Una decena de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV-PJ) presentaron una denuncia penal contra el juez federal Claudio Bonadio y el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, para que se investigue la presunta comisión de los delitos de “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”; “prevaricato por parte del juez” y “tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad”. Los legisladores sostienen que la liberación del mercado cambiario decretada por Sturzenegger, que desató una devaluación del 40 por ciento, y la autorización de Bonadio para cancelar las deudas de la venta de dólar a futuro, terminaron de configurar los supuestos delitos denunciados por diputados de Cambiemos contra la administración kirchnerista y por los cuales el juez ahora imputa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otra decena de ex funcionarios por “asociación ilícita” en perjuicio del Estado.

El escrito presentado ayer por los diputados Héctor Recalde, Diana Conti, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Teresa García, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade recayó en el juzgado federal de Sergio Torres. Allí solicitan que se corra de manera “urgente” vista al fiscal y se realicen medidas de prueba, entre ellas la declaración indagatoria de los imputados y “el secuestro” de la causa por la venta de dólares a futuro que lleva adelante Bonadio.

Los diputados argumentan en su escrito que la devaluación que produjo la liberación del mercado de cambio que decretó el BCRA a cargo de Sturzenegger (procesado por el Megacanje del gobierno de la Alianza) y la autorización de Bonadio a cancelar el pago fue lo que según los denunciantes que dieron origen a la causa de la venta de dólares a futuro en plena campaña electoral –los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR)– definieron como “pérdidas estratosféricas” para el BCRA “generando ganancias ilícitas a grandes especuladores del exterior, grandes empresas, entidades financieras, inversores institucionales y personas físicas de alto patrimonio”.

Es decir, los legisladores del FpV-PJ sostienen que la devaluación del gobierno macrista dictada por Sturzenegger fue la que generó la diferencia en contra de la operación realizada por el BCRA durante la gestión kirchnerista y que la autorización de Bonadio para cancelar los pagos de esas operaciones habrían terminado de confirmar los propios supuestos delitos denunciados por los entonces diputados opositores de Cambiemos y por los que el juez federal ahora imputa por “asociación ilícita” en perjuicio del Estado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y otros nueve ex funcionarios de la gestión que estuvo en el Gobierno hasta el diez de diciembre pasado.

La supuesta comisión de delitos que los diputados del FpV piden que investigue a Sturzenegger y Bonadio son cuatro: “Defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares; abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público; prevaricato por parte del juez Claudio Bonadio, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos; tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad”.

A lo largo de 30 carillas, el texto de los diputados detalla el periplo de la denuncia iniciada por Pinedo y Negri el 30 de octubre de 2015, donde los diputados advierten que “un movimiento incluso moderado del tipo de cambio en la dirección contraria de la expectativa del BCRA eliminaría todo su patrimonio de un plumazo”. A lo que los legisladores del FpV responden que fue el gobierno de Cambiemos quien devaluó el peso.

También describe la difusión mediática que Bonadio le dio a la causa en medio de la campaña electoral, que irónicamente los diputados definen como la “inauguración de una nueva forma procesal: allanamiento preelectoral”. Incluso cuando allanó la sede del BCRA que paralizó las operaciones bursátiles para secuestrar la misma documentación que el propio banco le facilitó con copia certificada. Ese día, CFK definió la actitud de Bonadio como “corrida cambiaria judicial”. “Se quiere generar una devaluación usando la justicia”, sumó entonces el ministro Kicillof. El escrito transcribe el intercambio entre Sturzenegger y Bonadio donde el juez autoriza implícitamente el pago de las operaciones que investigaba como delito y que el magistrado le atribuye a la ex presidenta.