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Las empresas de medicina prepaga aumentarán sus cuotas un diez por ciento menos de lo previsto, otorgando un mes de gracia a partir del momento en que comunicaron el ajuste a sus clientes. Estos, a su vez, tendrán la posibilidad de cambiar libremente de plan dentro de la misma empresa, aun si son ancianos o víctimas de “patologías complejas”. Las condiciones surgen de un acuerdo celebrado ayer por la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y las tres principales cámaras patronales del sector, que incluye el compromiso de mantener los nuevos precios hasta fin de año. Para entonces, una comisión mixta habrá terminado de redactar el primer marco legal de la actividad, hasta ahora no sujeta a normas específicas y amparada por el régimen de precios libres. Esa proyectada regulación incluirá desde condiciones para instalar una prestadora hasta la eliminación del período de carencia para quienes decidan pasarse de una compañía a otra.
El pacto fue resultado de varios días de compleja negociación, bajo el paraguas de las medidas cautelares interpuestas por aquella dependencia oficial para bloquear los aumentos dispuestos por una veintena de prepagas. La Justicia congeló esos precios admitiendo el argumento oficial de que la manera de disponerlos violaba la Ley de Defensa del Consumidor: ninguna compañía había avisado con antelación su determinación de ajustar las tarifas, no había precisado razones ni habilitado a sus clientes para que optaran por un programa más barato.
Fue casi un ardid para forzar a las empresas a discutir sobre un tema que éstas no están obligadas a resolver con la venia oficial, ya que la medicina prepaga no tiene precios regulados. El recurso parece haber resultado eficaz, al menos para moderar las subas ya dispuestas por las empresas y como punto de partida para subsanar un vacío legal por el cual hoy casi no existen restricciones para instalar una prestadora y fijar condiciones a los clientes que éstas consigan.
Según el compromiso suscripto ayer por Cimara, Ademp y Acami –las tres entidades de prepagas que intervinieron en el acuerdo–, los nuevos precios estarán vigentes sólo un mes después del momento en que comenzaron a cobrarse. Según el ejemplo ofrecido por la propia subsecretaria Patricia Vaca Narvaja a este diario, si una compañía ajustó la tarifa desde diciembre, ahora sólo podrá cobrar el nuevo precio desde enero, y reduciendo su ajuste un 10 por ciento. Finalmente, los importes que hubieran recaudado de más según esos cálculos tendrán que ser acreditados a favor de los usuarios.
De acuerdo a ese esquema, no hay un porcentaje único de aumento, sino que éste depende de lo que resuelva cada una de las prestadoras, que hasta ahora aplicaron subas que varían entre el 5 y el 18 por ciento. “No será tan dramático: involucra a sólo 800 mil argentinos de altísimos ingresos”, minimizó ayer el ministro de Salud, Ginés González García, al recordar que el grueso de la población depende de las obras sociales. Aun así, el flamante acuerdo compromete a las empresas a crear un “plan de contención” que será más económico que el más barato de su cartilla, aunque con prestaciones más limitadas de las que ofrecen hoy. Pero mientras dan forma a esta propuesta, no aumentarán su plan más económico.
“Si alguna empresa se negara a suscribir este compromiso, analizaremos en detalle su contrato bajo el amparo de una medida cautelar y veremos si violaron la Ley de Defensa del Consumidor”, advertía anoche Vaca Narvaja. Sin embargo, lo más logrado de este primer embate oficial contra empresas de precios no regulados ha sido, precisamente, la voluntad de crear un marco regulatorio específico. En seis meses, representantes de Defensa del Consumidor, Salud y de las propias cámaras del sector deben consensuar esas reglas, que habilitarían al Gobierno a intervenir en la fijación de los precios, del mismo modo que hoy lo hace en varios servicios públicos.
Según el plan oficial, en un futuro las tarifas de las prepagas subirán sólo en la medida en que lo hagan los costos de las prestaciones, que cada empresa deberá justificar. También habrá un registro de prestadoras al que sólo podrán sumarse las que cumplan con ciertos requisitos y, básicamente, facilidades para moverse de una prestadora a otra: las empresas dieron un guiño para admitir la antigüedad de un cliente que se pasa de una firma a la otra (sin privar de servicio a los nuevos) o para buscar el modo de absorber a los usuarios de prepagas que quiebran. Algo que antes de fin de año debería plasmarse por escrito.