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Hoy empezará a definirse un nuevo round entre la administración Kirchner y el Fondo Monetario. El directorio del organismo se reunirá, a título informal, para analizar la segunda revisión del acuerdo vigente con Argentina, el que sería tratado formalmente la semana próxima. Cumplidas las metas fiscales, un grupo de países dentro del FMI –entre los que sobresalen Italia, Japón e Inglaterra– presiona para que se mejore la oferta de pago a los acreedores privados. Pero el Gobierno insiste con que no se moverá de la propuesta original. Roberto Lavagna sostuvo ayer que “los países del G-7 (los siete países más desarrollados), en particular los europeos, tienen que aceptar que no hay plata pública para salvar a los bonistas privados” como en la década del ‘90. En tanto que el canciller Rafael Bielsa defendió la idea de negociar ante el Fondo juntamente con Brasil, algo que inquieta a Washington, y aseguró que “el modelo de relación de nuestros países con los organismos multilaterales de crédito está agotado” (ver aparte).
En la reunión de hoy el subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental, John Dodsworth, y el jefe del caso argentino, John Thornton, presentarán un informe técnico al board de directores del organismo sobre la segunda revisión del acuerdo firmado en septiembre.
Como es sabido, el Gobierno cumplió holgadamente las metas fiscales y monetarias pautadas para el período. De hecho, en el primer bimestre del año la recaudación impositiva superó en unos 2000 millones de pesos los números previstos en el acuerdo. Además, algunas de las llamadas “metas cualitativas” también fueron cumplidas, como la convocatoria a una licitación internacional para designar a una consultora privada que deberá realizar una auditoría integral de los bancos Provincia y Nación o la designación de un consorcio de bancos extranjeros que asesorará en el proceso de renegociación de la deuda.
Sin embargo, en las últimas semanas, de manera cada vez más pública, distintos funcionarios del Fondo trasmitieron el mensaje de que el Gobierno no había avanzado lo suficiente en la renegociación de la deuda y que si pretendía el visto bueno del directorio debía mejorar la oferta a los acreedores privados. En realidad, algunos países pertenecientes al G-7 –entre los que se destacan Italia, Japón e Inglaterra– son los que más presionan para trabar el acuerdo con Argentina, si el Gobierno no revé su propuesta de pago de la deuda con una quita del 75 por ciento.
Esta situación volvió a tensar las relaciones con el organismo, al punto tal que Néstor Kirchner aprovechó su discurso ante la Asamblea Legislativa del lunes pasado para advertir al Fondo Monetario que debía “negociar de buena fe” y respetar los acuerdos firmados.
Originalmente, el directorio del FMI tenía previsto tratar formalmente la segunda revisión del acuerdo el 8 de este mes, un día antes del vencimiento de 3100 millones de dólares con el organismo. Si el directorio aprobara las metas, entonces ese vencimiento sería refinanciado, aunque no totalmente (el Gobierno pagará algo en términos netos con las reservas, lo que sería reembolsado sobre el final del stand-by de tres años) de acuerdo con un cronograma previsto en la carta de intención. En cambio, si el directorio no concediera el “okay”, Argentina podría caer en “default” con el Fondo, porque Kirchner ya anticipó que no pagaría nada de ese vencimiento con reservas.
Pero como por ahora la cuerda se estira de ambos lados lo más posible, pero no se rompe, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se encuentra en Alemania, participando de una reunión de viceministros de Finanzas del G-20 (los 7 más 13 subdesarrollados), con la intención de convencer a los “poderosos” de la importancia de aprobar la revisión.
En Gobierno, en tanto, aseguran que los técnicos del FMI ya aprobaron la revisión y que no debería haber mayores inconvenientes para que el directorio haga lo propio hoy, o a más tardar la semana próxima. En Economía, a su vez, confían en que la administración Bush interceda una vez más para conseguir ese objetivo.
En este contexto, Lavagna volvió a dejar en claro que no habrá mayores fondos (sean reservas o préstamos internacionales) para pagar a los acreedores privados. “Aquí hay una costumbre, que era la de la década de los ‘90, donde el Fondo, el Banco Mundial y a veces los propios gobiernos del G-7 o de los países desarrollados ponían plata pública para el salvataje de los bonistas privados”, señaló el ministro. Pero, continuó explicando, “lo que ahora ha cambiado, a partir del cambio en la administración norteamericana, es que esta política no se sigue más”. Y sentenció: “Esta es la realidad que los países del G-7, y muy particularmente los europeos, tienen que aceptar”.