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Mientras la Argentina es blanco de una creciente presión por parte del Fondo Monetario, de varios de los países centrales que pesan en su directorio y por supuesto de las agrupaciones de bonistas defolteados, la realidad es que el país canceló obligaciones con los organismos financieros internacionales durante los años 2002 y 2003 por un cifra neta record de 7278 millones de dólares. Este es la impresionante transferencia líquida que resulta de haber recibido desembolsos por 9329 millones y haber efectuado pagos por 16.607 millones de dólares. Tal el cálculo efectuado por M&S, la consultora de los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, en base a datos del Banco Central. El guarismo supera largamente al mencionado por el propio ministro de Economía, Roberto Lavagna, en un artículo que publicó ayer bajo su firma en el diario La Nación. El hace allí referencia a “más de 6000 millones”. De acuerdo a M&S, se quedó corto en unos mil millones.
Si el FMI no sellara con un visto bueno la inminente segunda revisión de su acuerdo con la Argentina, ésta enfrentaría en marzo la disyuntiva de tener que añadir a la mencionada sangría neta de recursos los dólares correspondientes a un nuevo y grueso vencimiento. Su monto es de 2090 millones de DEG (Derechos especiales de giro, particular cesta de monedas con que se maneja el organismo). A la equivalencia de ayer, esa obligación trepa a 3117 millones de dólares. El gobierno nacional ya adelantó que no piensa pagar con reservas, a menos que el FMI le asegure la pronta reposición de esas divisas, lo que implica el aprobado en la revisión.
Como recuerda Luis Lucioni, de la radical Fundación CECE, estos 2090 millones de DEG fueron desembolsados por el Fondo el 10 de septiembre de 2001. Provenían de un cajón específico, llamado Línea Complementaria de Reservas, y fueron otorgados como respaldo al recordado Plan de Déficit Cero, en base al cual el presidente Fernando de la Rúa y su ministro Domingo Cavallo proclamaron el 9 de julio de ese año la independencia económica de la nación.
Los 2090 millones formaban parte de un paquete de 4181 millones de DEG, que debían ser devueltos en dos cuotas semestrales, con un año de gracia. La Argentina pagó en septiembre de 2003 la cuota que le venció en el mismo mes de 2002, y ahora tendría que abonar la vencida el 9 de marzo de 2003. El primer vencimiento es siempre casi automáticamente prorrogable, ya que se lo incluye en el llamado “cronograma esperado”, pero el segundo es impostergable, porque integra el “cronograma obligatorio”. Todo ese dinero que fue contrapartida del Plan de Déficit Cero sirvió para emparchar las reservas y financiar la fuga de capitales. Esa plata, que hoy está en manos de bancos y particulares, es ahora deuda que el Estado debe devolver.
Los pagos netos efectuados por el país a los organismos financieros internacionales sumaron 4580 millones de dólares en 2002, año en que no recibió desembolso alguno, y 12.027 millones en 2003, frente a desembolsos por 9329 millones durante ese ejercicio. La transferencia neta de 7278 millones se descompone en 4182 millones en concepto de capital (en un 92 por ciento correspondientes a Banco Mundial y BID) y 3096 millones en intereses, de modo que es la primera cifra la que el país podría reclamar le sea repuesta como financiación a largo plazo, con el argumento de que es insólito que a una economía que afronta una aplastante crisis de deuda las instituciones multilaterales no la estén ayudando sino encima succionando recursos.
La verdadera cuantía de las transferencias netas que la Argentina vino realizando en favor de los organismos en los dramáticos tiempos que siguieron al colapso de la convertibilidad sorprende incluso a los iniciados. A un economista argentino de la sede local de una importante multinacional se le ocurrió el ejercicio de pedirles a otros diez economistas que por favor le dijeran cuánta plata neta había girado el país a los organismos financieros multilaterales en los dos últimos años. Ninguna respuesta se aproximó a la auténtica cifra. El que más cerca anduvo contestó 5500 millones de dólares, y aun así se quedó casi un 25 por ciento corto.
Cuando el Fondo suscribió con la Argentina el acuerdo que está vigente, adoptó una actitud prescindente respecto de la renegociación de la deuda con los bonistas, pero ya desde el 17 de diciembre último, cuando debería haber aprobado la primera revisión, fue abandonando la prescindencia y volcando su capacidad de presión en favor de los acreedores privados. Sin embargo, no ofreció convertirse en parte de la solución, restituyéndole al país los casi 4200 millones de cancelación de capital neta que le extrajo durante los dos últimos años.