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El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobará hoy la segunda revisión de las metas del acuerdo sujeto a condiciones alcanzado en septiembre de 2003. Ello habilitará los créditos que repondrán los pagos de capital por 3100 millones de dólares recientemente efectuados. La aprobación, con más votos a favor que en la demorada primera revisión, entre ellos los de Italia y Suecia, llega luego de que se reavivaran fuertes presiones del G-7, el grupo de los países más desarrollados del planeta que controla el organismo multilateral, para que la Argentina mejore su oferta a los acreedores privados. El desvío del eje del núcleo del acuerdo original preanuncia que las presiones continuarán en el mismo sentido. La atención se trasladará ahora no sólo en la tercera revisión de junio próximo, sino especialmente, a la de septiembre, cuando deberá definirse el nivel de superávit para los años 2004 y 2005.
Aunque la aprobación de hoy se descuenta, incluso con menos abstenciones de los representantes del G-7, ello no significará mayor alivio para la Argentina. Un acuerdo a tres años, pero con revisiones trimestrales aseguró al FMI la posibilidad de una auditoría constante sobre la política económica local. Esta situación no difiere en esencia de acuerdos pasados. La verdadera diferencia reside en que actualmente el cumplimiento de las metas no termina en los pedidos de dispensas (waivers) sino en sobrecumplimientos. Contra lo que podría esperarse, el buen desempeño no aplaca el ánimo de los acreedores. Antes bien, parece sobreexcitarlo. Normalmente, los incumplimientos redundaban en condiciones de ajuste más duras. Paradójicamente, los cumplimientos también parecen llevar al mismo destino. Así lo confirmó pocos días atrás la directora interina del organismo, Anne Krueger, quien aseveró que el significativo superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 3 por ciento, era apenas un piso para comenzar a discutir el de los años venideros. Sin el menor atisbo de autocrítica, la dama de hierro del Fondo reivindicó también las políticas de los ‘90, las mismas que triplicaron el volumen de la deuda pública. En cualquier caso, Krueger no hizo más que reafirmar que el FMI siempre va por más y que, en última instancia, su objetivo es la maximización del excedente económico transferido al exterior.
Tras asegurarse para sí –y para los restantes organismos multilaterales– el cobro de las acreencias al 100 por cien y de haber recibido pagos ‘netos’ que ya superan los 10.000 millones de dólares (si se computan los 3.100 millones que todavía no fueron devueltos), transferencias de recursos que, vale recordar, se realizaron en uno de los peores momentos de la historia económica del país, el FMI decidió poner toda su capacidad de presión en que la Argentina se aparte de la propuesta de renegociación de deuda presentada en Dubai. Esto es, de la quita del 75 por ciento sobre el valor nominal en los papeles en poder de los acreedores privados. A este giro contribuyeron los representantes de los gobiernos del G-7, presionados en sus propios países por las protestas de connacionales poco dispuestos a asumir pérdidas originadas en inversiones de alto riesgo. También jugó a favor de las mayores demandas un dato que sorprendió a los apocalípticos analistas del exterior, los inesperados datos del crecimiento económico argentino.
Así, luego de la ambigua discusión acerca de la necesidad de que el país negocie “de buena fe” iniciada durante la primera revisión, para la segunda ronda el Fondo intentó que se reconociera al Comite Global de Tenedores de Bonos Argentinos (GCAB, por sus siglas en inglés), que lidera el italiano Nicola Stock, como único interlocutor privilegiado de los acreedores; una imposición que el gobierno argentino logró rechazar.
El GCAB se arroga la representación de titulares de bonos en default por 34.000 millones de dólares; representación de dudosa legitimidad evidenciada en el rechazo a inscribirse en el registro de deudores abierto por el Ministerio de Economía. Stock es además un ex directivo del Bancode Roma que fue reciclado por la Asociación Bancaria Italiana para evitar que la furia de los bonistas se dirija contra sus propios bancos, los que fueron capaces de vender papeles argentinos incluso hasta poco antes del default, cuando ya los principales analistas internacionales descontaban la cesación de pagos. Y no sólo eso, también les vendieron deuda de Enron y Parmalat.
Pero el rechazo de la demanda de otorgar al GCAB la representación del universo de acreedores no menoscaba que el eje de discusión continuará siendo la reestructuración de la deuda. El ministro Roberto Lavagna confirmó el fin de semana que en los últimos días se cursaron invitaciones para discutir la propuesta de pago argentina a 21 organizaciones de bonistas, de las cuales 12 ya aceptaron sentarse a negociar, entre ellas la liderada por Stock. Las reuniones comenzarán a partir del próximo miércoles 24 de marzo y se extenderán hasta el 16 de abril. Las primeras citas serán con los tenedores locales, quienes están agrupados en tres entidades: la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default, la Asociación de Ahorristas de la República Argentina y La Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. En abril será el turno de organizaciones del exterior.
El ministro dijo también que esta semana los bonistas escucharán “novedades”, aunque evitó precisarlas. Sin embargo se ocupó de desestimar algunas de las versiones que hasta la semana pasada se escuchaban en el Palacio de Hacienda. Entre ellas, que el crecimiento de 2003 y lo que va de 2004 hasta que se concrete la renegociación podría incorporarse a la oferta a los bonistas. Algunos analistas habían inferido que esto hubiese implicado una significativa disminución de la quita, pues el crecimiento del mencionado período estaría cerca del 15 por ciento del PIB. En cambio, el ministro aclaró que para quienes opten por los bonos atados al crecimiento, se tomará la suba del Producto que se produzca a partir del momento del canje, “aunque lo lógico sería considerar el crecimiento a partir de 2005”, precisó. Esta afirmación, acorde al concepto de “no devengar para atrás”, fue considerada en algunos sectores como un “endurecimiento” de la oferta argentina.