El jueves 6 de mayo de 2004, representantes de consumidores y empresas energéticas se reunieron en un pequeño salón del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en Suipacha al 600, para participar de la audiencia pública donde se iba a analizar el primer aumento en la tarifa posterior a la salida de la convertibilidad. El acuerdo del gobierno de Néstor Kirchner con las petroleras establecía ajustes sucesivos del precio del gas en boca de pozo que se iban a ir implementando hasta fines de 2006, con un valor final para el productor aproximado al vigente en dólares antes de la devaluación. El plan oficial contemplaba la posibilidad de aplicar un incremento para los usuarios residenciales durante ese período. Las organizaciones de consumidores rechazaron la propuesta y la audiencia se suspendió momentáneamente cuando uno de los asistentes vació una botella de agua mineral sobre las cabezas de los representantes empresarios. A las 21.40 se intentó reanudar el encuentro, pero como volvió a haber incidentes, el entonces presidente del Enargas, Héctor Formica, dio por concluida la audiencia y aclaró que quienes quisieran plantear objeciones podrían hacerlo por escrito dentro de las próximas 48 horas. De ese modo, la audiencia quedó firme y se le dio vía libre a la primera modificación de los cuadros tarifarios durante el kirchnerismo, aunque en esos años sólo Gas Natural Ban cerró un acuerdo con el gobierno, retirando su demanda del CIADI, y aplicó una suba a los hogares que osciló entre el 5 y el 15 por ciento. Aquella audiencia pública, realizada hace ya más de 12 años, es la que el Ministerio de Energía considera que ahora avala el ajuste en la tarifa de gas que se implementó a partir de abril de este año y así se lo hizo saber a la Sala II de la Cámara Federal de la Plata, aunque el tribunal no la consideró válida y por eso anuló el aumento.

El argumento oficial es que el tarifazo actual no es consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino de una “adecuación transitoria” que continúa con una negociación contractual iniciada en 2003 y que aún no concluyó porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que –entiende– no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”, sostuvo la abogada del Ministerio de Energía, Jimena Diez, según reflejó la Sala II de la Cámara Federal de la Plata en el fallo del jueves 7 de julio que anuló la suba del gas. “Dicha afirmación no resiste análisis como justificativo de la ausencia de celebración de audiencia pública previa al dictado de las resoluciones 31/2016 y 28/2016, medidas que conllevan una implicancia económica directa sobre las tarifas del servicio público de gas natural, toda vez que no se puede tener por satisfecha la obligación fundamental del Estado, respecto de los usuarios y consumidores, de brindar las herramientas de participación y protección de los derechos constitucionales de incidencia colectiva, a través de audiencias públicas celebradas años atrás”, replicó el camarista César Álvarez al detallar sus fundamentos sin tener que esforzarse demasiado para refutar el asombroso argumento del Gobierno.

Para intentar descomprimir la situación, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo durante el anuncio del lunes pasado que la audiencia pública se realizará en octubre, pero esa audiencia corresponde a la RTI que establecerá los aumentos del próximo año y no está relacionada con el tarifazo implementado en abril. Página/12 le remarcó esta situación a Aranguren en una reunión con periodistas que se realizó el lunes después de los anuncios, pero el funcionario insistió con que el aumento que se aplicó ahora no requiere una nueva audiencia pública porque es una “adecuación transitoria”. Este diario le preguntó si no hubiera sido más sencillo para el gobierno avanzar directamente en marzo con la RTI, y su correspondiente audiencia pública, ya que la misma no es vinculante, y probablemente por estos días ya hubieran podido aplicar el aumento, como está por suceder con la tarifa del subte. “Nuestra intención fue que las nuevas tarifas estuviesen vigentes antes del inicio del invierno”, respondió el ministro, dejando en claro que con la RTI el tarifazo de gas hubiera demorado más tiempo del deseado.

Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aumentó el precio del gas en abril de 2014, también se objetó la falta de audiencia pública y la respuesta oficial fue que se había aplicado una quita parcial de subsidios y no un aumento de tarifas. Incluso se remarcó que quienes no estaban en condiciones de afrontar el ajuste y quienes lograran reducir su consumo al menos un 20 por ciento con respecto al mismo período del año anterior no sufrirían cambios. El argumento era discutible porque los hogares que entonces no redujeron su consumo, ni quedaron en la lista de exceptuados por motivos económicos, tuvieron que afrontar subas de hasta un 700 por ciento. En ese momento, la Justicia también hizo lugar a amparos en numerosas localidades que siguieron pagando las facturas sin aumento. Ahora la historia se repite, pero con subas generalizadas y aún mayores, y parece que finalmente será la Corte Suprema la encargada de resolver el tema.