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El seguro de desempleo busca recuperar protagonismo en la política de seguridad social del Gobierno. Una comisión técnica en el ámbito de la cartera laboral ya tiene casi finalizado un estudio que impulsa flexibilizar las condiciones de acceso al mismo y aumentar su retribución, hoy con un tope máximo de 300 pesos. Como instrumento de auxilio al desempleo, ha quedado prácticamente marginado al no alcanzar a más de 200 mil beneficiarios entre dos millones de desocupados. Como herramienta social, empalidece frente a la presencia de los planes Jefas y Jefes. “Lo razonable sería que fuera un seguro de desempleo y no un plan social el que atendiera la emergencia de quien es un trabajador pero no logra un empleo”, reflexionó una fuente del ministerio. La reestructuración del seguro aumentará su retribución en un 20 por ciento y reducirá a cinco meses de aporte en los últimos tres años el requisito mínimo para poder acceder al beneficio tras un despido sin causa.
A contramano de la extendida precariedad e informalidad del mercado laboral, el Ministerio de Trabajo busca revitalizar instituciones de la política laboral como el salario mínimo vital móvil, las convenciones colectivas y, ahora, el seguro de desempleo. “Son elementos que hoy pueden alcanzar a una minoría, pero son parte de una política de combate al empleo en negro y los bajos ingresos”, sostuvo el ocupante de uno de los cargos políticos en torno del ministro Carlos Tomada.
El seguro de desempleo tiene una muy pobre performance en más de 12 años de vigencia. En los primeros ocho años, apenas alcanzó una media de 110 mil beneficiarios. Desde el año 2000 tuvo un repunte, pero no le alcanzó para superar los 200 mil beneficiarios promedio. Una cifra muy escasa respecto del universo de desempleados. La comisión técnica de la cartera laboral diagnosticó que, en buena medida, esta falta de presencia como instrumento de política se debe a que el umbral de ingreso (requisitos para el acceso) son demasiado elevados con respecto a las condiciones del mercado. Por ejemplo, son una extrema minoría los expulsados de su trabajo con telegrama de despido sin causa y que, además, puedan acreditar 12 meses de aportes de cargas sociales dentro de los 36 meses anteriores.
La propuesta de la cartera laboral será aumentar el piso y el techo del beneficio en un 20 por ciento, que pasarán a ser de 180 y 360 pesos, respectivamente. Reducirá a cinco meses el requisito de aportes realizados en los 36 meses previos al despido. Y analiza otras cláusulas que amplíen el espectro de beneficiarios facilitando el ingreso. “Los recursos para hacer más amplio el beneficio están”, aseguró una fuente. “Hay que convertir el seguro de desempleo en un instrumento más funcional –agregó–, adaptado a la economía a la que vamos, en la que recupere un lugar que hoy quedó ocupado por los planes sociales.”