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A pesar del repentino conflicto con Estados Unidos, el Gobierno confía en que el FMI aprobará durante este mes la revisión de las metas del acuerdo con la Argentina. La presión que viene ejerciendo el organismo en favor de los acreedores, reclamando un mayor excedente fiscal para aumentar los pagos de la deuda, no llegaría esta vez al extremo de poner en riesgo el convenio. En el Ministerio de Economía consideran que las autoridades del Fondo darán un paso atrás, pues no tienen argumentos para bloquear la aprobación de las metas: los objetivos fiscales pautados para el último trimestre de 2003 se sobrecumplieron. Sin embargo, el equipo económico evalúa este episodio como el primero de una agotadora pulseada que tendrá lugar durante la mayor parte del año. Y no descarta que pueda haber nuevos roces la próxima semana.
Un dato revelador que aportaron a Página/12 fuentes de esa cartera es que además de exigir un mayor superávit fiscal, el FMI está pidiendo una fuerte apreciación del peso, para que dicho excedente fiscal sirva para comprar más dólares.
Los técnicos de Washington presionan para que el tipo de cambio real caiga a 1,25 peso. El nivel actual es de 2,08, tomando como base los precios de 2001. La estrategia de Economía es producir una apreciación mucho más gradual, pensando en un horizonte de 1,65 peso hacia el final de la década. De ese modo, las actividades productivas conservarían un amplio margen de la competitividad que ganaron con la devaluación. Esa estabilidad se traduciría en un crecimiento sostenido del empleo, con la generación de puestos de trabajo de mayor calidad. Un aspecto esencial de la política económica es un tipo de cambio real alto. El Fondo, en cambio, prioriza los intereses de los acreedores: exige mayor superávit y un dólar bajo, para que los pesos alcancen para comprar más dólares, que deberían entregarse a los bonistas.
La discusión excede el conflicto actual, que no es más que un primer intento del FMI por condicionar al Gobierno. Roberto Lavagna está preparado para un 2004 con fuertes peleas con el Fondo. El acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado se extiende al 2006, pero las metas fiscales se establecieron sólo para este año. La dificultad que se prevé para alcanzar un acuerdo sobre los compromisos fiscales de 2005 y 2006 queda de manifiesto en que ya en febrero vendrá una misión del Fondo para empezar a conversar sobre esos objetivos.
Para este año, la meta pactada fue de un superávit equivalente a 3 puntos del PIB, aunque el FMI ahora quiere subirla. El Gobierno esta vez tiene las de ganar, pero sabe que la negociación será difícil para convenir las metas de los próximos dos años.
Un argumento que expone Lavagna para contrarrestar los embates del Fondo es que elevar el superávit primario ahogaría el crecimiento económico. Y una de las razones es que impactaría negativamente sobre la inversión, variable que obsesiona a los economistas ortodoxos y al propio FMI. La versión del ministro es que el sector privado será reacio a poner capital en sus empresas si existe la posibilidad de que un aumento de impuestos le rebane una parte de las ganancias que obtendría con esas inversiones. Un escenario de incremento de la presión impositiva tomaría cuerpo si hubiera que conseguir un superávit primario elevado.
Lavagna expuso el tema con esa crudeza en el encuentro que mantuvo hace tres meses con los representantes de todas las cámaras empresarias. Les advirtió que si el Fondo y los acreedores se imponen, ellos también sufrirán las consecuencias. La amenaza latente de un impuestazo explica el decidido apoyo empresario a la propuesta del Gobierno de una quita del 75 por ciento. Sectores que supieron aplaudir las políticas ultraliberales de los ‘90 ahora acompañan al Poder Ejecutivo en su confrontación con el FMI y los tenedores de bonos. Otro motivo para ese respaldo es que muchos de esos mismos empresarios están negociando la reestructuración de las deudas de sus compañías, que también cayeron en default.
Para este año, el Gobierno asignó 10.000 millones de pesos al pago de la deuda. La suma equivale a 2,4 puntos del PIB, estimado en 416.000 millones de pesos para este año. Se trata de un monto fijo, que no variará por más que la economía crezca más de lo previsto (4 por ciento) y el PIB sea mayor. Las provincias, por su parte, se comprometieron a conseguir un superávit equivalente a 0,6 punto del PIB.
De los 10.000 millones que pondrá el gobierno nacional, 6849 millones serán para cancelar intereses de la deuda que no cayó en default (son básicamente los Boden), mientras que el resto irá a cancelar intereses con los organismos internacionales. La aclaración se hizo importante frente a versiones periodísticas que indicaron que se pagarían 1000 millones de pesos más porque el PIB crecerá más de lo proyectado. El Gobierno lo desmintió y ratificó que no se moverá de la suma presupuestada, por más presiones que reciba del FMI.