Un informe de la Procuraduría antilavado reportó grandes incongruencias en las declaraciones juradas de Mauricio Macri presentadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y ante la Oficina Anticorrupción (OA) nacional el año pasado. Una de las más ilustrativas, a modo de ejemplo, es que a la ciudad le dijo que tiene acciones en total por 27, 5 millones de pesos y a la OA 13 centavos. Del análisis de los formularios completados por el Presidente, también surge que omitió completar los casilleros que requieren información sobre participación en sociedades fuera del país. Es decir, no dice nada sobre las offshore Fleg Trading y Kagemusha, la primera de ellas detectada en los Panamá Papers y la segunda en un registro público panameño. El juez federal Sebastián Casanello pidió el trabajo de la procuraduría especializada para incorporarlo a su investigación sobre la presunta omisión de datos del Presidente en sus declaraciones juradas y otros posibles delitos derivados.

A entender de algunos funcionarios judiciales, la ausencia de datos sobre las sociedades offshore en las que Macri tuvo o tiene participación en los casilleros que exigen incluirla podría configurar un delito. En Kagemusha, que figura como una firma que data de 1981 pero está activa, Mauricio Macri es vicepresidente, su padre Franco preside el directorio y su hermano Gianfranco es secretario. Esta información también fue verificada por la Unidad de Información Financiera (UIF). Sobre Fleg Trading Limited, creada en 1998, Macri dijo que no operaba. Sin embargo, un reciente dictamen del fiscal Federico Delgado, muestra que habría estado en actividad y relacionada con sociedades de la familia Macri: a través de Socma, Fleg se habría quedado con casi todo el capital de la firma Owners Do Brasil, que se usó para instalar Pago Fácil en ese país, tal como reveló Página/12. Fleg paga, según el esquema del fiscal, cerca de 9 millones de dólares a Owners. Una línea de investigación, quizá la que podría tener implicancias más graves, señala que esa cifra fue la que pagaron los socios para un convenio firmado con el Hotel Nuraghe Portorotondo S.p.A en Italia.

El informe que elaboró Procelac –que conduce el fiscal Gabriel Pérez Barberá– estaba hecho para una causa que se abrió en función de una denuncia de la ex legisladora Gabriela Cerruti, que luego fue ampliada con los Panamá Papers. Muchas de las discrepancias que señalaba Cerruti en su denuncia fueron confirmadas por la procuraduría. Además de la abismal diferencia entre 27, 5 millones en la declaración ante la ciudad y los 13 centavos en la OA, en la primera no declara cuentas en Suiza y ante la Nación sí, dice que tiene 7,5 millones de pesos originados en una “venta de activos”. En la ciudad señala una cuenta en Estados Unidos. Según una versión, sería la misma, ya que era del Banco Merrill Lynch que fue comprado por el Julius Baer y se trasladó a Suiza. En la ciudad señalaba una caja de ahorro en dólares por un monto de 83000 y una cuenta corriente también en dólares por 1,3 millones. Pero en la OA informó una caja de ahorros de casi 705 mil pesos y depósitos en cuenta corriente por 10, 4 millones. Entre las “acreencias”, en la ciudad señaló un total de 28,2 millones de pesos sin especificar nada y en la OA declaró 20,4 millones con algunos detalles como una deuda de su amigo empresario Nicolás Caputo.

En la causa a cargo de Casanello, el diputado Darío Martínez también denunció inconsistencias pero dentro de una misma declaración, como informó Página/12. Las catorce empresas que declara aparecen valuadas en cero, pero como mínimo tendría que figurar el porcentaje accionario, según Martínez. En 2015 decía poseer desde 2008 el 0,01 por ciento de las acciones de Yacylec SA, pero cuando las vende, figura que representan el 5,33 por ciento. En 2013 declara una chacra en Uruguay de 33 hectáreas y dice que la compró con fondos propios; en 2014 la misma chacra tiene apenas 40 metros cuadrados y dice que la recibió en donación; al comienzo del ejercicio 2015 decía que tenía 2000 metros cuadrados y al final, que tenía 33 mil. La compra, según la declaración habría sido concretada a 8000 dólares la hectárea en 2010.