El aumento de costos y la reducción de la demanda son los dos elementos que más preocupan a los empresarios de la pequeña y mediana empresa. Desde CAME calcularon que los establecimientos de menor escala empezaron a recibir aumentos en las tarifas de luz de hasta 600 por ciento en distintos puntos del país, tras el recorte de los subsidios eléctricos. Algunos referentes del sector adelantaron que estas alzas ponen en riesgo el empleo y la producción de las fábricas. “Los aumentos de las tarifas eléctricas afectan la supervivencia de las industrias pymes bonaerenses”, aseguraron desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la Federación Económica (FEBA) y la Asociación de Industriales bonaerense (Adipa). Remarcaron que la apertura comercial es otro tema de fuerte incertidumbre para el sector. La Unión Industrial Argentina, a su vez, advirtió que hay 35 mil empleos directos y 90 indirectos en riesgo por la caída de producción y aumento de costos.

“La caída de la actividad industrial nos preocupa y moviliza”, apuntaron desde las entidades fabriles bonaerenses. Agregaron que “la amenaza de la ola importadora es otro elemento de intranquilidad”. Los referentes indicaron que, pese a las declaraciones de los funcionarios del equipo económico, la reducción de la pobreza y el aumento de la igualdad de oportunidades no podrán conseguirse si continúa el parate de la actividad en las pequeñas y medianas empresas. “El desarrollo de las empresas del sector es el único motor posible para la eliminación de la pobreza y el desempleo. El único camino es seguir trabajando en la unidad por nuestra industria, por nuestra gente, por la producción y el trabajo”, plantearon.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las pymes en 2016 es la distorsión en la estructura de costos por el impacto del plan económico ortodoxo de Mauricio Macri, en donde se subraya el alza de las boletas de luz. Las tarifas eléctricas ya llegaron a los establecimientos productivos con un aumento promedio de 211,5 por ciento, aunque con un rango de variabilidad del 109,5 al 635,1 por ciento. “Las empresas más afectadas fueron las pymes del área metropolitana, que es donde más golpea la quita de subsidios porque las tarifas venían congeladas desde hace mucho tiempo. Allí, la suba promedio de las compañías consultadas ascendió a 247,7 por ciento”, precisaron en CAME. Además de las pequeñas y medianas empresas industriales, se precisó que en las firmas dedicadas al comercio los aumentos promediaron el 103,8 por ciento, con un mínimo de 22,9 por ciento y un máximo de 250 por ciento. En el agro, en tanto, los incrementos fueron del 123,4 por ciento en promedio, con alzas que fueron del 35 al 248,5 por ciento. El monitoreo a más de 500 empresas realizado por CAME precisó además que “siete de cada diez compañías recibieron tarifas con un incremento mayor al ciento por ciento y casi 3 de cada 10 con aumentos superiores al 200 por ciento”. Hacia fines de marzo, según la entidad, el 48 por ciento de las pymes recibió la factura con los valores actualizados.

“El reacomodamiento de los cuadros tarifarios eléctricos era una medida necesaria, pero generará un alto costo para las pymes porque las encuentra con caídas en las ventas, bajas en la producción y serios problemas de liquidez. Algunas empresas podrán enfrentarlo con más resto que otras, y mientras tanto, se comienza a realizar cuentas porque en pocas semanas se multiplicarán los costos por la suba de otros servicios. Eso profundizará la caída de la rentabilidad”, plantearon desde CAME.

Los problemas financieros fueron otra de las preocupaciones centrales para los empresarios de las pequeñas y medianas empresas. Aseguraron que los cambios del mes pasado en la normativa de la AFIP para moratorias potenciaron las tensiones en materia de financiamiento. La entidad recaudadora dispuso que aquellas empresas que tengan dos planes en situación administrativa no accedan a los planes de pago hasta dentro de un año, con lo que deben afrontar los pagos a mes vencido. “Tendremos que pagar los planes vigentes y el IVA a los 20 días de facturación, cuando cobramos a los 60. El camino es el cierre de las empresas, ejecuciones fiscales incobrables y más desocupación”, mencionó el titular de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Rubén Abete.