás el levantamiento de la cautelar que le impide a Argentina pagarles a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, a la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Para este referente del pensamiento económico nacional, el Congreso debería primero analizar el acuerdo al que arribó la actual administración, ya que se trata de “una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos”. “Lo primero que debería hacerse con ese arreglo es someterlo a la evaluación del Congreso. Ahí debería aprobarse y recién después analizar como Estado independiente y soberano si corresponde derogar una norma”, observó el economista.

En cuanto a las políticas implementadas por el gobierno, Ferrer apuntó que se llevó a cabo “una gran transferencia de recursos” desde los sectores asalariados a los más favorecidos. “En estos 70 días hubo inflación, devaluación y se generó una regresiva transferencia del ingreso de los sectores populares a los más ricos. Ahora el Gobierno debe aplicar políticas para ver cómo evoluciona la economía en el futuro”.