Desde Brasilia

La Procuraduría General de la República determinó que Dilma Rousseff es inocente de los cargos que se le imputan en el juicio político lanzado hace tres meses por el ahora ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien acaba de renunciar al cargo tras ser procesado por el Supremo Tribunal Federal ante las evidencias de que fue uno de los cabecillas de la asociación ilícita dedicada a saquear a Petrobras.

Mientras el artífice del impeachment Cunha parece condenado a perder el foro parlamentario y hasta ser preso, Rousseff no ha sido manchada directamente por ningún hecho de corrupción. Carlos Iván Marx, responsable de la Procuraduría de la República en Brasilia, archivó el caso contra Rousseff en razón de la inexistencia de elementos que demuestren que se valió de su autoridad para causar perjuicios económicos al Estado. El proceso fue abierto a instancias del Tribunal de Cuentas de la Unión, un organismo consultivo del Parlamento, que acusó a Rousseff de manipular a los bancos públicos para financiar el plan Safra, de fomento rural.

Para la Procuraduría esa acusación es inconsistente pues quedó demostrado que el gobierno no contrajo créditos de los bancos estatales para financiar ese programa de estímulo a los pequeños y medios productores rurales. En resumen: la mandataria suspendida desde el 12 de mayo, cuando la sucedió el vicepresidente Michel Temer, no incurrió en las así llamadas “pedaleadas fiscales” que le fueron imputadas por la oposición para abrir el impeachment que se tramita actualmente en una Comisión Especial de la Cámara alta.

“Los términos de la resolución de la Procuraduría son categóricos, la presidenta es inocente y queda claro que esto es un golpe para colocar a un presidente ilegítimo como es Temer” aseveró la senadora Fátima Bezerra del PT. “Este fue otro duro golpe contra los golpistas, que cada día enfrentan más problemas para justificar el impeachment” sostuvo el dirigente petista Wagner , ex ministro de los gobiernos de Dilma y Luiz Inácio Lula da Silva.

Los senadores petistas anunciaron que posiblemente demandarán la suspensión del impeachment y pedirán que el fiscal Marx sea citado para que exponga los motivos de su decisión. Si en Brasil imperara un sistema político surgido del voto popular , como ocurre en el resto de América del Sur, la decisión de la Procuraduría habría causado en estremecimiento institucional y puesto en entredicho la legitimidad del enjuiciamiento. Pero ese sacudón no ocurrió debido al carácter anómalo del régimen conducido por Temer sostenido en el voto calificado de banqueros, editores y sectores del poder judicial.

En la lógica del nuevo (viejo) orden surgido de la caída de la presidenta electa sólo importan los grupos a los que Temer les rinde cuentas a diario. Al hablar ante empresarios el gobernante interino reconoció, en un lapso de sincericidio, que su “misión” es reencauzar al país mediante una políticas “impopulares” sin temer a la reacción de la sociedad.

El caso es que ayer la exculpación judicial de Dilma Rousseff fue omitida por los ocupantes del Palacio del Planalto y ninguneado en los medios privados.

Ningún diario de tirada nacional colocó en lo alto de sus primeras páginas que la Procuraduría General de la República dictaminó que no hay nada contra ella. Esos mismos grupos de comunicación notician, y amplifican, las decisiones de los jueces o fiscales alineados al partido judicial ocupado en expulsar a Dilma en agosto, cuando concluirá el impeachment, y obstruir (incluso hasta con la prisión) el retorno de Lula que esta semana reunió a miles de personas en su primera gira política tras semanas de retiro político.

Contra la opacidad imperante en la prensa nativa, parte de los medios internacionales están dando cuenta de la realidad de un país en plena regresión democrática. Esta semana el diario Le Monde publicó un artículo sobre el “golpe” del historiador Laurent Vidal y en el norteamericano Washington Post escribió una nota sobre las dudas de algunos presidentes en viajar a Brasil durante las Olimpíadas debido a sus problemas institucionales. Seguramente las próximas semanas, en vísperas de los Juegos, generarán más hechos que permitan revelar a la opinión pública internacional la realidad brasileña.

Ayer los campesinos sin tierra, la Central Unica de los Trabajadores y otros movimientos sociales anunciaron un plan de movilizaciones que se iniciará a fin de julio y continuará durante las Olimpíadas cuya ceremonia inaugural será televisada a miles de millones espectadores de todo el mundo.

La semana próxima el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel presidirá un tribunal internacional que se reunirá en Rio de Janeiro para evaluar el proceso contra Rousseff, informó el sendor petista Lindenbergh Farias. Se trata de un proyecto similar al Tribunal Russell que trató sobre los crímenes cometidos por las fuerzas armadas norteamericanas durante la Guerra de Vietnam. Junto al Nobel argentino estarán el obispo mexicano Raúl Vera, que sucedió al recordado Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, el italiano Giovani Pognoni miembro del Tribunal de los Pueblos y la senadora francesa Lauence Cohen, del Partido Comunista y la abogada estadounidense Almudema Bernabeu, directora del Programa de Justicia de Trancisión del Centro Justicia y Responsabilidad.

Probablemente esa corte extraordinaria incluirá en su debate el parecer de la Procuraduría de la República publicado el jueves junto a un laudo de un equipo de peritos del Senado, que el mes pasado, el cual también concluyó que Rousseff no puede ser imputada por las “pedaleadas fiscales”.