Las compañías de telefonía móvil tienen tiempo hasta hoy para presentar una oferta de referencia ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dirigida a las firmas interesadas en ofrecer servicios como Operadores Móviles Virtuales (OMVs). Según el reglamento de OMVs, una vez publicadas las ofertas en la página oficial de la autoridad de aplicación se abre un período de 60 días corridos dentro de los cuales los entrantes deberán manifestar su intención de suscribir acuerdos de servicios con los operadores dominantes del mercado, que son los que controlan las bandas de frecuencia de espectro sobre las que los nuevos jugadores deberán operar. Una vez que presentan una solicitud por escrito ante un Operador Móvil de Red (Movistar, Claro o Personal), se abre otro plazo de 60 días corridos en el que las partes intentarán ponerse de acuerdo. Si no lo logran, el OMV puede solicitar la intervención de la autoridad de aplicación, la cual debe dar traslado a la otra parte por el término de 10 días hábiles. Vencido ese plazo se convoca a una audiencia y dentro de los 10 días hábiles siguientes el regulador debe resolver la disputa de manera preliminar. Fuentes de las telefónicas dejaron en claro a Página/12 que su interés es mejorar el servicio que prestan y la posibilidad de compartir su red con un tercero no es algo que le entusiasme particularmente porque les resta capacidad de tráfico de datos. Por lo tanto, lo más probable es que la oferta inicial que hagan sea lo suficientemente desalentadora como para demorar el ingreso de los OMVs lo máximo posible. Esto significa que el desembarco de nuevos jugadores podría retrasarse incluso hasta el año próximo.

Los especialistas coinciden en que los OMVs podrían llegar a alcanzar una participación de mercado en torno del 10 por ciento del total de usuarios de telefonía móvil a partir de un mejor aprovechamiento de ciertos nichos de mercado. En ningún lugar del mundo esta modalidad puso en jaque el negocio de los operadores dominantes porque son estos últimos los que controlan la red sobre los que brindan servicio sus nuevos competidores. Igual, las telcos suelen ser reacias a que se habilite esta posibilidad porque les molesta que la autoridad regulatoria y otros jugadores conozcan en detalle la disponibilidad de sus redes. Lo mismo suele suceder con la ubicación de sus antenas. Las empresas se quejan de que los municipios no les autorizan la instalación por cuestiones ambientales pero cuando el regulador les pide un mapeo detallado de las antenas que ya tienen y de los lugares donde querrían sumar no terminan de ser del todo explícitas con esos datos porque tienen temor de que la competencia acceda a esa información o que el regulador la utilice para aceitar algunos controles.

El reglamento publicado el 5 de mayo en el Boletín Oficial como anexo de la resolución 38, estableció que para brindar servicios de comunicaciones móviles como OMV los prestadores deben contar con una licencia única de Argentina Digital y el registro de OMV. A su vez, la norma explicitó que los Operadores Móviles de Red debían presentar dentro de los próximos 120 días corridos una oferta de referencia para cada una de las áreas de explotación en las que tengan asignadas bandas de frecuencias dirigidas a los interesados en actuar como OMVs. Ese plazo es el que vence hoy. Una vez que la oferta se publique, los OMVs tienen 60 días para manifestar su interés en suscribir un acuerdo. Hasta el momento, los OMVs habilitados por Enacom son Telecentro y la telefónica estadounidense Virgin. El resto de los interesados, más de veinte pymes y cooperativas nacionales, todavía están esperando que les otorguen la autorización.

El reglamento dice que los operadores que poseen la red deben brindarles acceso a los nuevos operadores e interconexión “conforme a los precios, términos y condiciones fijados libremente entre las partes”, aunque se aclara que en caso de conflictos la autoridad de aplicación exigirá que los precios para acceder a las redes sean “razonables y no discriminatorios”. Salvo en el caso de la multinacional Virgin, que tiene acuerdos con las telefónicas en otros países donde ya opera como OMV, el resto de los entrantes saben que no les será fácil ponerse de acuerdo con los operadores dominantes. Por lo tanto, esperan que el regulador fije precios de referencia de interconexión y del uso de la infraestructura para ordenar las negociaciones que tendrán que encarar con Movistar, Claro y Personal. La resolución 38 establece que las partes deben celebrar los convenios en base a las pautas establecidas en el Reglamento Nacional de Interconexión, aprobado como anexo del decreto 764 de 2000 que desreguló el mercado telefónico. No obstante, ese acuerdo incluía una serie de disposiciones transitorias entre las que figuraban valores de interconexión referenciales calculados a partir de una canasta de precios que sería de aplicación en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo. Esos precios son los que debería actualizar el regulador.

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