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Diversos barrios carenciados y villas de emergencia de la Capital Federal y del conurbano bonaerense fueron beneficiados con un programa especial para contar con el servicio de agua potable y cloacas. El plan –denominado Modelo Participativo de Gestión– fue establecido ayer por el Etoss, el ente que regula ese servicio. Cada familia pagará una factura bimestral de entre 4 y 5 pesos. A su vez, la empresa Aguas Argentinas se comprometió a efectuar esas conexiones sin cobrar cargos, mientras que los intendentes pondrán los materiales y las maquinarias necesarios y los vecinos, la mano de obra necesaria. El Etoss será el garante del control de los acuerdos.
Los barrios del conurbano beneficiados se encuentran en los municipios de San Fernando, La Matanza, 3 de Febrero y Almirante Brown. En total afecta a 70 mil personas, que pagarán una tarifa especial por el servicio. En promedio, una familia tipo abona unos 45 pesos bimestrales por el agua. Como parte de este proceso ya pactaron 33 obras, algunas fueron terminadas e incluso están a punto de inaugurarse.
El programa, cuyo objetivo central es evitar el riesgo sanitario en los barrios carenciados, no es novedoso. Es un plan que Aguas Argentinas adhirió en forma voluntaria y no forma parte del contrato de concesión. El problema es que nunca se puso en práctica porque el ente regulador no lo reglamentó. Recién lo hizo ayer. El programa dice que la compañía debería destinar entre 4 y 5 millones de pesos en este plan.
A la medida, dispuesta a través de la resolución 1/2004 del organismo regulador, publicada ayer en el Boletín Oficial, puede adherirse cualquier familia que habite en barrios carenciados. Para lograrlo debe anotarse en el municipio respectivo. Cada municipio tiene un cupo para la aplicación de esta tarifa diferenciada, que varía según el índice de pobreza que registren. El Etoss, a su vez, determina la distribución de dicho beneficio y lo notifica a Aguas Argentinas, que lo aplica durante un año. Fuentes del organismo contralor dijeron que la medida refleja la decisión política del Gobierno de hacer cumplir lo firmado con anterioridad y que nunca se cumplió.