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Una vez más, la séptima en algunos casos después de la devaluación, las principales empresas de medicina prepaga comunicaron un aumento de tarifas a sus afiliados. El ajuste entra en vigencia el 1 de febrero y oscila entre 10 y 16 por ciento. El enojo de los usuarios se manifiesta en la multiplicación de las denuncias ante los organismos de defensa del consumidor. Las oficinas de atención al cliente de las propias compañías están teniendo que soportar un aluvión de llamados indignados por el nuevo incremento. Llegado este punto, el Gobierno decidió intervenir. Y anticipó que lo hará con dureza: aplicará las leyes de defensa de la competencia y del consumidor para que las prepagas cancelen el aumento. “La suba es injustificada”, sentenció en diálogo con Página/12 la subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja. La funcionaria citó para hoy a una reunión a las tres cámaras que agrupan a las empresas de salud, con la expectativa de que tras ese encuentro den marcha atrás con la decisión de elevar las tarifas.
Junto a Vaca Narvaja estarán el superintendente de Salud, Rubén Torres, el director de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Fortuna, y distintas asociaciones de defensa de los usuarios que también recogieron las quejas de sus asociados. Por el sector empresario asistirán los principales directivos de Ademp, Cimara y Acami, las tres cámaras que nuclean a las prepagas. Un elemento decisivo que juega a su favor es que la actividad está desregulada. No hay ninguna ley que les imponga límites a las tarifas que pueden aplicar. El Congreso vio pasar varios proyectos de ley para fijarles un marco de funcionamiento, pero en veinte años de democracia ninguno de ellos consiguió la aprobación. Vaca Narvaja reconoció la necesidad de regular el sistema.
La funcionaria, de todos modos, indicó que el Gobierno tiene medios para forzar a las empresas a desistir del aumento. “Si bien hay una situación de libertad de mercado, hay una gran cantidad de ciudadanos afiliados a las prepagas que por su edad o por estar en tratamiento médico no pueden pasarse a otra prestadora frente a una suba de la tarifa. No pueden hacerlo porque ninguna compañía los aceptaría. Como no pueden usar su derecho a elección, los incrementos se tornan abusivos a la luz de la ley de defensa del consumidor”, explicó Vaca Narvaja a este diario.
El hecho de que distintas empresas, hayan resuelto aplicar la suba desde la misma fecha y en porcentajes similares, le permite al Gobierno jugar una carta de mayor presión: una posible denuncia de cartelización. “Vamos a iniciar una investigación para determinar si las empresas establecieron acuerdos indebidos en perjuicio de sus clientes”, reveló la subsecretaria. De ser así, la ley autoriza al Gobierno a aplicar multas y ordenar la cancelación de los incrementos. Este elemento es el que alimenta esperanzas de que los empresarios retrocedan. De todos modos, Vaca Narvaja señaló que las averiguaciones continuarán y, además, informó que acaba de solicitarle a la Comisión de Defensa de la Competencia que inicie un estudio global sobre el funcionamiento del mercado de la salud, para determinar de manera fehaciente si existen situaciones de abuso. El negocio es de una gran dimensión: hay cerca de dos millones de personas afiliadas al sistema.
Vaca Narvaja adelantó las razones por las cuales el Gobierno entiende que el último aumento de tarifas es “injustificado”. Uno a uno, la funcionaria retrucó los argumentos que exponen las empresas para justificar el ajuste:
- Insumos importados: “No es cierto que los insumos hospitalarios importados hayan aumentado de precio en el último tiempo. En 2002 el dólar llegó a los 4 pesos, después bajó a 3,70 y hoy está a menos de 3 pesos. Si es por el dólar, las prepagas deberían bajar las tarifas”.
- Ampliación en la cobertura de medicamentos: el Ministerio de Salud anunció que en 70 principios activos de medicamentos de uso masivo, que se utilizan en enfermedades cardíacas, diarrea crónica, problemas de colesterol, asma, epilepsia y Mal de Parkinson, entre otras, la cobertura de los prestadores de salud deberá elevarse del 40 al 70 por ciento. En esa cartera dijeron ayer a Página/12 que la medida se implementará en el corto plazo y que la decisión política es inamovible. Las prepagas aducen que esa decisión eleva sus costos. “Cuando la Ley de Emergencia Económica redujo la cobertura del 50 al 40 por ciento las empresas no trasladaron la reducción a sus usuarios”, contestó Vaca Narvaja, quien agregó que “desde la sanción de la Ley de Genéricos, los precios de los medicamentos bajaron y eso tampoco lo reflejaron en sus tarifas”. Además, señaló que un estudio de la cartera de Salud demuestra que la suba de la cobertura del 40 al 70 por ciento en algunos remedios justificaría, en el peor de los casos, un incremento en la tarifa de las prepagas menor al 1 por ciento.
- Aumento salarial: “Los 50 pesos de suma fija no remunerativa que las empresas tienen que pagar desde enero no justifica de ningún modo un ajuste de las prepagas de la magnitud que están planteando”, aseguró.
- Aumentos ocultos: “Hace tiempo que las prepagas cambian las condiciones de sus planes, achicando la cobertura sin bajar la tarifa, lo que constituye aumentos encubiertos”, denunció.
- Tarifas: “Los datos oficiales del Indec revelan que entre diciembre de 1991 y diciembre de 2003, las prepagas aumentaron un 100 por ciento, a pesar de que hubo períodos de deflación”, precisó.
Desde la devaluación, la suba promedio fue cercana al 30 por ciento, por lo que el incremento rondaría el 40 por ciento con el nuevo ajuste. Un elemento adicional que lo hace menos comprensible es que en noviembre pasado se beneficiaron con una reducción impositiva. En la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de Ingresos Brutos se redujo para ellas de 3 a 1,1 punto mensual. Ese menor costo tampoco se tradujo en una reducción de la cuota. Por otra parte, distintos colegios profesionales denuncian que el valor de la consulta médica está congelado desde 1992 y que cobran a 60 o 90 días. Para completar el cuadro hay que decir que las prepagas llegan a aplicar punitorios de hasta 10 por ciento mensual a sus clientes morosos, el doble de lo que cobran las tarjetas de crédito.