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Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ve con preocupación el avance de elementos propios de un estado de excepción en Brasil, recordemos que ya tuvimos la experiencia de los golpes en Venezuela en 2002 y Honduras en 2009, y esperamos que esto no suceda otra vez en nuestro continente. En esos dos casos la Corte consideró que hubo golpe. Cada vez que se emite una sentencia se lo hace con el propósito de que no se repita la misma ilegalidad”. Para Roberto Caldas, flamante presidente del alto tribunal hemisférico, uno de cuyos miembros es el argentino Raúl Zaffaroni, “nosotros como magistrados que debemos resguardar el cumplimiento de la Carta Democrática Americana, no podemos mirar hacia otro lado cuando surgen amenazas a la estabilidad institucional a través de situaciones anómalas que pueden terminar con la legalidad, ahora no se pone fin a la democracia con la intervención de las fuerzas armadas, ahora esto sucede por medio de otros mecanismos. La situación de Brasil preocupa a muchos pueblos latinoamericanos”.

Tanto el “impeachment como otras instituciones previstas en la Constitución tienen que ser aplicadas ponderadamente”, de lo contrario son instrumentadas por facciones enemigas de la democracia. En la entrevista con Página/12 el magistrado analiza la volatilidad política de un país determinante para la región en el que hoy se inicia una semana crucial.

La Comisión Especial sobre el Impeachment de Diputados retomará este lunes la sesión suspendida en la madrugada del sábado para votar por la apertura o no de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La semana pasada el instructor Jovair Arantes consideró que hay “indicios” para procesar a la mandataria.

Ni la letra ni el espíritu de lo que firmó Arantes son responsabilidad suya: el laudo contra Dilma fue obra de su padrino (expresión que calza como un guante) Eduardo Cunha, el titular de la Cámara baja y agitador en jefe del plan destituyente, en el que tiene como socio al vicepresidente de la República Michel Temer, aspirante a suceder a la presidenta.

Ambos, Cunha y Temer, pertenecen al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que dos semanas atrás anunció su salida de la alianza oficialista, lo que profundizó la vulnerabilidad del Palacio del Planalto.

Lo que se vote hoy en esa comisión de 65 diputados será girado al Plenario donde sus 513 miembros decidirán el destino del cuarto gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), que debiera concluir su gestión el 31 de diciembre de 2018.

Según una interpretación personal del reglamento legislativo Cunha decidió que el Pleno sesione sábado y domingo próximos: no lo hizo por su apego a las leyes sino para incitar a la movilización opositora a rodear el Legislativo y hostilizar a quienes respalden la continuidad de Rousseff.

“Cunha es un emperador incendiario” sintetizó el diputado Paulo Teixeira, del PT, que como otros dirigentes teme que Brasilia se convierta en un campo de batalla entre militantes de progresistas y opositores al gobierno. Ayer la agrupación derechista Vení a la Calle, siguiendo la recomendación de Cunha, se apostó frente al Congreso con carteles de los parlamentarios contrarios al golpe, a los que insultaron. Otra concentración similar ocurrió en Belo Horizonte donde ese mismo grupo invitó al público a que lance piedras contra las imágenes de los “cómplices de este gobierno corrupto y amigo de Cuba.” En la concentración de menos unas cien personas se veían algunas señoras bien vestidas y posiblemente perfumadas gritando, “Fuera Dilma, Fuera Dilma”.

–Doctor Caldas, usted además de presidir la Corte Interamericana es brasileño, y podrá explicar esta posición radical a favor del impeachment de amplios sectores de la clase media.

–Vemos en estos momentos que surgen situaciones típicas de un estado de excepción. Hay situaciones anormales aceptadas como naturales por una parte de la población. Y más grave todavía es que haya una parte del cuerpo social que defiende la quiebra de los principios elementales, que apoya la violación de garantías fundamentales, la privacidad de personas que ni siquiera están procesadas.

–¿Se refiere a la invasión de una llamada telefónica entre Dilma y Lula?

–No quiero hacer mención directa a ningún caso, sólo me quiero referir en general a situaciones anormales, peligrosas para el Estado de Derecho.

Si hablamos de escuchas de llamadas telefónicas ordenadas por la justicia tenemos un antecedente que está en la jurisprudencia de la Corte, al que llamamos como “Caso (Arlei José) Escher”, que ocurrió precisamente en Brasil. Es un episodio que tiene que ver directamente con derechos humanos y su violación empleando el uso de las nuevas tecnologías por parte de las autoridades. Desde los años 90 existe una ley brasileña de los años 90 que permite el monitoreo telefónico y su uso como medio de prueba en un proceso penal. Esa ley se aplicó en una investigación en la Justicia Estadual de Paraná en el que una jueza determinó el monitoreo de un investigado, pero lo hizo cometiendo varias transgresiones. No respetó el plazo límite del monitoreo y luego permitió la divulgación de las escuchas, lo que no está previsto en la ley que sólo permite que se transcriba lo que se dijo pero jamás se debe divulgar el sonido de la grabación.

–Este caso se asemeja a la invasión de la conversación entre Dilma y Lula que luego se divulgó por los medios.

–Usted puede sacar sus conclusiones, yo le puedo decir por otra parte que la filtración a la prensa de una causa que está bajo secreto de sumario es una violación seria y si esto se repite mucho configura una excepcionalidad al régimen constitucional. Para nosotros la función de los medios es fundamental, la libertad de expresión es un pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho pero libertad de expresión no es absoluta, no puede anteponerse a derechos humanos fundamentales y a la garantía de un justo proceso. La divulgación indiscriminada de grabaciones no puede ser violatoria de la dignidad y privacidad de los ciudadanos.

Y voy a mencionar un tema más potente que tiene que ver con la esfera pública, y allí me pregunto ¿por qué un proceso judicial tramitado bajo secreto de sumario no puede ser divulgado?. En primer lugar para no violar la autoridad del Poder Judicial, en segundo para no afectar la marcha de la investigación y por último para no afectar la imparcialidad de los magistrados que juzgan la causa a través de la presión de la opinión pública.