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Producción: Tomás Lukin

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Impuesto al trabajo

Por Walter Iampietro *

El mal llamado Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría nació porque las empresas repartían ganancias aumentando los sueldos de sus directivos para evitar el impuesto a la renta. Por eso, entre los ítems deducibles están los intereses de un plazo fijo, donaciones o el servicio doméstico y sin embargo no permite deducir el alquiler de vivienda única, para una familia sin acceso al techo propio. No se lo diseñó para que lo paguen trabajadores bajo convenio y por eso se lo llama Impuesto a las Ganancias y no a los “altos ingresos” o “altos salarios”.

Durante los últimos años, la inflación y la falta de actualización ha generado que el Estado se haga con proporciones cada vez mayores de las remuneraciones por encima del mínimo no imponible, sin diferenciar jerarquías o actividades. Con el agravante de que al no actualizar las escalas casi la totalidad de los trabajadores que pagan, lo hacen desde las alícuotas más altas. La presión tributaria, que debería ser progresiva, a través de la inflación llevó a que paguen la misma alícuota un trabajador bancario que sus empleadores. Un obrero metalúrgico que un gerente de una multinacional. Por eso, cualquier modificación que no avance sobre la actualización automática de las escalas no podrá revertir la estructura regresiva de este impuesto, que tal como está planteado es un impuesto al trabajo.

El Estado a través de la inflación ha avanzado sobre el salario de tal forma que la única modificación significativa en la estructura tributaria nacional se ha dado por el avance de este impuesto. Según datos de la Secretaría de Hacienda entre el 2006 y el 2014 la recaudación total creció 7,7 puntos. Mientras lo recaudado por las Ganancias de las empresas se multiplicó 6,7 veces la cuarta categoría lo hizo por 11 incrementando su participación en la recaudación total de 5,5 a 7,8 por ciento. Los asalariados empujaron la recaudación mientras que las empresas disminuyeron su aporte en concepto de renta. En el 2007 la cuarta categoría explicaba el 21 por ciento de lo que se recaudaba por Ganancias, en el 2014 el 35 por ciento. Cada vez más trabajadores lo pagaron y cada vez pagaron más. En parte porque al Estado le resulta más fácil gravar proporciones cada vez más grandes de los salarios que, por ejemplo, detectar el fraude en el empleo informal. Aún así hay quien sostiene que si comparamos la recaudación de impuestos similares con otros países, los números no parecen altos, pero para esto debemos contemplar la matriz tributaria en su conjunto.

El enorme consenso alrededor de este tema que se pudo reflejar en la última campaña presidencial a pesar de la constante estigmatización del reclamo. Por eso, es urgente un tratamiento legislativo y un debate que contemple no solo la actualización automática de las escalas y deducciones, sino la incorporaciones de otros ítems, a partir de repensar el impuesto. Items como ruralidad, horas extras, tarea peligrosa, desarraigo, viandas, horas nocturnas o conceptos similares deberían ser exentos ya que se encuentran amparados por los distintos convenios colectivos de trabajo. Incluso hay propuestas en el congreso que contemplan la incorporación del Salario Mínimo de Convenio como exención.

De la misma manera es necesario incorporar deducciones como el alquiler de vivienda única, guardería, preescolaridad y conceptos que resultan mejor justificados que el Servicio Doméstico a la hora de pensar lo que significa un “alto ingreso”.

El gobierno de Macri no solo ha demostrado desconocimiento del tema como se vio en sus anuncios contradictorios. También falta de capacidad política para comprender un tema que la CGT ha instalado hace rato en la agenda de nuestro país. Es inaceptable la reducción de las retenciones a la minería sin antes atender el problema del mínimo no imponible, con las implicancias que tiene esto para el consumo interno y la necesidad de los trabajadores de hacer frente a la escalada inflacionaria. A partir de la conformación del Observatorio de Temas Laborales impulsado por las centrales obreras y los diputados de extracción gremial, sumado al apoyo explícito de los distintos espacios políticos la cuarta categoría tendrá tratamiento parlamentario aun cuando el oficialismo se resista.

* Juventud Sindical.

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Recuperar la progresividad

Por Agustín D’Attellis *

Si bien la reforma en la estructura del Impuesto a las Ganancias que recae sobre los asalariados era necesaria, los términos anunciados por el Gobierno no son los más adecuados. Los cambios deberían apuntar a recuperar la esencia progresiva de este impuesto elevando el mínimo no imponible y modificando las escalas de manera que las alícuotas más altas se apliquen sobre salarios realmente elevados. El decreto 1242/13 que referenciaba el mínimo no imponible en 15.000 pesos a septiembre de ese año implicó muchas distorsiones dado que congeló en un momento del tiempo el valor de referencia. Sin embargo, se torna evidente que aplicando los aumentos promedio por paritarias de 2013 (25 por ciento), 2014 (32 por ciento), y 2015 (28 por ciento), esos 15.000 hoy serían 31.400 pesos. Esto permite concluir que, si bien se corrigen las distorsiones ocasionadas por el decreto ya derogado, el incremento resulta a todas luces escaso, ya que en términos generales incluye más trabajadores que los que excluye en el pago del impuesto.

Cuando se incorpora al cálculo la paritaria promedio para este año, el atraso resulta mayor aún. Con la pauta propuesta por el gobierno, de 25 por ciento (según su propia proyección para la inflación este año, no compartida por ninguna estimación privada), el equivalente a aquellos 15.000 pesos ascendería hoy a 39.200 pesos, y si se considera un acuerdo en torno al 40 por ciento el monto equivalente sería de 42.300 pesos. Es decir, para mantener la situación de 2013, el mínimo no imponible debería situarse alrededor de los 40 mil pesos.

Asimismo, urge modificar las escalas que aplican actualmente sobre el cálculo de este impuesto. Las modificaciones de los últimos años, sin haber modificado las escalas y sus alícuotas, condujeron a un achatamiento de la pirámide, donde un porcentaje muy alto (más del 70 por ciento) de los asalariados alcanzados por el impuesto, pagan las dos alícuotas más altas, con tope en 35 por ciento.

Llama la atención que el gobierno actual durante la campaña sostuvo que debería eliminarse este impuesto, por considerar –según su punto de vista– que no corresponde su aplicación sobre los salarios, por no ser estos ganancias. Pareciera esta discusión un simple tema semántico. Los ingresos individuales parten de tres fuentes: rentas, beneficios y salarios, con lo cual, en lo que respecta a principios de imposición, los impuestos deben pagarse en alguna de las tres fuentes indiferentemente. El financiamiento genuino del Estado es a través del pago de impuestos, con lo cual desde el punto de vista de la importancia del Estado en la administración de la economía, se torna necesario mantener la fuente de financiamiento, aunque dotada de progresividad. El impuesto a las ganancias es el más progresivo de los impuestos, motivo por el cual deberá corregirse su estructura actual para que recupere su esencia.

El error en la implementación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios genera una pérdida de poder adquisitivo, y una reducción de la masa salarial, que actúa como motor de la demanda. Esta situación, junto a otras medidas económicas tomadas los últimos dos meses, que implican transferencias de recursos hacia sectores concentrados, debilitan el mercado interno y conducen a un círculo vicioso de menor producción y pérdida de puestos de trabajo. En un contexto internacional muy adverso para la economía argentina, con fuerte caída de la demanda externa resulta imperioso avanzar en el camino del fortalecimiento del mercado interno, y lograr avances distributivos en pos de incrementar la participación del salario en el ingreso total de la economía.

Esto implica, apuntar a acuerdos en negociaciones paritarias por encima de las proyecciones reales de inflación, es decir, en torno a un 35-40 por ciento; y la modificación de la estructura del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, elevando el mínimo no imponible y modificando las escalas. Deberá el Congreso de la Nación tomar un rol activo en este sentido, dado que pareciera no ser la equidad distributiva un objetivo de las autoridades económicas en el ámbito del Poder Ejecutivo.

* Economista Docente UBA.