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El Ministerio de Agroindustria determinó como inválidos los procedimientos de fiscalización de semillas para el cobro de regalías impulsado por Monsanto y un sector de la industria semillera, que habían levantado fuerte resistencia por parte de las entidades de productores agropecuarios. El organismo que conduce Ricardo Buryaile definió que “todos los sistemas de control que se utilicen en el mercado de granos deberán contar con su autorización previa”, registro con el que no cuenta Monsanto. La multinacional estadounidense busca instalar desde hace dos años el cobro de un canon extra a los productores al momento del acopio en caso de detectar en la cosecha rastros de los genes de las semillas que en buena medida monopoliza. El argumento de los productores es que ya pagan por la tecnología al momento de la compra de sus insumos.

La discusión tiene que ver con la utilización de la semilla. Monsanto es proveedor de biotecnología a los fabricantes de semillas, como Nidera y Don Mario. Los productores adquieren las semillas de estas empresas, pero cuando llega el momento de venta de la cosecha, Monsanto desde hace dos años ha pretendido aplicar para sus nuevas variedades una cláusula por la cual cobra aproximadamente 15 dólares por tonelada que ingresa al acopio o a la cerealera si el grano presenta antecedentes genéticos vinculados a los desarrollos de Monsanto. La empresa norteamericana argumenta que existe un alto grado de informalidad en las transacciones de semillas.

En la resolución 140 que será publicada hoy en el Boletín Oficial, Agroindustria señala que “se desestima todo mecanismo y procedimiento no contemplado en el marco legal vigente que atente contra las operaciones comerciales del sector agropecuario, tanto sea en el mercado interno como en la apertura y consolidación de mercados externos”. Agrega que “todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, deberá contar para su implementación con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria. Los sistemas que se apliquen incumpliendo lo establecido por el articulo anterior serán considerados inválidos como así también las obligaciones que de ellos deriven”.

De esta forma, Agroindustria desestima el sistema de fiscalización que venía impulsando de manera forzosa Monsanto junto a un sector de la industria semillera para que los productores paguen un porcentaje por la propiedad intelectual de los granos al momento de su comercialización. “El test para obtener muestras y la retención de precios que hacen las comercializadores por cuenta de Monsanto no tiene ninguna homologación por parte de INTI, IRAM y los organismos de control”, resumió el dirigente de Federación Agraria y del Frente Renovador, Jorge Solmi.