La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió ante los diputados nacionales los proyectos que el Gobierno envió al Congreso para establecer el juicio abreviado para casos de flagrancia y otro sobre investigación de delitos complejos que introduce la figuras del “arrepentido”, del “agente encubierto”, “agente revelador” e “informante” y “entrega vigilada”. Allí, Bullrich expuso las modificaciones como parte del “combate y prevención” contra el crimen organizado y “sus crecientes vínculos con el terrorismo internacional” –como describe el texto del proyecto– y hasta deslizó que se quedaron cortos con el agente encubierto y que éste podría ser hasta un civil (que no contempla el proyecto) y no sólo de las fuerzas policiales y de seguridad. Los cuestionamientos a las iniciativas del Gobierno fueron desde el “cambio de paradigma” de la “seguridad democrática” a la “guerra contra el narcotráfico” y la decisión de decretar la “emergencia en seguridad”, hasta cuestiones técnicas e instrumentales. La diputada kirchnerista Diana Conti sostuvo que el proyecto de flagrancia pone “a las fuerzas de seguridad por encima de las autoridades judiciales” y que en los proyectos no está incluida “la delictuosidad económica y financiera”. “Se va a formar un nuevo cuerpo de Stiusos”, alertó la diputada Myriam Bregman (FIT-PTS) para criminalizar la protesta social.

“El objetivo de estos proyectos es trabajar sobre una problemática (...) que es el tema de los delitos complejos, narcotráfico, lavado, la trata, de todos aquellos delitos que generan realmente mucha incertidumbre en la sociedad”, explicó la ministra ante los diputados de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, y agregó: “dotar a la lucha contra el delito complejo y el narcotráfico herramientas más adecuadas, en una lucha que por lo general vamos por detrás”.

Bullrich también defendió el proyecto sobre flagrancia afirmando que su objetivo es “dar respuesta al alto índice de criminalidad y de reincidencia” y “dotar al Poder Judicial de una herramienta que es ágil, sencilla, eficaz” para que en un juicio abreviado en un plazo de 45 días se juzgue al detenido por el delito o el concurso de varios cuya suma no supere la pena máxima de 15 años de prisión.

Los cuestionamientos llegaron desde casi todo el arco opositor. A pesar de que no sentó la posición del bloque sobre la propuestas, la kirchnerista Diana Conti dijo que el proyecto sobre flagrancia “pone a las fuerzas de seguridad antes que las autoridades judiciales” y que la “delictuosidad económica y financiera es fundamental para atacar la corrupción y no están incluidos” en las iniciativas. “En los medios se insiste en decir que los funcionarios públicos no podrán hacer uso de la figura del arrepentido. Pero esta ley no dice nada al respecto”, afirmó Conti y sostuvo que “no se prevén tampoco sanciones para el arrepentido mentiroso”.

El también kirchnerista Guillermo Carmona cuestionó el “cambio de paradigma” en materia de Seguridad, que pasó del concepto de “seguridad democrática” a una “guerra” difusa contra los delitos complejos. En el mismo sentido, Carmona embistió contra la “emergencia en seguridad” decretada por el Gobierno –a la que calificó como “inconstitucional e ilegítima”– sin intervención del Congreso donde se incluye la “ley de derribo” que, entre otras críticas, “vuelve a inmiscuir a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior”. El diputado mendocino también dijo que hay que dejar en claro si la figura del agente encubierto “le abre las puertas a organismos internacionales como la DEA estadounidense”. “El proyecto de flagrancia es significativo porque ahí es la policía la que dice cuándo hay delitos y cuándo no, por lo que se le da más poder para armar causas”, sostuvo Bregman y alertó que “dentro de esta ley van a estar incluidos aquellos que salgan a protestar cuando le corten la luz, contra la megaminería o contra los despidos”. “Con agentes encubiertos en las mafias como los que propone la ministra se encubrieron los asesinatos de Kosteki y Santillán” y “terminan criminalizando las organizaciones sociales, políticas y gremiales”. “Se va a formar un nuevo cuerpo de Stiusos”, lanzó la diputada trotskista en alusión al ex agente de Inteligencia acusado de extorsionar a políticos, jueces y fiscales.

Otro diputado del FIT, Pablo López (PO), interpeló a Bullrich: “¿Cómo quieren combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata colocando al frente de la UIF a una abogada del principal banco acusado de lavado de dinero? Son los principales bancos quienes están actuando de intermediarios en la apertura de cuentas offshore en los paraísos fiscales para recoger la plata negra del narcotráfico, el lavado de dinero, las coimas políticas y la trata de personas. Con esto intentan rescatarse a sí mismos de la crisis mundial”, dijo el legislador salteño.

La diputada Mónica Litza del Frente Renovador sostuvo que los proyectos “chocan con un defecto de origen muy grande: que estamos poniendo un instituto nuevo sobre un código viejo” y adelantó que el massismo presentará sus propias iniciativas.

La mayoría de las bancadas opositoras también reclamaron que “especialistas”, organizaciones sociales y derechos humanos expongan ante los diputados para luego tomar postura. El presidente de la comisión de Seguridad Interior, el radical mendocino Luis Petri, pretendió clausurar el debate político y sugirió que los especialistas expongan ante los asesores de la comisión –a donde pasaron los proyectos– y no ante los diputados para intentar apurar su dictamen y sanción en la Cámara baja antes de mayo.