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Una ley que parecía contar con el consenso suficiente para tener un fácil y rápido tratamiento estuvo a punto de naufragar a último momento por las diferencias internas dentro del PJ. Algunos legisladores del oficialismo cuestionaron que la derogación de la reforma laboral enviada por el Ejecutivo les limaba a las provincias la capacidad de ejercer el poder de policía laboral y también mostraron su desacuerdo sobre la reducción de aportes patronales y otros temas menores. Luego de algunas horas el bloque oficialista llegó a un consenso y fue el tucumano Julio Miranda el encargado de informar la propuesta de su bancada. Finalmente, el dictamen de mayoría será acompañado por la totalidad de los bloques, aunque radicales, socialistas y el propio Ricardo Bussi dejaron asentado que lo harán con disidencias parciales.
“En verdad las diferencias estaban en un excesivo celo federalista y, por qué no reconocerlo, también por un afán de protagonismo”, señaló ante este diario un destacado senador del oficialismo al repasar las diferencias que agitaron la reunión de la bancada de gobierno. “Por cierto hemos concedido, en parte, ante ese protagonismo”, concluyó el legislador para explicar en qué punto se encontraron las coincidencias.
En la comisión presidida por el radical santacruceño Carlos Prades, la totalidad de sus integrantes puso de manifiesto que la norma no venía a solucionar los principales problemas del trabajo. Por distintos motivos y con distintas ópticas, también coincidieron con que “se trataba de derogar una ley repudiada por la sociedad”.
Así fue que luego de que casi todos plantearan que acompañarían la iniciativa pero con disidencias parciales, Prades reconoció que “es necesario que a la brevedad nos pongamos a discutir sobre una futura ley laboral”.
En el informe presentado por Miranda, se deslizó una mención a la fiscalización del trabajo infantil. Aquí fue cuando el socialista santafesino, Rubén Giustiniani le recordó a sus pares que “fiscalizar el trabajo infantil es fiscalizar algo que no está previsto en la Constitución”. La oportuna advertencia le evitó al resto dejar pasar un brulote en el proyecto que viene a derogar la ley de la Alianza. Ley que en el 2000 fue conocida como la ley Banelco, por la frase que hizo famosa el sindicalista Hugo Moyano, cuando dijo que el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique le habría sostenido que “para los senadores tengo la Banelco”. La existencia de sobornos para obtener la sanción de la norma flexibilizadora es hoy por hoy el principal punto que unifica la voluntad de los senadores.
“Vamos a derogar con disidencia parcial porque esta ley es repudiada por la forma en que se sancionó”, dijo Bussi. Claro que a la hora de marcar sus diferencias reivindicó los contenidos de la ley que Fernando de la Rúa envió al Congreso. “La ley que se va a derogar era mucho más moderna que ésta”, dijo y quedó todo claro. Por lo pronto, para mañana se espera la derogación de ley de los sobornos. Eso no quiere decir que no va a haber debate, chicanas y también posiciones encontradas.