EL PAíS
Según Aníbal Fernández, Batlle es campeón mundial
El ministro del Interior escaló el duro cruce de declaraciones entre los gobiernos argentino y uruguayo. Tildó al presidente oriental de “campeón mundial de la agresión contra Argentina”.
Por Fernando Cibeira
La tensión diplomática entre Argentina y Uruguay está llegando a su clímax. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, calificó ayer al presidente uruguayo, Jorge Batlle, como “el campeón mundial de la agresión a los argentinos”, y advirtió que el gobierno de Néstor Kirchner insistirá en sus reclamos por el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos. Batlle estuvo hasta tarde reunido con sus asesores, pero no sacó el anunciado comunicado con el que contestará las declaraciones argentinas. Según informaron en la Cancillería uruguaya, el documento se conocerá hoy y se limitará a detallar los pasos realizados por el gobierno de Batlle respecto del esclarecimiento –tal vez habría que decir encubrimiento– de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. Habrá también una recomendación de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países dirigida a Kirchner.
“Es un error de su parte si se piensa que nos vamos a callar”, sostuvo ayer Aníbal Fernández. El ministro del Interior se refería a los pedidos de esclarecimiento por la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, un caso que para el gobierno argentino es “una cuestión de Estado”, según la explicación que dan en la Casa Rosada.
“No tengo por qué meterme con un presidente extranjero, pero no estamos muy convencidos, o no nos parece justo, que cada vez que hablamos con propiedad de problemas que les han sucedido a los argentinos o a los uruguayos nos castiguen o nos agredan de esta manera”, agregó Fernández.
La semana pasada el Gobierno presentó una querella ante el juez federal Claudio Bonadío, para que 10 militares y policías uruguayos sean citados a declarar en la investigación por esta desaparición, lo que reinició una polémica latente entre los gobiernos rioplatenses. “Se generó una discusión en boca de su Presidente como si fuera un retruco”, graficó Fernández.
Lo que dijo Batlle fue que era grave preocuparse por un solo caso y olvidarse de “los 80 uruguayos que desaparecieron en la Argentina”. La Cancillería argentina le marcó su error: según los registros oficiales los desaparecidos uruguayos son 128. O 152 de acuerdo con los números de los organismos de derechos humanos. “Acá se ha averiguado por la Justicia, él debería rectificarse con ese tema y preocuparse de que en Uruguay pase lo mismo”, lo cruzó Kirchner el sábado pasado. Además, calificó la salida de Batlle como “un exabrupto”.
El gobierno uruguayo no respondió y su Cancillería anticipó que realizaba una “pormenorizada evaluación” de lo que estaba sucediendo para ofrecer una “clara y oportuna respuesta” que se daría a conocer en forma de comunicado. Supuestamente ayer, aunque a última hora se lo postergó para hoy.
Pese al silencio uruguayo, en el gobierno de Kirchner –como sucedió desde que se reinició la polémica– hubo un funcionario dispuesto a discutir la cuestión. Ayer fue el turno del ministro Fernández. “Lo que el Presidente ha hecho, sin inmiscuirse en la vida del Uruguay, es reclamar por acciones que nos permitan conocer qué sucedió con la nuera de Gelman”, explicó. Con todo, aclaró que “la relación con Uruguay, entre los pueblos, siempre fue muy buena”. También dijo que “somos prácticamente la misma cosa” y que “no puede dividirnos el Río de la Plata”.
Guerra de comunicados
Batlle se reunió ayer con su canciller Didier Opertti, el secretario general de la Presidencia, Raúl Lago, y el asesor Carlos Ramella. El asesor Ramella es el mismo que en diciembre calificó a Kirchner como “agitador o simpatizante de las guerrillas”. Fue luego de que el gobierno argentino rechazara la designación de un represor como agregado militar de la embajada uruguaya en Buenos Aires. Según trascendió, lo que se delineó en la reunión fue un comunicado que hará un repaso de la posición del gobierno uruguayo respecto de la desaparición de Irureta Goyena. También se hará una defensa del principio de no intervención.
“Tenemos la voluntad firme, clara e inequívoca de dar a la opinión pública una información necesaria, prudente, clara y concisa, que saque el tema de un terreno de guerra de comunicados”, declaró al término del encuentro el canciller Opertti, tan efecto a los adjetivos como los comunicados de su ministerio. Opertti autocalificó su postura como “prudente y responsable” y la evaluó como “la contribución que Uruguay debe hacer para que este cuadro de comunicados y declaraciones recupere el nivel de una relación normal, significativa e histórica”.
Irureta Goyena fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y llevada a Uruguay. Tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. Le robaron a su hija y a ella la mataron. En el 2000 Gelman halló a su nieta y comenzó la búsqueda de los restos de su nuera. En su lucha consiguió una gran cantidad de apoyos a nivel internacional y, desde que asumió Kirchner, también el sostén del gobierno argentino. Cada vez que se encuentran, Kirchner le reclama la información a Batlle, lo que pone al uruguayo muy nervioso.
El Presidente argentino perdió definitivamente la paciencia cuando –luego de una entrevista que mantuvieron en noviembre en la que Batlle le prometió reactivar la investigación– se enteró del archivo de las actuaciones luego de que el gobierno uruguayo las consideró dentro de lo estipulado por la Ley de Caducidad, la amnistía que se dictó para los crímenes ocurridos durante la dictadura.
Desde ahí la relación entre los dos presidentes sólo empeoró. Kirchner ya no disimula sus ganas de que en las elecciones de este año triunfe el candidato del Frente Amplio, el ex intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, a quien está dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. Tabaré va puntero en las encuestas de intención de voto y el apoyo de Kirchner tiene muy inquietos a los dirigentes de los partidos Colorado y Blanco. De ahí que en Montevideo estén pensando en un comunicado donde se recuerde el principio de no intervención en los asuntos internos de ambos países como una tradición del más puro cuño rioplatense.