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Las empresas españolas parecen dispuestas no sólo a sostener sus actuales inversiones en la Argentina sino a realizar otras nuevas y hasta promoverlas entre sus colegas. Como añadido, y según les reclama el gobierno argentino, muchas de ellas intentarán incorporar a firmas locales como proveedores “globales”, es decir, tanto de sus filiales radicadas acá como las que tienen en el resto del mundo. La atractiva promesa surge de un acuerdo de cooperación firmado en Madrid el 29 de enero pasado entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio de Planificación, con el apoyo de la UIA y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que ayer avaló el resto de entidades empresarias argentinas. Pero lejos de olvidar los pleitos pendientes entre el Estado y las inversoras hispanas (que reclaman indemnizaciones multimillonarias como compensación por el congelamiento de las tarifas de servicios públicos privatizados), ese pacto las habilita expresamente a participar en la redacción final del marco regulatorio para las privatizadas, instrumento legal clave para definir su futuro.
“Esto funda las bases de una nueva relación y lleva tranquilidad a los usuarios (de servicios públicos) argentinos y empresas españolas que operan acá”, destacó ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, principal interlocutor oficial en este acuerdo que Néstor Kirchner firmó en la capital española hace poco más de un mes.
Según el compromiso asumido por la CEOE –entidad de cuarto grado que aglutina a todos los sectores productivos de España–, potenciales inversores de esa nación europea buscarán participar en el desarrollo de proyectos de infraestructura y ferrocarriles, empresa clave para la gestión del Ministerio de Planificación. En particular, si se atiende a que trabaja con la idea de resucitar los servicios de pasajeros de larga distancia y que el Estado asumió la obligación de mejorar y extender los miles de kilómetros de red vial, entre otros emprendimientos públicos.
En abril, pocas semanas después de que los tenedores de bonos en default hayan visitado Buenos Aires para chequear in situ las penurias que sufre el país, aquella Confederación ibérica promete traer una delegación empresarial con el opuesto propósito de descubrir oportunidades de negocios. “El momento económico que hoy vive la Argentina permite pasar un mensaje distinto a los empresarios españoles”, justificaba ayer el director de relaciones institucionales de la CEOE, José María Lacasa, en alusión al crecimiento del PBI y las nuevas perspectivas que esto podría plantear a los inversores.
Esa misma acción propagandística sobre las bondades de invertir en estas tierras continuará luego con la organización de un seminario en Bruselas, para amplificar el mensaje a toda Europa. Mientras se concrete esta tarea de seducción, el gobierno tomará otras decisiones más sensibles para los intereses de las firmas españolas ya radicadas, como Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona u otras accionistas de privatizadas.
Según el artículo 4 del convenio de cooperación, las firmas que participan en proyectos “sujetos a regulación pública” podrán hacer su aporte técnico al texto del proyecto de “ley de marcos regulatorios que está diseñando el Gobierno”. Algo ratificado ayer por el ministro De Vido, aunque con la salvedad de que el texto bajo análisis es el que ya está en Presidencia y que “sólo se trata de escuchar las inquietudes” de los empresarios.
La norma fijará nuevas pautas para los contratos a renegociar, entre ellas, la obligación de estipular “tarifas lo más bajas posibles”, fijando la jurisdicción nacional para resolver cualquier pleito, “previendo ajustes sólo cuando haya un apartamiento significativo” de los costos reales, e inhibiendo las prórrogas automáticas de las concesiones. “Tenemos un diálogo abierto con el Gobierno por los marcos regulatorios yla seguridad jurídica: los países también competimos por la calidad de estas reglas”, precisó ayer Lacasa.
Las declaraciones fueron formuladas ayer en la sede de la UIA, anfitriona del acto donde las entidades del agro, bancos hispanos y nacionales, de la construcción y exportadores adhirieron expresamente al convenio de cooperación. El objetivo político común es congraciarse con el gobierno respaldando a una iniciativa que éste fomenta. Algunas industrias, además, pueden alentar la esperanza de encontrar una oportunidad de negocios: en virtud de él, las firmas locales podrían integrar una red de proveedores de las españolas, aún para las actividades desarrolladas en otro lugar del mundo.