[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, ha dicho que el país no se endeudará como consecuencia del futuro pago a los fondos buitres sino que cambiará de acreedor. En cierto sentido lo que dice es verdad pero deben hacerse algunas precisiones. La primera es acerca de cuánto se debía y cuánto se va a pagar. Para los fondos buitre lo que se debía era un determinado valor, para el juez estadounidense Thomas Griesa otro, y para la Argentina, antes de la derogación de la ley Cerrojo realizada por el Congreso Nacional días pasados, era otro, mucho menor.

El valor que estaba autorizado a pagarse por la ley Cerrojo era de 4500 millones de dólares, es decir, un 62,5 por ciento menos de los 12.000 millones de dólares que se van a pagar. Esa fue la principal razón, por la que juez Thomas Griesa le exigió al gobierno argentino que derogara la norma. En cualquier caso se trata de una deuda adquirida por los fondos buitres a un valor mucho menor.

Si la ley Cerrojo no se derogaba, se deberían haber reanudado las negociaciones. De un lado los fondos buitres y el juez Griesa y, del otro, la Argentina, apoyada por la resolución reciente de las Naciones Unidas sobre esta cuestión que, si bien no puede aplicarse para el caso argentino, era un apoyo político que debía pesar. El gobierno de la alianza PRO-UCR no supo o no quiso hacer valer esa resolución en la mesa de negociación, por eso la quita obtenida fue insignificante.

Cuando el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá proclamó el no pago de la deuda a fines del año 2001, muchos dijeron que Argentina se sumergiría en una terrible crisis. Curiosa profecía: ya los argentinos estaban en una terrible crisis. Desde ese momento hasta el 10 de diciembre de 2015, Argentina no hizo otra cosa que superar esa crisis, disminuir la desocupación, crecer económicamente (76 por ciento fue el crecimiento entre 2001 y 2015), y distribuir mejor ese producto entre todos los argentinos, reduciendo la pobreza (más de 1,4 millones de personas dejaron de habitar en hogares con pobreza estructural, de 2001 a 2010).

Que Argentina estaba mal vista en los mercados financieros internacionales es verdad y no es bueno. Pero la verdadera cuestión es: ¿cuál es el costo que se puede o se debe pagar para volver a ser “confiables”? ¿En cuánto beneficia a nuestro pueblo esa “confianza”?

Volver a “ser confiables” implica, entre otras cosas, eliminar todas las regulaciones sobre la entrada y salida de capitales especulativos, lo que equivale a volver a abrir la puerta para facilitar la fuga de divisas. Gran parte de los dólares que se anuncia que entrarán, serán remitidos nuevamente al extranjero de forma legal o ilegal. El actual escándalo de los paraísos fiscales, que alcanza hasta al propio presidente de la Nación es apenas una muestra del accionar de muchos argentinos acaudalados. Pagando o no a los fondos buitres la fuga de divisas igual existe y contribuye a generar lo que se ha dado en llamar la restricción externa. Con el pago a los buitres y el posterior endeudamiento, que ya se ha anunciado, la restricción externa puede desaparecer en el corto plazo como fenómeno financiero pero a costa de generar un nuevo endeudamiento y, en cuestión de meses o, a lo sumo, pocos años, una fuerte aceleración de la fuga. Si la desaparición de la restricción externa se sostiene por caída del consumo y de la actividad económica, el resultado será claro: se cambia la restricción externa por la restricción social. Aumento de la desocupación, de la pobreza y de la desigualdad social.

Sea por ingenuidad, o por necesidad de tapar baches de gestiones poco responsables en materia presupuestaria (aun cuando en la última década recibieron transferencias nacionales como nunca antes) o simplemente por complicidad y afinidad ideológica, los gobernadores, salvo escasas excepciones, han avalado esta maniobra que facilita, a través de la reincorporación de nuestro país al mercado financiero internacional, el gran negocio del endeudamiento externo y de sus intermediarios.

¿Pueden los argentinos favorecerse también de este regreso al mundo del endeudamiento internacional en gran escala? Algunos argentinos sí: los que trabajan en la intermediación financiera, los exportadores, los que consumen en dólares o consumen en gran proporción productos importados y los que poseen cuentas en guaridas fiscales por mencionar algunos. Los sectores medios y los asalariados que sean golpeados por la caída de la actividad económica habrán cambiado el litigio con los buitres y la “supuesta” rebeldía por un empeoramiento en sus condiciones de vida.

Así, la política económica que venía a acabar con la inflación no ha hecho otra cosa que acelerarla (la inflación que se prevé para el primer semestre de 2016 es similar a la de todo 2015). Esa misma política económica que venía a superar el estancamiento no ha podido dejar de reconocer que, en 2015, el PBI creció en 2,1 por ciento mientras, ellos mismos nos avisan que, en el mejor de los casos, este año tendremos una tasa similar pero negativa. Esta política económica (de la que el arreglo con los fondos buitres es sólo una parte), está dispuesta a subordinar las conquistas y derechos de la mayoría de los argentinos para congraciarse con el poder financiero internacional del que forman parte esencial los fondos buitres y los fugadores de divisas al exterior. Ese no parece ser un buen negocio para las mayorías populares.

* Investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento.