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Mientras sigue negociando con los fondos buitre más agresivos que presentaron reparos ante la generosa oferta, el gobierno de Mauricio Macri avanza en el diseño del mecanismo de pago: una emisión de deuda externa en el mercado internacional por 15.000 millones de dólares. La operatoria inicial prevista para fines de marzo estará a cargo de un grupo de bancos extranjeros liderado por JP Morgan Chase, Goldman Sachs y UBS. La reinserción del país en la lógica del sistema financiero internacional coincide con un contexto de salida de capitales desde las economías emergentes pero las autoridades económicas aseguran que la abultada colocación será “exitosa”. Pretenden pagar una tasa de interés inferior al 7 por ciento. Para garantizar este resultado, los nuevos bonos de deuda argentina estarán sujetos a las legislaciones de Nueva York y Londres. Argumentan que esa cesión de soberanía jurídica en favor de tribunales extranjeros garantizaría un menor costo, una exigencia financiera que restringe la capacidad de defensa del país durante situaciones de tensión y facilita el accionar de los buitres. Página/12 pudo saber que los nuevos títulos públicos incluirán las nuevas cláusulas promovidas por el FMI, el G20 y el sistema financiero internacional. Kazajistán, Chile, Etiopía, Indonesia, Colombia, Costa Rica, Turquía, Croacia, Gabón, República Dominicana, Armenia, Vietnam, Etiopía y Jamaica son algunos de los países que las utilizaron para emitir deuda entre 2014 y 2015.

Las innovaciones contractuales con las que el mercado respondió a Griesa redefinen el pari passu (igual trato a los acreedores) para evitar forzadas interpretaciones como la realizada por el juez y fortalecen las cláusulas de acción colectiva (que establecen el piso de adhesión a una oferta que obliga a la totalidad a aceptarla) de los nuevos bonos soberanos que se emitan. “Las nuevas cláusulas reducen sustancialmente las posibilidades de que queden buitres durante una reestructuración”, afirmó a este diario el ex subsecretario legal del ministerio de Economía, Matías Isasa, al ponderar los mecanismos alternativos previstos para contabilizar las mayorías a la hora de reestructurar un pasivo. “Argentina debería considerar emitir bonos en los que los beneficiarios finales no conservan el derecho a demandar individualmente sino que lo pueden hacer únicamente a través del fiduciario. Así funcionan los bonos emitidos bajo ley inglesa”, explicó el abogado especializado.

“Son una valiosa ayuda, y conviene incluirlas. Pero no resuelven varios de los problemas que se enfrentan en una reestructuración”, señaló el economista de la Universidad de Columbia, Martín Guzmán, al advertir que “el problema va más allá de cómo escribamos los contratos, podés incorporar súper cláusulas de acción colectiva y redefinir pari passu, pero en definitiva al juez siempre le quedará la posibilidad de implementar el remedio que considere necesario para lograr lo que él quiere. Por eso es tan importante reformar el marco internacional en el que las reestructuraciones de deuda de los países se llevan a cabo y de allí la importancia de la iniciativa de las Naciones Unidas”.

Dentro de la configuración macroeconómica propuesta por el nuevo gobierno, la emisión de deuda en el mercado internacional se presenta como un canal fundamental para lograr el doble objetivo de aplacar la dinámica inflacionaria y evitar una profunda recesión. Los bajísimos niveles de endeudamiento heredados del kirchnerismo (la deuda en moneda extranjera con acreedores privados alcanza al 12 por ciento del PIB), facilitan esa estrategia donde el gobierno de Macri ya dio varios pasos simbólicos y materiales para normalizar el vínculo con el sistema financiero internacional.

El relato financiero promete que cuando un país periférico quiere captar una mayor cantidad de fondos en el mercado debe resignar soberanía jurídica como garantía para los inversores. La emisión de deuda soberana bajo legislación extranjera tiene su origen en los ochenta y hoy se encuentra institucionalizada: fondos de pensión y grandes inversores solo pueden invertir en activos con determinadas condiciones. Así, los países que incluyen esos items atraen una mayor demanda y bajan el costo. “La tasa que pague argentina puede ser menor. Pero no será gratuito. Si el país volviese a tener problemas de deuda resultaría costoso resolverlos ya que se harían bajo marcos que están sesgados a favor de los acreedores internacionales más poderosos”, explicó a este diario Martín Guzmán.

La interpretación de las cláusulas pari passu realizada por el sistema judicial estadounidense o la experiencia peruana en Nueva York a comienzos del siglo, ofrecen dos ejemplos cercanos de los riesgos de ceder soberanía jurídica.

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